LGBTI

Derechos de las mujeres trans y el vergonzoso voto de Elizabeth Odio

Vicky Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista del “Colectivo Unidad Color Rosa” en Honduras. La noche del 28 de junio de 2009, ella se encontraba con dos compañeras en San Pedro Sula, durante el toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de Estado. Una patrulla policial intentó arrestarlas por lo que se dieron a la fuga y se perdieron de vista. Al día siguiente Vicky Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. Su muerte todavía permanece impune.

El caso de Vicky llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se constató que existían indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales.

Sin embargo, hubo dos votos disidentes a lo definido por ese organismo, entre los cuales se encuentra el de Elizabeth Odio, Presidenta de la Corte. En declaraciones dadas al Semanario Universidad, Odio señaló las razones de su postura: “Mi disenso se centra en la conclusión adoptada por mayoría por mis compañeros jueces sobre la existencia de ciertas violaciones a la Convención de Belém do Pará”, refiriéndose a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Para Odio, las mujeres trans quedarían excluidas de ser amparadas por la legislación que aborda la violencia contra las mujeres, pues para ella, no deberían estar incorporadas por su condición de sexo, ya que, en su opinión, es “necesaria distinción entre sexo (biológico), y género (construcción social jerárquica); y la grave confusión que ha introducido en la discusión académica y política la errónea equiparación de ‘identidad de género’ con sexo”. (…) “El tratamiento individualizado y diferenciado de la violencia que sufren grupos específicos por su autodeterminada ‘identidad de género’, torna imperativo el tratamiento diferenciado de la violencia que sufre la mujer por ser mujer, lo cual no ocurre en la sentencia que aquí nos ocupa”.

Pero además Odio discrepó con lo determinado por la CIDH de obligar al Estado hondureño a promulgar una ley de identidad de género y llevar estadísticas sobre la violencia ejercida contra personas trans, ante lo cual afirmó que: “Sería imposible para el Estado cumplir con ambas obligaciones simultáneamente”.

Estas posiciones no pueden dejar de ser denunciadas, especialmente porque Elizabeth Odio preside la CIDH y su elección generó una gran ilusión de un sector de activistas. Con su posición, que se disfraza de ser inclusiva de los derechos de las mujeres, no reconoce el derecho a la autodeterminación de género, en pos de una conservación de la categoría jurídica de mujer a partir de un criterio biologicista y por eso sostiene que “la llamada “identidad de género” es una expresión difusa que hoy busca erróneamente sustituir ‘sexo’ por esa ‘identidad’. Y a partir de esa sustitución, borrar al sexo femenino con todas sus propiedades biológicas”. Esta postura transfóbica, lamentablemente es también levantada por sectores de activistas que en sus luchas excluyen a las personas trans, como ocurre con el feminismo radical.

Las mujeres trans en la lucha de todas

Frente a posiciones transfóbicas como la demostrada por la presidenta de la CIDH, debemos redoblar la lucha, para que el movimiento de mujeres incorpore dentro de su agenda las demandas de las mujeres trans. Esto pasa en primer lugar por la demanda básica del reconocimiento del sexo de las personas trans, que en países como el nuestro sigue sin ser reconocido por el Estado.

A partir de esto, es fundamental el acceso a todos los derechos que se derivan del reconocimiento de las mujeres trans como mujeres. De manera que los mecanismos de protección que se derivan de ello, como la Convención de Belém do Pará o las leyes que tratan de cerrar la brecha entre hombres y mujeres, puedan ser utilizadas también por las mujeres trans, quienes hasta el momento han sido excluidas, al no ser reconocidas como mujeres.

Y además es fundamental con políticas específicas y estadísticas que permitan visibilizar la violencia ejercida contra las personas trans. No es de recibido lo argumentado por Elizabeth Odio de que los Estados no tienen capacidad de atender estas demandas, mientras son muchas las que sufren por la discriminación y los crímenes de odio.

Para fortalecer la creciente lucha, no podemos reproducir el juego de los sectores dominantes que intentan dividirnos. Lo que nos divide es la clase social a la que pertenecemos, no si somos mujeres cis o trans. Por eso las luchas de las mujeres contra la violencia de género, la desigualdad salarial, los derechos sexuales y reproductivos, deben fortalecerse con la presencia y las reivindicaciones concretas de las mujeres trans, haciéndolo parte de una misma agenda.