Laboral Nacionales

Contra la ley de empleo público: ¡Ninguna confianza en la Sala Constitucional!

El sábado 31 de julio la Sala Constitucional emitió su voto para resolver las consultas legislativas de constitucionalidad sobre el Proyecto de Ley de Empleo Público, en dicha resolución señaló  la existencia de 35 inconstitucionalidades en el proyecto de ley. Dicha consulta es un proceso al cual acuden los diputados durante la tramitación de un proyecto de ley previo a que se vote en segundo debate.

Hasta la fecha lo que conoce es el “Por tanto”, en el cual se indica  por una votación de 5 a 2 los magistrados declaran las inconstitucionalidades en el proyecto principalmente por cuanto afecta la independencia de los poderes del Estado. De momento no se conoce aún el voto completo que contiene toda la argumentación y los razonamientos de fondo, por lo tanto el proyecto está momentáneamente congelado en la Asamblea.

La decisión de la Sala Constitucional ha generado diversas reacciones, tanto en la filas del gobierno como en la de representantes sindicales.

El gobierno manifestó que el voto no afectaba de forma sustancial la ley, ya que esta podría enmendarse en la Asamblea y ponerse de nuevo en votación para cumplir con los compromisos que mantienen con el Fondo Monetario.

Por su parte sectores de la dirigencia sindical se apresuraron en declarar que el proyecto como tal estaba “muerto”. Lanzaron campanas al aire y de forma peligrosa nuevamente alentaron confianzas en el Poder Judicial, no olvidemos que esas mismas dirigencias apostaron porque la Sala Constitucional declarara inconstitucional la reforma fiscal aprobada en 2018, lo cual finalmente no ocurrió y se impuso una gran derrota para los trabajadores estatales que estuvieron en huelga por más de tres meses.

Somos de la opinión que tanto las afirmaciones del gobierno como las celebraciones adelantadas de los dirigentes sindicales no son precisas.

El voto de la sala significó una derrota coyuntural del gobierno, específicamente en la política de colocar al Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) como la entidad que controlaría todos los aspectos del salario de los empleados estatales, centralizando de forma autoritaria la materia salarial en una especie de súper ministerio que estaría por encima de otras instancias del Estado que hoy gozan de autonomía (CCSS, Poder Judicial, Universidades Públicas. Sobre este particular la Sala señaló que “no se puede meter a todos en el mismo saco”

El gran salto que daba este proyecto en relación a los anteriores presentados por otros gobiernos o fracciones legislativas era ampliar la propuesta de empleo público a todo el Estado sin excepciones. Esa era su gran ambición, lo cual fue señalado Ese punto fue el que  salió más cuestionado de la sala al señalar tal disposición como una afectación en la división de poderes y a   las autonomías reconocidas en la Constitución Política.

Pero más allá de eso el proyecto no está muerto y hay una presión muy grande porque se apruebe como parte de los compromisos con el FMI, en ese sentido  coinciden la mayoría de fracciones legislativas.

A pesar de voto de la Sala las propuestas principales en materia laboral respecto a los salarios, negociación colectiva,  evaluación por desempeño, se mantiene para todas las instituciones del gobierno central, todas ellas significan un duro ataque al salario que refuerza las medidas de la reforma fiscal aprobada en 2018.

En otros temas como las negociaciones colectivas, la Sala Constitucional no hizo más que confirmar el carácter antisindical que viene demostrando en los fallos sobre el tema desde hace ya varios años y que han ido cercenando la posibilidad de suscribir convenciones que mejoren sustancialmente las condiciones de trabajo en el sector estatal.

Si bien la Sala encontró graves problemas democráticos e intromisiones en la división de poderes, no fue así en materia de derechos laborales donde una vez más abre la puerta de par en par para mayores retrocesos y ataques aún más fuertes que los ya contenidos en la reforma fiscal del 2018.

Es decir, aunque hay una pequeña victoria contra algunos  atropellos antidemocráticos que pretendía el Poder Ejecutivo, esto no basta ni asegura que se frene el proyecto.

En nuestro criterio la ley de empleo público no está muerta ni enterrada.  Sólo una gran movilización popular podría enterrarla  y en medio de las derrotas recientes –huelga de 2018, ley anti huelgas- y la actitud desmovilizadora de la gran mayoría de dirigentes sindicales parece poco probable ese escenario.

A ello habría que sumar la campaña ideológica de los grandes medios que han presentado a los empleados estatales como responsables de la crisis fiscal. Esa campaña ha logrado dividir a la clase trabajadora del sector público y privado, haciendo más complicada aún la defensa de los salarios públicos.

Existe también otra gran debilidad, la cual  tiene que ver con la gran confianza que existe por parte de las dirigencias sindicales sobre la institucionalidad, depositan grandes aspiraciones en el Poder Judicial o en algunas fracciones legislativas cuando esas instancias ya han demostrado su verdadero carácter anti laboral.

Desde el Partido de los Trabajadores hemos señalado insistentemente que  no debemos confiar ni por un segundo en instituciones del Estado como a Sala Constitucional o el Poder Judicial en general. También nuestra posición es clara en rechazar la ley de empleo público y las imposiciones que en general se quieren imponer como parte de los acuerdos con el FMI.

Solo con la unidad de toda la clase trabajador y con la movilización popular podría revertirse y enterrarse verdaderamente la ley. Si no se logra enfrentar la campaña de división en las filas de la clase trabajadora y si no se responde con acciones concretas será muy difícil revertir la situación y estaríamos sumando una nueva derrota histórica para los empleados estatales.