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La salida de Emilia Navas y los cuestionamientos al sistema judicial

Emilia Navas se acogió a su pensión en medio del escándalo de corrupción del caso Cochinilla.  Su figura causaba cierta simpatía en la población por su papel de destapar diferentes anomalías y por proyectarse como una cara renovadora dentro del Poder Judicial.

El verdadero rol de Emilia Navas al frente de la Fiscalía

En 2017 asumió como Fiscala General tras la salida de Jorge Chavarría, también involucrado en delitos de cuello blanco. Generó apoyo en la población por ordenar las investigaciones del cementazo durante el gobierno de Luis Guillermo Solís. Como ya sabemos, fuera de algunas detenciones, no se ha castigado a los responsables por estos actos que involucraron a una serie de políticos y grandes empresarios.

Bajo su gestión también se destapó el caso de la UPAD, que puso en evidencia al segundo gobierno del PAC; también se le recuerda por los señalamientos al Poder Judicial y la necesidad de limpiar este poder de la injerencia del crimen organizado y la corrupción.

Justamente a raíz de estos y otras coyunturas, los medios de comunicación proyectaron a Emilia Navas como la “mano dura” de la justicia y la funcionaria honesta a la cabeza de un cuestionado Ministerio Público.

Pero más allá de esta imagen construida a su alrededor, por más que se le haya proyectado como una cara nueva en la desgastada institucionalidad burguesa, no creemos que su desempeño haya representado un cambio en el modo de operar de la justicia y las leyes en el país.

En primer lugar, porque esos casos sonados no llevaron a la cárcel ni expropiaron los bienes a figurones del cemento chino, como Celso Gamboa o Juan Carlos Bolaños, entre otros. Incluso con las denuncias de abuso sexual contra el expresidente Oscar Arias este nunca pisó una cárcel, antes bien, las acusadoras retiraron los cargos ante evidentes presiones por parte del exmandatario.

Sobre este último punto también afirmamos que Navas nunca tuvo esa mano dura en los casos de femicidios y violencia contra la mujer, ella ignoró deliberadamente las exigencias de dotar de más recursos para mayor protección y un combate a fondo a la violencia machista.

Ligado a esto, la poca voluntad política en torno a este tema se ve también en las investigaciones ligadas con el movimiento social, como en el caso de Jerry Rivera y Sergio Rojas, dirigentes indígenas asesinados por luchar por la recuperación de los territorios a manos de grandes terratenientes.

El balance de Navas al frente de la fiscalía no es nada positivo, no solo por los motivos que dijimos, sino porque ella misma se va de la institución salpicada de la corrupción por el caso Cochinilla, debido a que su esposo es parte de la defensa de los acusados.

La institucionalidad judicial, ante el desgaste de la fiscala, opta por la misma receta que la llevó a ella a liderar el Ministerio Público: facilitar su salida buscar una nueva figura haga recobrar la confianza en este poder de la República.

Rechazamos las declaraciones de la dirigente del Frente Amplio Patricia Mora, para quien la jubilación de Navas responde a una represalia por ser mujer. Mora, en su comunicado, les hace coro a los grandes medios burgueses al embellecer a Navas como una figura enfrentada al poder.

Para nosotros, la exfiscala en todo momento se mostró complaciente con los intereses de los grandes empresarios, y la impunidad de los políticos burgueses en los casos de corrupción, de los cuales ella misma es parte, como lo demostró el caso cochinilla y el mismo de la UPAD. Emilia Navas tampoco representa los intereses de las mujeres víctima de violencia machista porque nunca impulsó un cambio dentro del Poder Judicial para dotar de más recursos al combate al machismo y la violencia contra la mujer.

Poder Judicial: las leyes a favor de los grandes empresarios

Finalmente, tampoco compartimos el criterio de que “ella, por más que quisiera, no podía cambiar las cosas”. Esa no es la discusión central. Lo fundamental es entender el carácter de clase de las instituciones de justicia del Estado costarricense que hoy, en el marco de los casos de corrupción, se encuentran en una crisis.

Estas no buscan hacer justicia para todos y todas; la fiscalía, los tribunales y todo el Poder Judicial tienen un carácter de clase al servicio de los intereses capitalistas. Una justicia burguesa totalmente blanda con los políticos y empresarios corruptos, pero especialmente severa con los pobres y luchadores sociales. Emilia Navas fue en todo momento defensora de este sistema judicial diseñado para favorecer los intereses capitalistas, y así lo demostró desde el primer minuto frente a la Fiscalía y en toda su trayectoria dentro del Poder Judicial.