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El precio de la gasolina, el impuesto único al combustible y el oligopolio MECO-H.SOLÍS

Ante el reciente aumento de los precios del combustible a nivel internacional, los precios internos del combustible también han aumentado significativamente, lo que se refleja en un duro golpe a los bolsillos de los consumidores/as.

El precio del combustible en Costa Rica sin impuestos es el más bajo en toda Centroamérica. Pero, por la aplicación del Impuesto único de combustibles, se eleva hasta el doble respecto del precio real

Este impuesto es establecido en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias del año 2001. Según la ley, de la recaudación anual por dicho impuesto, el 21,75% va hacia CONAVI y el 22,25% hacia las municipalidades para la red vial cantonal.

Bien es sabido que el presupuesto de esos órganos ha sido usado para el pago de contratos corruptos con empresas constructoras (como MECO y H. SOLÍS); basta recordar los casos Cochinilla y Diamante.

Lo anterior significa que, en las últimas dos décadas, este impuesto ha funcionado para enriquecer los bolsillos de empresarios que controlan casi oligopólicamente las licitaciones públicas para infraestructura vial, que cobran al Estado precios inflados sin ningún fundamento técnico y que dejan productos finalizados con importantes fallos estructurales como los señalados frecuentemente por el Lanamme. Todo esto mientras se golpea los bolsillos de la clase trabajadora mediante el aumento de precios de los buses y el gas.

Bajar el precio de la gasolina y mejorar nuestra red vial nacional solo es posible si se enfrentan los intereses de las grandes empresas de construcción que dominan en el país. Esas empresas no están interesadas en lo más mínimo en que se quite el susodicho impuesto, dado que de ahí le roban al pueblo costarricense; ni tampoco están interesadas en mejorar la red vial del país, siempre que eso reduzca sus márgenes de ganancia.

Por eso, la única alternativa para lograr ambos cambios es la nacionalización de la construcción de obra pública vial nacional y municipal por el MOPT (con control democrático por parte de sus trabajadores/as) y la eliminación del modelo de concesión de obras públicas. Así, nos ahorraríamos todo lo que se está perdiendo en corrupción y reduciríamos el precio de los combustibles, que ya no estarían en servicio de enriquecer grandes empresarios, sino de mejorar realmente la red vial del país y el transporte público.