Hace apenas dos años Costa Rica estaba “estrenando” presidente. Carlos Alvarado subió a la silla presidencial rodeado de un aura de “progresista”, por haber enfrentado a Fabrico Alvarado y su discurso conservador. Esto le valió el apoyo de amplios sectores de la clase media, de sectores académicos y por supuesto de importantes sectores de la burguesía.
En aquel momento, mientras el Frente Amplio pasó a apoyar directamente al gobierno del PAC, desde el Partido de los Trabajadores dijimos que lo mejor era abstenerse en la segunda ronda. Dijimos que tanto el gobierno de Carlos Alvarado como el de Fabricio Alvarado iban a gobernar para descargar la crisis fiscal sobre las espaldas de la clase trabajadora y para garantizar los intereses de los grandes empresarios.
Esta posición nos valió el repudio de varias personas, muchas de los cuales algún tiempo después nos dijeron “tenían razón, había que haber votado nulo”. Hoy el gobierno de Carlos Alvarado vuelve a recuperar su popularidad y dio un salto en que pasó de un 20% a un 60% en su nivel de aprobación, todo producto de la gestión de la pandemia. Nuevamente tenemos que decir algo que muchos seguramente no querrán escuchar: este gobierno, con el Frente Amplio formando parte, incluso en la crisis del coronavirus gobierna para los grandes empresarios y no para el pueblo.
Durante estos dos años el gobierno del PAC-FA se ha dedicado a garantizar todas las alianzas necesarias para aprobar su agenda proempresarial en la asamblea legislativa. Incluso llegando a poner a un miembro de Restauración Nacional como presidente del directorio de la Asamblea Legislativa, cuando hace dos años para la segunda ronda tanto el PAC como el FA afirmaban que “había que evitar que los conservadores llegaran al poder”.
Los principales logros de esta administración han sido todos ataques para los trabajadores y beneficios para los empresarios, como por ejemplo con el combo fiscal, donde impusieron más impuestos a la clase trabajadora con el IVA, mientras que a los grandes empresarios deudores del estado les perdonaron 175 mil millones de colones concentrados en 25 empresas.
El caso del coronavirus no es la excepción. Por un lado, este gobierno mantiene y sigue aumentando la histórica deuda que tiene el gobierno con la CCSS. Esta deuda no solo ha debilitado la capacidad de atender las necesidades sanitarias de la clase trabajadora, con largas filas de espera para diferentes intervenciones; sino que además disminuye la capacidad de atención ante la crisis. Por otro lado, su prioridad ha sido las ganancias de los empresarios y tenedores de la deuda pública y no la salud de la población.
En primer lugar, el aislamiento social es la principal medida para contener la pandemia, sin embargo, todas las empresas como fábricas, call centers y construcciones se mantienen trabajando, exponiendo la vida de los trabajadores para garantizar las ganancias de las empresas.
En segundo lugar, el famoso plan proteger otorga a los empresarios el derecho a reducir la jornada y a suspender los contratos de trabajo para proteger sus ganancias, mientras que a los trabajadores que perdieron su trabajo un subsidio miserable, y hay muchas quejas de que no llega.
Por último, ahora le van a dar a las empresas 900 mil millones para inyección de capital, mientras que el total de las ayudas temporales a los desempleados y a quienes les redujeron la jornada es de 296 mil millones, una tercera parte de lo que les darán a los empresarios.
Por esto es necesario una política independiente de la clase trabajadora, desde sus organizaciones, no solo frente al coronavirus, sino frene a toda la política proempresarial del gobierno.
