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MECO y H.SOLIS: la justicia burguesa los trata con guantes de seda

El pasado 14 de junio el país amaneció con un gran operativo policial  dirigido contra grandes empresas constructoras y funcionarios de dependencias como el CONAVI como parte del llamado caso “Cochinilla.  Durante varios días grandes  empresarios como Carlos Cerdas –MECO- y Mélida Solís –H Solís- permanecieron en celdas judiciales a la espera de la fijación de medidas cautelares, así como otra veintena de personas vinculadas al caso.

Como ya es de sobra  conocido el pasado sábado 26 de junio la jueza Carolina Lizano determinó que no era necesaria la prisión preventiva por un año, tal y como lo solicitó la fiscalía, y dejó en  libertad a los sospechosos. Aceptó la garantía de propiedades millonarias y fijó medidas distintas a la prisión las cuales no garantizan que estos grandes empresarios no puedan incidir en la investigación o incluso puedan huir.

La noticia de su liberación no fue una sorpresa, los tribunales en este país tienen un carácter de clase y cuando se trata de grandes empresarios estos son tratados con guantes de seda. No ocurre lo mismo con los delitos que comenten los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, quienes en unos cuanto días son condenados de forma expedita por los Tribunales de Flagrancia y pasan a descontar largos años de prisión.

Lo que más indignación causo fue que una de las condiciones consideradas por la jueza para no imponer prisión preventiva fue la presentación de propiedades como fianza por parte de los grandes empresarios. Si se es rico, si se han acaudalado propiedades sobre la base de la explotación laboral o el robo a las finanzas públicas, la justicia burguesa permite que ese patrimonio “responda” para que los grandes empresarios no vayan a la cárcel. Los que no tienen nada, aquellos que roban por hambre, las víctimas de un sistema capitalista que genera desempleo y miseria, los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, no tienen que responda por ellos y la cárcel es su destino seguro.

Confiscación de bienes por delitos asociados a la corrupción

Frente a los delitos de corrupción  resulta ofensivo que se acepten en garantía propiedades adquiridas con los millones que han saqueado de las finanzas públicas.  Resulta indignante y fiel reflejo del carácter de clase de nuestras leyes que no se proceda más bien a  confiscar de inmediato  todos esos  bienes de lujo como casas, yates, aviones o grandes propiedades.

No se trata solo de que en casos de corrupción no se puedan ofrecer bienes como estos garantía para sustituir la prisión preventiva.  Se debe como mínimo proceder a a la confiscación inmediata y de oficio, anotando todos esos bienes a favor del Estado de forma similar a como se procede en casos de narcotráfico.

Ninguna confianza en los tribunales

Desde que estalló el escándalo señalamos que estos mismos tribunales han demostrado su total incapacidad de imponer cárcel a los grandes ricos, que por eso no confiamos en ellos y mucho menos en la fiscalía comandada entonces por Emilia Navas.  En menos de un mes los tribunales ya han dejado en libertad a los detenidos, se han denunciado defectos en la propia investigación relacionados con la firma de la solicitud de intervenciones telefónicas que podrían comprometer el caso y conocimos la veloz renuncia de  la Fiscal General Emilia Navas, quien tras cuestionamientos por su vínculo con uno de los principales abogados defensores termino acogiéndose a su pensión millonaria en tiempo record. Si como se dice por la víspera se saca el día, la cárcel para estos corruptos puede que solo sea una anécdota de unos cuantos días.

Sin presión popular no habrá juicio y castigo para los que nos han robado

En tiempos de crisis como los que atravesamos afloran a la superficie denuncias como estas, las cuales son producto de las propias disputas que hay entre distintos sectores de la burguesía; el Poder Judicial aprovecha también de cuando en cuando para intentar legitimar su imagen. Pero al final de la película la trama  concluye con total impunidad;  así ocurrió con la quiebra del Banco Anglo, los casos Caja Fischel e ICE-Alcatel, la Trocha o el Cementazo, por citar algunos ejemplos recientes.

La principal garantía de que se castigue a los responsables es que haya una gran movilización popular. Pero hoy las fichas más bien están puestas del lado de la desmovilización: los empleados públicos atados de pies y manos con ley antihuelgas que permite rebajar sus salarios de inmediato, muchos de los que salieron a bloquear en 2020 terminaron garroteados  por la policía o con procesos judiciales abiertos, las dirigencias sindicales completamente postradas y sin mayor capacidad arengar de vez en cuando una consigna en un comunicado, la clase obrera del sector privado presa del miedo por el desempleo y víctima de la  dictadura empresarial que no le permite organizar sindicatos.

Cuando los diputados corrieron a aprobar la ley antihuelgas sabían que se avecinaban nuevas crisis y que tenían que crear un dique para contener  la fuerza de los empleados estatales que había sido claves en las luchas de los últimos treinta años. Así allanaron el camino para más ataques y para contener el malestar que se viene acumulando frente al robo y el saqueo descarado.

Ahora necesitamos revertir esta coyuntura de desmovilización impuesta sobre la base de  leyes antidemocráticas como la ley antihuelgas y sobre una respuesta cada vez más represiva por parte del gobierno. Solo así podemos pensar que sea posible de verdad que se castigue a algunos de los que nos han robado por años.