San José, jun (Socialismo Hoy) – La principal política del gobierno sigue siendo el pago de intereses de la deuda. Para esto, está buscando los mecanismos que le permita sustituir la deuda interna por deuda externa, buscando obtener tasas de interés más favorables en el exterior.
Uno de los principales planes del gobierno es la aprobación de los eurobonos, que consiste en la colocación de $6.000 millones de bonos en el exterior. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Económicos en la Asamblea Legislativa aprobó solo una primera emisión de $1.500 millones.
Adicional a esto, se prevé que el Gobierno recibiría al menos $870 millones en préstamos de tres organismos este año, provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y una tercera entidad que aún no ha trascendido por mantenerse en negociación. Según ha indicado la Ministra de Hacienda, este dinero será usado para el pago de sus necesidades de financiamiento, pago de intereses de deuda y amortización.
[mks_pullquote align=»left» width=»300″ size=»16″ bg_color=»#e1001a» txt_color=»#ffffff»]¿Qué son los bonos de deuda?
Los bonos son instrumentos financieros utilizados para obtener fondos directamente de los mercados financieros. Son títulos normalmente colocados a nombre del portador y que suelen ser negociados en un mercado o bolsa de valores. El emisor (en este caso el Gobierno), se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses.[/mks_pullquote]
Perdón para empresarios…
Mientras el presidente dice que, para cumplir con el pago de la deuda, hay que «tomar decisiones valientes que pasan por socarnos la faja todos», el Ministerio de Hacienda perdonó 194 millones mediante amnistías tributarias, es decir, un 94% de lo que logró recaudar (207 millones).
Las amnistías tributarias fueron parte de los cambios incorporados al Plan Fiscal, y consisten en un perdón total de los intereses a todos los deudores que cancelaran sus obligaciones con el Estado en los tres meses posteriores a la aprobación del proyecto tributario (entre diciembre de 2018 y marzo de este año), mediante un rebajo de entre el 60% y el 80% de las multas a los deudores dependiendo del mes en que realizarán el pago.
Dentro de las empresas beneficiadas con la amnistía se encuentran la multinacional Sky, el Banco BCT, Desarrollos Hoteleros Guanacaste, la empresa Btcino, Café Del Rey, Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Florida, alimentos Sigma y la empresa Amway (que recientemente despidió 200 trabajadores). También destacan casos como el de la sociedad anónima que integra Nuria Marín, esposa del excandidato liberacionista Álvarez Desanti, y la constructora Gonzalo Delgado, del presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). Además, organizaciones ambientalistas denunciaron que a través de la amnistía se le perdonaron entre ¢2.250 y ¢6.000 millones a empresas piñeras, entre las que destaca Exportaciones Norteñas S.A., denunciada en varias ocasiones por el Sindicato SITRASEP ante el incumplimiento en el pago de salarios mínimos y condiciones de explotación laboral contra sus trabajadores.
También destacan, entre las personas que se acogieron a las amnistías tributarias, el actual presidente del Directorio Legislativo, Carlos Ricardo Benavides (PLN), el diputado Otto Roberto Vargas (PRSC) y el Partido Restauración Nacional (PRN).
El año anterior, el Ministerio de Hacienda reveló una amplia lista de grandes contribuyentes que durante la última década reportaron cero ganancias, y con ello eludieron los pagos a Hacienda. Este año se ha tramitado un beneficio tributario a las empresas aseguradoras que deja un hueco de más de ₡7 mil millones en las finanzas públicas.
… castigo y represión para trabajadores
Mientras los empresarios se llenan de exoneraciones, el gobierno sigue sosteniendo que el problema de las finanzas públicas lo generan los trabajadores. La Sala Constitucional anuló siete artículos en la Convención Colectiva de Recope, por considerarlos “irrazonables y desproporcionados” y frenó también la cesantía superior a 12 años en la Universidad Nacional y las Municipalidades de Santa Ana y Coronado. La Sala argumentó que esta medida “responde a la difícil situación fiscal y financiera que atraviesa el Estado costarricense”[1]. Además, anuló el aumento anual por escalafón contemplado en la Convención Colectiva de la UCR.
Amparándose en atribuciones legales, desde un escritorio se están trayendo abajo las conquistas obtenidas por las luchas de los trabajadores. Hay una clara tendencia en la que todos los poderes del Estado se encuentran más alineados que nunca: vía Poder Judicial se atacan las Convenciones Colectivas, vía Poder Legislativo se ataca el derecho a huelga y organización sindical y vía Ejecutivo se tramita la posibilidad de despido a los trabajadores con la elaboración del Proyecto de Empleo Público.
Construir una salida de la clase trabajadora
Los distintos partidos mantienen una fuerte alianza, ya sea en la Asamblea Legislativa (PAC, PLN y PRN) llegando a acuerdos para dirigir el Directorio; o en el Ejecutivo (PAC, PUSC y FA) para gobernar.
Este gobierno ha venido preparando el terreno para consolidar un régimen cada vez más autoritario, que se ha demostrado con la acelerada aprobación de proyectos que atacan a la clase trabajadora, los cambios para la elección y funcionamiento de la Asamblea Legislativa, y los ataques al derecho de huelga. Con ello ha logrado unificar las fuerzas políticas para impulsar un plan de reactivación económica que sirve para salvar a los empresarios, mientras destruye las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Requerimos dar una respuesta desde las organizaciones de la clase trabajadora ante la crisis económica, a través de la cual el gobierno intenta justificar sus ataques. Como trabajadores, no deberíamos pagar una deuda que no produjimos, por eso es urgente que entremos a discutir nuestras propuestas y la suspensión inmediata de los pagos de la deuda, al tiempo que se realiza una auditoría para determinar qué parte de esos pagos responde a negocios corruptos.
Ante un gobierno que nos ha declarado la guerra, la clase trabajadora debe seguir apostando a la movilización para enfrentarlo. La única alternativa para los trabajadores pasa por la construcción de una alternativa socialista al servicio de los trabajadores.
[1] Resolución N° 2019-009723 de la Sala IV
