Este 19 de julio se conmemoró el 40 aniversario de la heroica gesta revolucionaria del pueblo de Nicaragua, aquel 19 de julio de 1979 la revolución armada y la movilización popular expulsó al dictador Anastasio Somoza Debayle y puso fin a una de las dictaduras más extensas y sanguinarias de la historia latinoamericana.
Daniel Ortega organizó un acto de conmemoración de la revolución con un país sumergido en una profunda crisis política y económica, mientras intenta seguir en el poder perdonando la masacre del ejecutada el año anteriory tomando medidas económicas para cobrar la crisis al pueblo.
Nicaragua ha tenido una caída en la producción nacional enorme, un aumento del desempleo que dejó 170 mil sin trabajo en un año y pérdidas generales por unos $1255 millones, a lo que se suma un aumento en la deuda pública que está llegando al 53% en relación al PIB
Para buscar salir de esa crisis fiscal la Asamblea Nacional aprobó la llamada “Reforma a la Ley de Concertación Tributaria”, con la que busca recaudar unos$300 anuales para pagar deuda; se impone el IVA de un 15% para la mayoría de productos de consumo popular e insumos agrícolas, eso es duro golpe para la economía de las familias nicaragüenses, mientras a los empresarios solo les subió un 2% los impuestos sobre sus ganancias.
Así también Ortega impulsó dos medidas políticas, por un lado liberó a la mayoría de los presos políticos y además aprobó una ley de amnistía que busca el “perdón” y el olvido de todos los crímenes del años anterior.
Durante la madrugada del pasado 11 de junio, un grupo de 56 presas y presos políticos fueron liberados, los cuales se sumaron a los más de 650 que había sido liberados desde febrero de este año. Entre los presos liberados están personajes como los dirigentes campesinos anti canal Medardo Mairena y Pedro Mena, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, además de varios dirigentes estudiantiles.
Se debe considerar que lograr la libertad de los presos políticos es una victoria de la movilización popular, la organización de las madres y sobre todo la resistencia de los presos, quienes mantuvieron una moral alta en todo momento, realizaron diversas acciones de denuncia y combate contra todas las formas de violencia y tortura de la que fueron víctimas.
Por otro lado, el 10 de junio entró en vigencia la llamada “Ley de Amnistía”, que fue diseñada y aprobada por la mayoría absoluta de diputados Orteguistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua.
La ley crea una amnistía para todas personas que participaron en los acontecimientos desde el 18 de abril del 2018, y cubre a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de las sentencias
La amnistía cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, con eso quedarían en el olvido los delitos que se acusan a los detentadores del poder, que incluso han sido catalogados por la CIDH como delitos de lesa humanidad.
Así también crea restricciones para las personas que han sido “beneficiadas” por esa ley, colocando a los presos políticos en una situación similar a la libertad condicional.
Con esa Ley está buscando enterrar un año entero de muerte y violencia contra el pueblo de Nicaragua, que habría dejado cerca de 594 muertos y decenas de miles de desplazados políticos que debieron abandonar el país, en un número cercano a los 70 mil.
En la nueva etapa de la lucha con los dirigentes de nuevo en las calles, la tarea principal del pueblo de nicaragua es profundizar la lucha para sacar al Dictador, en ese sentido desde al año anterior los militantes de la Liga Internacional de los Trabajadores y en particular los militantes nicaragüenses de nuestra organización hemos estado haciendo un llamado por la construcción de un partido socialista y revolucionario en Nicaragua, como única herramienta capaz de dotar de un programa político adecuado para no solo guiar la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega sino también de posicionar al pueblo de Nicaragua en la lucha contra los ricos, empresarios y terratenientes que aún después de caída de la dictadura seguirán explotando y apropiándose de las riquezas de todo el pueblo.