¡Exigimos una investigación libre e independiente! ¡Le exigimos al gobierno de Chavez la condena del asesinato y medidas de protección inmediatas para la oposición nicaragüense refugiada en el país!
El día de hoy, 19 de junio, recibimos la noticia del asesinato de Roberto Samcam en su vivienda a manos de un asesino a sueldo. Samcam era una figura importante de la oposición contra la dictadura de Ortega en el exilio. Además, el militar retirado fue una figura importante en la resistencia durante el 2018, y fue un férreo crítico de los atropellos de la dictadura.
Desde el Partido de la Clase Trabajadora nos queremos solidarizar con sus seres queridos, y con toda la resistencia contra la dictadura de Nicaragua.
No tenemos duda de que el asesinato de Samcam es obra de la dictadura de Ortega-Murillo, como lo han apuntado decenas de organizaciones de derechos humanos. Denunciamos a esta dictadura, y rechazamos el intento de Ortega-Murillo de hacerlo parecer un crimen común o un ajuste de cuentas. Esta acción tiene el objetivo de sembrar miedo entre las personas refugiadas en nuestro país y buscar silenciar a la oposición.
Este crimen se suma a los varios atentados contra la vida de Joao Maldonado. Se suma además a los secuestros de miembros de la oposición en Costa Rica, uno de los cuales culminó con su tortura y asesinato. Finalmente, se suma a los incontables atropellos, persecución, vigilancia y espionaje, agresiones físicas y represión, que han sufrido los opositores de la dictadura en territorio costarricense.
Denunciamos que estos atropellos permanecen en la impunidad con la activa complicidad y labor de ocultamiento del Estado Costarricense y los gobiernos de Chavez y de Alvarado en su momento.
El Gobierno de Chavez y el OIJ salieron activamente a negar la presencia de “células de inteligencia” de la dictadura ante los atentados contra Joao Maldonado, a pesar de las múltiples denuncias y evidencias presentadas.
El actual gobierno ha sido además cómplice de oxigenar a la dictadura al restituir relaciones diplomáticas y económicas con Ortega-Murillo. Esto se suma a la política del anterior gobierno de Alvarado, que forjó la política del mal-llamado retorno seguro, sin ninguna garantía para quienes estaban presionando para volver, en plena represión y persecución de la dictadura.
Queremos además manifestar nuestro más vehemente llamado a no dejar que este crimen permanezca en la impunidad:
- Exigimos que el Gobierno de Costa Rica condene enfáticamente el asesinato, y que el Estado tome medidas claras de forma inmediata para proteger a todas las personas que se oponen a la dictadura Ortega-Murillo que están refugiadas en nuestro país.
- Exigimos a la fiscalía una investigación independiente, con todos los recursos necesarios, con participación de las organizaciones de Derechos Humanos, hasta que se llegue al fondo de este asesinato y se pueda condenar a los culpables materiales e intelectuales de este crimen. Exigimos además que se investigue la presencia de las fuerzas represivas de la dictadura en el país y sus crímenes.
- Hacemos un llamado a las organizaciones políticas, comunitarias, laborales y estudiantiles a posicionarse claramente, condenando el asesinato, exigiendo investigación y castigo para los culpables materiales, y exigiéndole al estado medidas de protección inmediatas.
- Exigimos al Estado Costarricense medidas de presión diplomáticas y económicas inmediatas, incluyendo la ruptura de relaciones con la dictadura Ortega-Murillo, y la exigencia ante los organismos internacionales de sanciones.