¿De qué trata la ley que permite la extradición de nacionales?

El 15 de mayo se aprobó en tercer debate la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo.

La extradición es un procedimiento judicial por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro Estado y entregada al primero para ser enjuiciada o para que cumpla la pena ya impuesta. Esta medida no existía en Costa Rica, pero países como Colombia la tienen desde los años ochenta. De hecho, Colombia extraditó a 2300 personas entre 1999 y 2020, y en mayo de este año, México extraditó a 29 personas.

Para poder realizar la extradición de nacionales era necesaria una reforma constitucional, es decir, la ley tenía que ser aprobada en dos administraciones, en este caso la de Carlos Alvarado y la de Rodrigo Chaves.

Esta reforma constitucional fue ampliamente respaldada por todos los partidos políticos (el expediente se aprobó por 45 votos a favor y 0 en contra). La aprobación de esta reforma constitucional, que gozó incluso del apoyo del Frente Amplio, marca un acuerdo profundo de los partidos «de oposición» con la agenda de seguridad del gobierno de Rodrigo Chaves, aumentando la presencia y la influencia de los aparatos de seguridad estadounidenses en nuestro país.

Aunque la prensa le ha dado mayor importancia al aspecto de la ley que tiene que ver con el narcotráfico, queremos señalar que la importancia de la ley está en el otro término, el término terrorista, que es una definición política que hacen los Estados o las clases gobernantes y es una definición jurídicamente vacía, donde puede caber casi cualquier actividad opositora a un gobierno.

¿Quién es Celso Gamboa?

Esta reforma constitucional se ha estrenado con un caso sumamente mediático, pues un tribunal en Texas ha solicitado la extradición de dos costarricenses: un conocido narcotraficante apodado «Pecho de rata» y Celso Gamboa, Ministro de Seguridad en las administraciones de Laura Chinchilla (PLN) y Luis Guillermo Solís (PAC). Además de Ministro, Gamboa también fue director de la DIS, ministro de la presidencia, fiscal, magistrado y director de un equipo deportivo.

Gamboa es una figura ampliamente odiada no solo por ser parte de dos gobiernos, sino porque tuvo a cargo importantes represiones contra el movimiento popular, como la realizada el 8 de noviembre de 2012 frente a la CCSS, donde se golpeó una manifestación pacífica de usuarios y terminó con la criminalización de 8 activistas. En 2014, militarizó el puerto de Moín para quebrar la huelga del sindicato SINTRAJAP que se manifestaba en contra de la privatización de los muelles, y reprimió violentamente luchas por la tierra como las de Medio Queso en el norte del país, entre otras.

Gamboa también era conocido por su matonismo y amedrentamiento contra otras figuras políticas y revistas críticas, como La Revista Paquidermo y contra Jhon Vega, nuestro candidato electoral en 2022.

