En la situación actual desigualdad, pobreza, empleo informal y una mínima participación en el empleo de mujeres de clase trabajadora, la violencia social ha aumentado de manera descomunal, con tasas récord de asesinatos y femicidios marcados por una brutalidad que ha conmovido al país. Ante esto, el gobierno burgués no sólo ha buscado recortar servicios públicos directamente relacionados con la violencia (como la atención telefónica en el 911) sino que responde a toda exigencia social con represión policial y criminalización.
Las mujeres en este país nos encontramos desprotegidas ante la rampante violencia machista, que nos amenaza no solamente en las noches o en callejones oscuros (donde deberíamos poder andar libremente), sino en nuestras mismas casas y relaciones afectivas donde surgen gran parte de las situaciones de violencia y abuso.
Solo en el 2021, hubo en el país 8 816 denuncias por delitos sexuales y miles de denuncias de violencia machista. Además de decenas de casos de femicidio al año, de forma que entre el 2007 y el 2021 han sido asesinadas por femicidio 383 mujeres.
En 2023, hay reportados ya 13 femicidios en lo que va del año. A lo que se suman múltiples casos en investigación de mujeres asesinadas que han aparecido con señales de que fue femicidio. Además, los casos de femicidio de años pasados, siguen en procesos judiciales costos, largos, extenuantes e incluso aterrorizantes para las familias de las mujeres. Quienes se han organizado para denunciar el incumplimiento por parte del Estado burgués de la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio, lo cual causó recientemente la muerte prevenible de una niña de 13 años, huérfana por femicidio.
Esta problemática se da por una sociedad que sistemáticamente degrada a las mujeres, nos ubica como objetos sexuales mercantilizables, al servicio de las necesidades de los hombres y especialmente aquellos con poder económico. La ideología machista se potencia por una sociedad capitalista en descomposición, donde impera la explotación, la pobreza, la desesperación y la violencia de todo tipo.
El sistema judicial no actúa de manera seria y diligente ante las desapariciones de mujeres, ni denuncias de abuso, ni de violencia o peligro. Los prejuicios en contra las mujeres y los privilegios de clase perjudican las investigaciones como en los casos de Maria Luisa Cedeño y de María del Carmen Tacsan.
Llamamos a las comunidades, sindicatos, partidos y organizaciones feministas de izquierda a la organización amplia y democrática, para movilizarnos a exigirle al gobierno recursos y medidas para atender la crisis por violencia machista y avanzar hacia una agenda de lucha contra el machismo y el capitalismo.
¡Ni una menos, Vivas nos queremos!
¡Revocabilidad de jueces machistas! ¡Exigimos Justicia!
¡No más recortes que perjudiquen a las mujeres!
¡Marchemos contra la violencia machista este sábado 25 de noviembre!
