Existe en el país, desde hace muchos años y avalada por todos los gobiernos, una concentración cada vez mayor de la tierra que favorece a los grandes terratenientes y empresarios de la piña, naranja y otros monocultivos.
Hay dos millones y medio de hectáreas sembradas con productos agrícolas. De ellas, 70 mil están dedicadas solamente al cultivo de la piña para exportación, y 25 mil al cultivo de banano; en ambos casos, las principales beneficiadas son las transnacionales como Del Monte, Dole, o Chiquita Brands.
También se benefician empresarios nacionales como Grupo Acón o Gerardo Villalobos alias Pitufo (Grupo VISA); este último desalojó a las familias campesinas de Monteverde, en Los Chiles de Alajuela, para sembrar piña.
En cuanto al latifundio, resulta preocupante que el 61,4% de las fincas, menores a 10 hectáreas, abarcan apenas el 7,5% de la tierra, mientras que un 60% de ella es apropiada por apenas un 4,8% de las fincas, más de 100 hectáreas.
Podemos resumir la política del gobierno en los siguientes tres puntos:
- Se mantienen los privilegios al agronegocio: las piñeras, naranjeras y otros monocultivos se benefician al estar en régimen de zonas francas; esto quiere decir que no pagan impuestos ni otras cargas sociales.
- Grandes importadores se enriquecen: la ruta del arroz favoreció a unos cuantos empresarios, quebró a cientos de pequeños y medianos arroceros, mientras el precio del arroz sigue por las nubes.
- Ningún apoyo a campesinos sin tierra: no hay crédito barato ni insumos para producir. En las mesas con la Alianza el gobierno fue claro: no vamos a entregar tierras a campesinos. A la par de eso tiene una política de desalojar tomas de tierra y perseguir a quienes luchan y dirigen esos procesos.