Opiniones del Partido de la Clase Trabajadora

1. Entendemos el dolor de las víctimas del narcotráfico, especialmente en los barrios populares, y comprendemos la satisfacción de los activistas por ver encarcelado a un represor como Celso Gamboa. Sin embargo, debemos sostener una discusión estratégica sobre este tema sensible. Promover la idea de que la DEA o los tribunales de justicia yanquis son aliados o soluciones para la lucha contra la casta política-narcotraficante es una idea equivocada y peligrosa, que lleva a errores estratégicos graves. A la larga, esta reforma constitucional es una medida que tarde o temprano se utilizará especialmente contra el movimiento popular y, sobre todo, contra las luchas antimperialistas y anticoloniales.
2. Apoyar la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales implica confiar en la justicia estadounidense, una institución racista, imperialista y machista que persigue migrantes, limita los derechos reproductivos de las mujeres, justifica guerras de saqueo colonial y el genocidio. No hay ninguna razón para pensar que la justicia burguesa estadounidense es «mejor» que la justicia burguesa costarricense.
3. El imperialismo nunca ha estado interesado en detener el narcotráfico; al imperialismo lo único que le interesa son sus ganancias e intereses. Son conocidas las historias de cómo el imperialismo inglés promovió el consumo de opio en China (Ver Anexo 1). También es conocida la historia de cómo los Estados Unidos utilizaron la venta de cocaína para financiar a la contrarrevolución nicaragüense en los ochenta y cómo introdujeron el crack en las comunidades negras para romper la influencia de grupos radicales como el Partido de los Panteras Negras. Es decir, la cúpula imperialista aprueba o prohíbe determinadas drogas según sus intereses políticos y económicos, sin importarle el dolor de los pueblos y el sufrimiento producido por la drogodependencia.
4. Con el Frente Amplio y su militancia hay un largo debate en relación con este tema. En 2016, tres diputados del Frente Amplio apoyaron a Celso Gamboa para salir electo como Magistrado, aunque luego se disculparon; estas disculpas no generaron ninguna reflexión o sanción al respecto. Durante la discusión de la reforma constitucional y el plan de seguridad del gobierno, el FA se ha presentado como el «mejor defensor de la seguridad», presentándose como un «partido serio» que colabora con la agenda de seguridad del gobierno. Finalmente, el FA ha apoyado toda la agenda de seguridad del gobierno, incluyendo la extradición de nacionales. La posición del FA no tiene nada que ver con el socialismo ni con el antimperialismo; la extradición de nacionales refuerza las posiciones estadounidenses en nuestro suelo, pero también justifica y amplifica el poder de dictaduras y gobiernos autoritarios, legitimando la sistemática acusación de «terrorista» contra los opositores políticos.
5. Desde el 11 de septiembre de 2001, el término «terrorismo» se ha utilizado ampliamente y de manera subjetiva por los Estados para justificar cualquier acción contra las fuerzas revolucionarias y/o opositoras. Las leyes costarricenses contra el terrorismo, aprobadas en 2009 bajo el espíritu de la «guerra global preventiva contra el terrorismo» de George W. Bush, utilizan el término «terrorismo» como un concepto vacío, es decir, un concepto en el que es el Estado y la situación política la que define qué es terrorismo y qué es una protesta legítima. En distintos momentos se ha acusado de «terroristas» a los cortes de ruta, a la autodefensa contra la policía, a la toma de edificios e incluso a las protestas ecologistas contra los buques atuneros. Una ley que permite la extradición de nacionales acusados de narcotráfico y terrorismo, tal como lo entienden los Estados Unidos, es un camino abierto a las arbitrariedades y las violaciones de derechos y libertades fundamentales. Por ejemplo, las campañas y el dinero que se recogen para apoyar la resistencia palestina hoy son perfectamente calificables como «terroristas» bajo las leyes estadounidenses e israelíes. ¿Tendríamos que extraditar a quienes mandan dinero a Gaza para ser juzgados en tribunales estadounidenses o israelíes? Asimismo, países vecinos como El Salvador y Nicaragua consideran «terroristas» a casi todos sus opositores. ¿Qué hará el Frente Amplio cuando regímenes dictatoriales como los de Ortega o Bukele soliciten la extradición de supuestos «terroristas» asilados en Costa Rica?
6. Entendemos la demanda pública de justicia contra represores como Celso Gamboa. Nuestro partido también cree que debe ser juzgado, y creemos que esta demanda subraya la necesidad urgente de transformar radicalmente nuestro sistema judicial. Proponemos un Estado y un sistema judicial construido al servicio de la clase trabajadora, donde los jueces sean elegidos democráticamente y revocables en cualquier momento. Esto permitiría la creación de tribunales populares para juzgar a los responsables de represión y narcotráfico en nuestro país.
7. La nueva ley de extradición en Costa Rica no solo es un retroceso para la soberanía nacional y una amenaza a las libertades democráticas. El Partido de la Clase Trabajadora se opone a la reforma constitucional y a la extradición de nacionales, pero creemos que nuestro actual sistema de justicia burgués tampoco es la forma de conseguir justicia popular. Creemos en la revolución social y en la necesidad de nuevos tribunales populares, los únicos que podrían juzgar crímenes como los de Celso Gamboa, que en realidad son poca cosa si se piensa en los crímenes que todos los días ejecutan el imperialismo y la burguesía contra nuestro pueblo y los pueblos del mundo.

Anexo 1
El comercio del opio [I y II], Carlos Marx, 31 de agosto de 1858 – 3 de septiembre de 1858

No podemos dejar este tema sin mencionar una flagrante contradicción interna en la que incurre el gobierno británico, que se precia hipócritamente de cristiano y especula con la civilización. En sus atribuciones de gobierno imperial, finge no tener nada de común con el contrabando del opio e incluso concierta tratados que lo prohíben. Mas, en sus atribuciones de gobierno indio, impone la producción del opio en Bengala, con gran detrimento de las fuerzas productivas de este país; obliga a una parte de los ryots indios a cultivar la adormidera; seduce a otra parte a hacer lo mismo, concediéndoles créditos; no suelta de sus manos el monopolio cerrado de la producción de esta nociva droga; vigila, mediante todo un ejército de espías oficiales, el cultivo de la adormidera, su acarreo a determinados lugares, su condensación y la preparación del opio conforme a los gustos de los consumidores chinos, su embalaje en fardos especialmente adaptados a las conveniencias del contrabando y, finalmente, su transporte a Calcuta, donde se pone en venta en subasta pública por funcionarios públicos a especuladores, para pasar luego a manos de los contrabandistas que lo introducen en China. La caja, que le cuesta al gobierno británico unas 250 rupias, se subasta en Calcuta a un precio que oscila entre 1.210 y 1.600 rupias. Mas, insatisfecho de esa complicidad real, el propio gobierno británico, a su vez, participa hasta el presente en las pérdidas y ganancias de los comerciantes y armadores que se embarcan en la arriesgada operación de emponzoñar a un imperio. La hacienda india del gobierno británico depende, de hecho, no solo del comercio del opio con China, sino del carácter fraudulento de este comercio.