Por: Jessica Barquero
Según estimaciones del 2018(1)[1], el país requiere de la construcción de 32.000 viviendas para lograr que cada familia cuente con una propia. Además de eso, cerca de 281.000 casas requieren reparaciones en infraestructura o mejoras en el acceso a servicios públicos para dar condiciones dignas a sus habitantes.
Las circunstancias precarias en la que se encuentran muchas de las viviendas hacen que estas sean más propensas a sufrir emergencias, exponiendo inclusive la vida de las personas. Esto ha conducido a que se den casos como el incendio de setiembre pasado en Barrio Cuba, donde unas 50 familias perdieron todas sus pertenencias.
| El peso de los intereses de la deuda El dinero destinado al pago de intereses de la deuda pública en el 2020: ₡1.929.345 millones, es equivalente a 17 veces el presupuesto que se destina para bonos de vivienda: ₡114.000 millones(2)[2] Con lo que se destina anualmente al pago de intereses de la deuda, se podrían financiar 190.300 viviendas de bienestar social. |
Esta emergencia, así como la sucedida en el mes de abril en La Carpio, evidencian la nula prioridad que el gobierno del PAC ha dado a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Según datos del FUPROVI entre el 2010 y el 2017, 1.633 viviendas fueron dañadas por incendios. Sin embargo, mientras las pertenencias y las vidas de las personas son expuestas, el gobierno prioriza el pago de la deuda, otorgando a este rubro el mayor porcentaje del presupuesto.
Para solucionar los problemas de vivienda de las
familias más pobres es necesaria la asignación de un presupuesto estatal
adecuado, que otorgue viviendas dignas a las familias trabajadoras. Por eso es necesario
implementar ya el NO pago de la deuda pública, para que el dinero sea destinado
a cubrir las necesidades de la clase trabajadora.
[1] Estimaciones realizadas por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Clads), del INACE.
[2] Elaboración del periódico La Nación con consulta a presupuestos públicos.
