La “Ley Jaguar” del gobierno de Rodrigo Chaves ha sido rechazada por los partidos opositores al gobierno en nombre de la “democracia”, debido a que le quitaría a la Contraloría General de la República (CGR) los poderes que se le otorgan como órgano que vigila y controla el uso de los recursos públicos. Pero ¿es realmente la Contraloría “democrática”?
¿Qué es la CGR?
Según su Ley Orgánica (promulgada en 1950), la CGR tiene la misión de controlar y fiscalizar los usos de los recursos de Hacienda Pública (fondos públicos, contrataciones públicas, transferencias en dinero o en especie a sujetos privados, etc.), para lo cual se le otorga independencia funcional y administrativa. A pesar de lo anterior, la CGR no tiene independencia política, dado que sus jerarcas son personas elegidas por la Asamblea Legislativa por periodos de 8 años y con la posibilidad de reelección indefinida.
Así, la CGR hace parte de lo que se conoce como el Estado profundo (o aparato de Estado) en el marco de la democracia burguesa, eso es, un conjunto de instituciones que tienen ciertas potestades de impulsar, aprobar o frenar acciones del Estado y cuyos mandos altos no son electos democráticamente por el electorado, sino que son electos por los partidos políticos presentes en cada periodo en la Asamblea Legislativa. Entre esas instituciones se pueden nombrar el Tribunal Supremo de Elecciones, los Tribunales de Justicia del Poder Judicial (penal, hacendaria, laboral, etc), la Sala Constitucional, la Procuraduría General de República, el Banco Central, entre otras. La CGR, al igual que las instituciones antes mencionadas, en vez ser sinónimos de democracia, como las pinta la oposición burguesa al chavismo, son sinónimos de la falta de democracia real en el Estado capitalista.
Entonces, teniendo en cuenta que ya de por sí la democracia en el capitalismo implica grandes desigualdades entre las clases sociales para efectivamente tener probabilidades de acceder a los poderes del Estado definidos electoralmente (Presidencia de República y Asamblea Legislativa) – debido a que los partidos de las clases enriquecidas tienen grandes ventajas para ganar las elecciones (financiamiento multimillonario, publicidad en medios de comunicación masiva, contratación de transporte y viáticos, hasta sobornos…), lo cual deja casi sin posibilidades a los partidos políticos de la clase trabajadora de presentar candidaturas con altas probabilidades de éxito -, instituciones como la CGR y las otras mencionadas están aún más distanciadas del pueblo trabajador, dado que este ni siquiera tiene oportunidad de elegir a sus mandos superiores electoralmente, sino que son los partidos de los ricos, en su gran mayoría o absoluta, los que terminan eligiendo quiénes dirigirán el apartado del Estado “profundo” – y, por supuesto, les eligen para su propio beneficio.
LA CGR contra el pueblo trabajador en lucha
Ese rol antidemocrático de la CGR se ha podido apreciar en coyunturas de lucha social contra proyectos impopulares impulsados por la clase dominante y sus esbirros políticos en el gobierno. Una de estas coyunturas fue la huelga general contra la Reforma Fiscal del 2018, que recibió un gran rechazo popular de la clase trabajadora y el pueblo costarricense, y donde la CGR tuvo un importante rol en la legitimación de este proyecto, especialmente en el componente de salarios públicos, con informes aparentemente “objetivos” en que señalaban la “insostenibilidad” de mantener un crecimiento anual de los salarios basados en incentivos.
Y el rol legitimador de la CGR de la Reforma Fiscal del 2018 no se quedó ahí. Después la aprobación de ese proyecto, la CGR ha pasado año por año exigiendo a las distintas instituciones del Estado modificar las convenciones colectivas de trabajo para reducir los incentivos salariales, lo cual ha contribuido también a generar el ambiente político favorable para la aprobación de la Ley de Empleo Público unos años más tarde, el cual ha significado un golpe aún más fuerte para las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector público que la misma Reforma Fiscal. Así mismo, la CGR se ha convertido en acérrima defensora y vigilante de los recortes presupuestarios derivados de la Reforma Fiscal, que han afectado negativamente servicios públicos fundamentales para la clase trabajadora en el país, como la salud y la educación públicas.
Así, a pesar de lo que han declarado las vocerías de partidos burgueses como PLN, PLP e incluso el FA, la CGR es uno de los mecanismos más antidemocráticos del Estado capitalista en Costa Rica para garantizar que los planes de la clase dominante salgan a flote sin importar la voluntad y los intereses populares de la población.
Corrupción y capitalismo: la solución socialista
La oposición al chavismo argumenta que la CGR debe ser protegida dado que es un órgano que controla la corrupción; el chavismo, por su parte, argumenta que aún con la CGR la corrupción ha tenido lugar en repetidas ocasiones. En realidad, ambas posiciones fallan en nombrar la causa profunda de la corrupción en una sociedad capitalista, que se deriva del hecho de que el Estado tiende a garantizar, de una manera u otra, el enriquecimiento privado de la clase dominante. En ese sentido, si se entiende por corrupción el uso del Estado para el enriquecimiento privado, estrictamente hablando habría que aceptar que hay, en el capitalismo, una corrupción legalizada y otra ilegalizada.
Pongamos el caso de CR: la corrupción legalizada está arraigada en todo el modelo de concesión de obras públicas, que entrega los negocios más lucrativos del Estado a manos de empresas privadas para su lucro. Igualmente, el sistema de deuda pública que pone el futuro de los impuestos pagados por la clase trabajadora en manos de banqueros locales y extranjeros privados – ¡con intereses de los más altos en todo el mundo! – es también un flamante ejemplo de corrupción legalizada en Costa Rica (y en muchos otros países del mundo).
Por su parte, en un país subdesarrollado y semicolonial como CR, en el que sus principales recursos son succionados por el imperialismo, para una buena parte de clase dominante nacional es indispensable hacer uso del Estado para enriquecerse incluso si es ilegalmente (basta con mencionar, para Costa Rica, los casos del Cementazo, Cochinilla, Caja-Fischel, etc.).
Es por todo lo anterior que una verdadera solución al problema de la corrupción viene de la mano de la destrucción de sus principales causas profundas, el capitalismo y la sumisión imperialista, no de parches institucionales como la CGR que han demostrado ser incapaces de controlar realmente la corrupción. Desde una perspectiva socialista, al organizar la economía no bajo el objetivo de las ganancias privadas sino orientada a satisfacer las necesidades sociales, para garantizar las condiciones básicas de vida a toda la población sin desigualdades, desaparece el principal motivo de usar los recursos públicos para el enriquecimiento privado – y, por lo tanto, desaparece también el principal motivo para la corrupción que se ha visto en todos los países capitalistas en toda su historia.
Y si bien es cierto que la avaricia humana podría sobrevivir incluso a la desaparición del capitalismo, en una sociedad cuyo Estado está conformado por consejos de personas trabajadoras, campesinas y sectores populares, donde las instituciones y los principales recursos económicos son puestos en control directo de quiénes producimos la riqueza (para la planificar su uso y distribución de manera centralizada y coordinada según las más sentidas necesidades sociales), y en donde el pueblo trabajador tiene el derecho irrevocable de destituir a sus representantes públicos si así lo considera, el Estado mismo, con el control obrero directo, cumplirá sus funciones más eficientemente que cualquier Estado Capitalista (porque bajo la mirada vigilante y vinculante del pueblo no se tolerará el uso ineficiente de los recursos) e impulsará una verdadera y efectiva controlaría del uso de los recursos comunes para evitar y perseguir realmente todos los actos de corrupción.
