El 1 de setiembre el Gobierno inició un “megaoperativo” que el Ministerio de Seguridad llamó “100 días por San Carlos” para dar una respuesta a varias manifestaciones comunales contra la inseguridad en lugares como Pital y Boca Arenal.
Según el gobierno, ese operativo, donde participarían todas las policías (OIJ, Tránsito, Fuerza Pública), busca disminuir la violencia en la comunidad, la cual aumentó en los últimos meses.
Ya en el año 2008 el gobierno de Óscar Arias había aplicado una política similar en Limón, con un “megaoperativo” llamado “100 días por Limón”, que no dio ningún resultado; durante ese periodo la violencia continuó: de 51 homicidios en ese periodo del año
2007 pasaron a 57 en el 2008, lo mismo con los asaltos y robos.
Lo que se generó fue una gran cantidad de episodios de violencia policial, con el ingreso ilegal a las casas de familias pobres, así como una persecución constante contra jóvenes negros y pobres en esos barrios.
Más represión contra los migrantes
Lo cierto es que ese “megaoperativo” en el fondo lo que va a hacer es continuar con la política de persecución de migrantes en los barrios de la Zona Norte, uniéndose al anuncio del gobierno de contratar más policías de migración para los puestos fronterizos, y los 1000 nicaragüenses expulsados del país en medio de la crisis humanitaria con Nicaragua.
La policía tiene muy claro a quién atacar, ya que desde que inició el gobierno de Carlos Alvarado, se han realizado decenas de ese tipo de intervenciones policiales en los barrios populares, y el principal resultado fue la detención de nicaragüenses que van o vienen hacia sus trabajos.
Recientemente miles de nicaragüenses que cruzan la frontera huyendo de la represión se encuentran con familiares en la Zona Norte, algunos buscando trabajo y otros esperando un tiempo para volver a su país. Pero desde que están en la frontera la policía se toma todo el aparato del Estado persiguiendo y expulsando nicaragüenses que son entregados directamente al ejército y la policía de Nicaragua, que son justamente de quienes están huyendo.
Los trabajadores y las comunidades de la Zona Norte debemos rechazar esa política represiva del gobierno, y exigir que se deje de perseguir a los luchadores de Nicaragua y a los migrantes en general que viven en nuestras comunidades. La inseguridad es generada por los mismos empresarios que nos tienen a más de la mitad sin empleo digno, sin tierra para trabajar y sin oportunidades para la juventud y las mujeres.
