El 10 de noviembre la comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa votó a favor del expediente 21.336 “Ley Marco de empleo público” el cual representa un nuevo golpe al salario y los derechos del sector estatal. Ha recorrido mucho camino, ha esperado cierto tiempo congelado en la corriente legislativa, pero ya solo falta la votación en el plenario para que se apruebe.
Luego de las heroicas marchas y bloqueos en todo el país, se retiró la propuesta inicial para dar paso a unas mesas de diálogo multisectorial como una estrategia del gobierno para desmontar las movilizaciones que lo debilitaron aún más.
La Ley de Empleo Público se enmarca en esta discusión y además en una oleada de medidas aplicadas durante la pandemia contra los trabajadores: despidos, reducción de la jornada laboral, recorte de anualidades, congelamiento salarial, recorte de la zona de menor desarrollo para el sector educativo, mientras los ricos no se ven perjudicados en nada.
Una movida ruin fue la del diputado Pablo Heriberto Abarca, quien en la comisión que discute este proyecto propuso una moción para que tanto a los nuevos como los servidores antiguos se les apliquen las fatales medidas de empleo público. Se están aprovechando de las mesas de diálogo multisectorial y el desmonte de los bloqueos para imponer a golpe de tambor el proyecto.
¿Qué dice el proyecto de Ley de empleo público?
1) Se impone el salario único: el texto presentado a la asamblea un único régimen de empleo público conformado por ocho familias de puestos. Estas ocho familias son profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universidades, judiciales, servicio exterior y de confianza (art. 15).
De aprobarse, el gobierno mediante el MIDEPLAN será el único ente rector del empleo público (artículo 5), es decir, el encargado de definir un salario “global” para cada una de esas ocho familias mediante una metodología amparada en factores “el peso de esa plaza para lograr las metas institucionales” o “complejidad del trabajo”.
Se entrega a los gobiernos todo el poder para definir el salario único. Los mismos gobiernos comprometidos con el gran capital, con seguir recortando el presupuesto público y pidiendo prestado a los grandes organismos financieros internacionales. Este gobierno, el gobierno de los patronos, buscará fijar un salario único de hambre, con tendencia a la baja para las diferentes categorías.
2) La imposición del salario único significa la eliminación de los incentivos o también llamados pluses: anualidad, dedicación exclusiva, entre otros. Estos y otros incentivos son los que hacen que los salarios de los trabajadores estatales crezcan y tengan valor; estos componentes adicionales al salario base son la tabla de salvación para los sectores más precarizados del sector público (no profesionales como conserjes, agentes de seguridad, entre otros) que a duras penas pueden llegar a fin de mes, por lo que su recorte los afectará sensiblemente.
Para el gobierno y las cámaras empresariales las evaluaciones de desempeño son necesarias, y si un funcionario es realmente bueno, pues no tiene por qué temerlas, pero esto importa poco. En realidad, las evaluaciones se convertirán en un arma más por parte de las jefaturas para perseguir a los trabajadores y facilitar los despidos. Es más, la misma UCCAEP ha planteado la necesidad de que dichas evaluaciones las apliquen empresas privadas y creemos que seguirán presionando para que en el marco del nuevo proyecto esto sea una realidad.
3) Se facilitan despidos: de nuevo se le cambia el nombre a “desvinculación laboral”. El proyecto establece que un trabajador puede ser despedido si obtiene dos evaluaciones de desempeño con una nota inferior a 70, o bien en casos de “Reducción forzosa de servicios o de labores por falta absoluta de fondos; y 2. Reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica reorganización de los mismos” (artículo 22).
Se dice que este proyecto solo aplicaría a los nuevos funcionarios, pero hay un portillo peligroso en el transitorio II debido a que no impide que los funcionarios ya contratados puedan cambiar al régimen nuevo.
4) Se continuará la precarización de las condiciones laborales: se establece la figura de “contratación temporal”, para labores extraordinarias, aquellas “justificadas en procesos productivos temporales o por perfiles que dependan de los estándares y el alto desempeño de un determinado subrégimen de empleo público” (artículo 40). Se contratan trabajadores temporales sin ningún tipo de garantía, todo para no asegurar estabilidad laboral o evitar pago de horas extra a los trabajadores ya contratados.
Ligado a esto, se avanza en medidas de flexibilidad laboral, como la posibilidad de aplicar teletrabajo (artículo 38) y de acordar “horarios especiales” a través de los reglamentos autónomos de cada institución (art.39).
¡Organicemos desde las bases la lucha contra la Ley de empleo público!
La ley de empleo público representa un retroceso histórico en materia de conquistas que la clase trabajadora ha conseguido en las calles. Despidos en masa y una reducción de salario de miles de trabajadores y trabajadoras sería catastrófico para la economía de la clase trabajadora: somos los trabajadores y trabajadoras quienes producimos la riqueza de este país; en el caso del sector estatal, muchos de sus ingresos se dinamizan la economía, son el sostén de miles de pequeños comercios que se vendrían abajo si esta ley se aprueba. Entonces, estos sectores tendrían que pasar a la informalidad, dejarían de aportar a la CCSS y se someterían a extenuantes jornadas con una reducción considerable de su calidad de vida.
Este proyecto impulsado por las cámaras empresariales y sus partidos políticos implica un sometimiento mayor de nuestra economía porque es parte de los compromisos adquiridos para seguir recibiendo préstamos de los organismos imperialistas y seguir endeudando al país.
Este proyecto busca precarizar aún más los salarios y rebajarlos a las condiciones que existen en el sector privado, por eso manifestamos nuestro absoluto rechazo a una iniciativa más que busca cargar los costos de la crisis sobre la clase trabajadora. No más ataques ni contra los funcionarios actuales ni los nuevos. Nuestros derechos no se negocian ni se venden, por eso exigimos el retiro definitivo de cualquier iniciativa de empleo público.
Es momento de exigir a las direcciones ponerse al frente y organizar la resistencia contra este proyecto. Hasta el momento se han dedicado a pequeñas marchas sin impacto, y en su mayoría las dirigencias no se sumaron a los bloqueos, o ni siquiera llamaron a su afiliación a incorporarse fuera de su jornada laboral. Sin ninguna intención por preparar una amplia movilización desde las bases, se han sumado al tramposo diálogo multisectoral. En los hechos están preparando el terreno para una nueva derrota.
Es hora de que las bases nos organicemos, rechacemos ese tramposo diálogo y exijamos a las dirigencias una discusión amplia sobre qué hacer y preparar acciones de lucha. En estos momentos en que las ganancias de los empresarios importan más que la vida de la clase trabajadora se hace necesaria la más amplia unidad en la lucha para defender nuestros derechos.
