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Retraso en obras de ruta 32 muestra fracaso de concesión de obra pública

El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) otorgó un plazo adicional de 421 días a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC por sus siglas en inglés) encargada de la ampliación de la ruta 32. Esta medida se toma luego de que las obras entre Río Frío y Limón muestran apenas un 37% de avance.

Se trata de la segunda ampliación del plazo otorgada a la cuestionada empresa asiática. Dicha transnacional ya había pedido una prórroga de 400 días ante la imposibilidad de cumplir con la promesa original de terminar los trabajos en octubre de 2020, aunque en esa oportunidad CONAVI solo le otorgó 174.

La compañía oriental descaradamente expresó en múltiples ocasiones que los atrasos se deben a las constantes lluvias en la región, la huelga de 2018 y ahora le agregan la excusa de la situación sanitaria provocada por la pandemia.

En un principio, este proyecto comenzó su etapa constructiva en noviembre de 2017 con un costo de 465 millones de dólares. Este incluye la ampliación de los 107 kilómetros de la vía a cuatro carriles, la construcción de 33 puentes nuevos y la rehabilitación de los existentes, así como 13 pasos a desnivel y cinco intercambios.

Las constantes prórrogas con las que se ha beneficiado CHEC obedecen al mecanismo de concesión de obra pública el cual, entre otros aspectos, impide establecer multas por atrasos. Esto demuestra el total sometimiento del país a una legislación hecha a imagen y semejanza de las grandes empresas constructoras.

La concesión: un mecanismo de corrupción y saqueo

Sirva ese caso de ejemplo para referirnos al mecanismo privilegiado de los gobiernos para la construcción de aeropuertos, puertos y carreteras: la concesión de obra pública. Esta consiste en una desinversión del Estado en tal rubro, la cual pasa a manos privadas.

El gobierno de Alvarado ha tomado como una de sus banderas la construcción de autopistas, como por ejemplo a circunvalación en Guadalupe y quiere dar la imagen de que este gobierno ha hecho logros importantes en esta materia. Pero lo que no dicen es que estas obras muestran serias deficiencias en su construcción debido a la poca o casi nula supervisión de parte del CONAVI.

Muestra de ello es que el Laboratorio de Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAME) de la Universidad de Costa Rica manifestó que buena parte de la infraestructura pública mostraba grietas importantes casi inmediatamente después de haber sido inauguradas.

Otro gran problema que muestran estas obras es que al final quienes las pagan son los trabajadores, por ello el gobierno anunció la creación de nuevos peajes en diferentes partes del país. Entonces, esas obras en apariencia monumentales, están hipotecando al país y llenando los bolsillos de las grandes constructoras.

¿A qué se debe esto? A que desde los años 80 este modelo de concesión ha sido impulsado por la burguesía de nuestro país como forma de financiar la obra pública. En todas las concesiones se pagan los servicios muy por encima de lo que realmente valen, generando enormes ganancias para las empresas a costillas del pueblo trabajador. La empresa de la ruta 27 recuperó más de la mitad de la inversión en solo 2 años y medio, teniendo 18$ millones en ganancias más de lo esperado.

La concesión de obra pública favorece la corrupción, permitiendo que se haga un negocio privado con la obra pública y los servicios. Se hacen carteles “a la medida” para favorecer a ciertas empresas, como el caso de CASISA, empresa administrada por la esposa del viceministro del MOPT. Además, favorece los sobornos, como en el caso de Miguel Ángel, Figueres y Calderón, adonde las empresas sobornaban para lograr la adjudicación de un multimillonario contrato.

Abajo el modelo de concesión de obra pública

La ampliación de la ruta 32 muestra una vez más el fracaso del modelo de concesión de obra pública. Este mecanismo hipoteca al país a cambio de trabajos inconclusos y mal hechos que termina pagando el pueblo trabajador.

Quienes se benefician son las grandes empresas como H Solís o en este caso CHEC. Las prórrogas a los contratos no implican ninguna sanción para las compañías, pero sí un mecanismo para obtener mayores ganancias.

Desde el Partido de los Trabajadores proponemos la anulación inmediata de la ampliación de la ruta 32 y de todas las concesiones de obra pública.  El estado, bajo control de los trabajadores, es el que debe encargarse un plan de obras para crear puestos de trabajo estables y con condiciones decentes.