El pasado 31 de julio el gobierno de Donald Trump anunció una nueva lista de países a los que se les aplicaría un aumento de aranceles en sus exportaciones con destino a Estados Unidos, entre los cuales destaca Costa Rica con un arancel del 15%, uno de los más altos de toda América Latina. Esta medida representa una nueva agresión imperialista de EE. UU. sobre la soberanía nacional de al menos 70 países y tiene como objetivo doblegar a los gobiernos de los países afectados para obtener aún más beneficios para los intereses gringos, así como presionar a los capitales exportadores al mercado gringo para que trasladen sus inversiones a Estados Unidos.
¿Qué son los aranceles y por qué Trump está obsesionado con ellos?
Un arancel, es importante recordar, es un impuesto que se aplica a los bienes y servicios que se importan o exportan entre países. En este sentido, un aumento de los aranceles de EE. UU. a algún otro país (por ejemplo, a Costa Rica) significa que las exportaciones hechas desde ese país a EE. UU. tienen que pagar un impuesto adicional aparte del precio del producto como tal.
Así, Donald Trump, desde que inició su segundo mandato a inicios de 2025, aprovechándose del hecho de que una gran cantidad de países exportan a Estados Unidos (que sigue siendo el mercado más grande del mundo), ha utilizado el aumento de aranceles como una medida para intimidar y amenazar a terceros países de tal manera que hagan y deshagan tal y como lo desea Trump según sus intereses y los intereses del imperialismo gringo.
¿Cómo afecta esto a Costa Rica?
En relación con Costa Rica, ya en el pasado abril de 2025 el país había sido incluido en una lista de países a los que el gobierno de Trump impondría un arancel de un 10%, pero tal arancel nunca se aplicó a la espera de que el gobierno de Costa Rica negociara con el gobierno de Trump la exclusión de Costa Rica de esa lista o de futuras – si es que lo ofrecido por el gobierno de Costa Rica satisfacía las ambiciones del imperialismo gringo.
Evidentemente, los ofrecimientos sumisos del gobierno de Rodrigo Chaves (entre los que destacan el recibimiento de migrantes ilegalmente deportados desde EEUU, la entrega del mercado del 5G a monopolios gringos, entre otros) no fueron suficientes, y no solamente Costa Rica no fue excluida de la susodicha lista, sino que, también, el arancel correspondiente a Costa Rica aumentó en comparación a lo que se había propuesto en el pasado abril, siendo uno de los países con aranceles más altos en todo el subcontinente latinoamericano.
Los efectos esperados del nuevo arancel gringo a las exportaciones hechas desde suelo costarricense son: 1) el estancamiento del crecimiento EE. UU. la inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica e, incluso, su posible reducción (es decir, posibles cierres de empresas extranjeras en el país), lo cual implicaría la no creación de nuevos empleos a partir de IED o la destrucción de empleos ya existentes, un efecto que puede ser significativo si se toma en consideración la dependencia en la economía de Costa Rica de la IED gringa; 2) la reducción en ventas de empresas nacionales que exportan a EEUU, que también podría implicar la destrucción de empleos ya existentes; y 3) la entrega de aún mayores beneficios ya sea para las inversiones gringas y/o el gobierno de Trump, acorde con la actitud sumisa del gobierno de Rodrigo Chaves hacia el imperialismo gringo.
Por lo tanto, esta política de aumento de aranceles por Donald Trump es, sin lugar a duda, una agresión imperialista por parte de un gobierno (como el estadounidense) que sabe que puede doblegar a su antojo a los gobiernos de otros países bajo la amenaza de reducción de ventas y pérdida de empleos, dado que las economías de los países amenazados dependen en gran medida de la economía del país amenazador.
¿Y cómo han reaccionado el gobierno de Rodrigo Chaves y el gran empresariado nacional?
Ante esta agresión imperialista, la estrategia del gobierno de Rodrigo Chávez para lidiar con las amenazas de aranceles ha sido ceder ante las exigencias del imperialismo gringo sin poner resistencias, bajo el pretexto de que no hay otra opción para que no nos golpeen tan fuerte con los impuestos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el gobierno cedió ante varias exigencias del gobierno de Trump y ni aun así Costa Rica se salvó de la imposición unilateral de aranceles. Al contrario, después de ceder y arrodillarnos, nos impusieron un arancel incluso más alto del que originalmente nos iban a poner. Así, podría decirse que, opuesto a lo que afirma Rodrigo Chaves, lo que se ha aprendido del fracaso de la estrategia del gobierno es que, entre mayor sea la sumisión y la entrega al imperialismo gringo (comandado por Trump), mayor será el golpe que nos dará.
Por otra parte, el gran empresariado en Costa Rica ha reaccionado ante el anuncio de los aranceles no con un llamado a la defensa de la soberanía nacional, sino con un chantajismo que busca aprovechar el momento para exigir la profundización de los ataques contra la clase trabajadora y el pueblo en general, y aumentar aún más la explotación capitalista. Así, las algunas de las cámaras empresariales más importantes han afirmado que, para afrontar los aranceles gringos, es necesario aprobar el proyecto de las jornadas 4×3 (el cual implicaría trabajar más por un pago menor), privatizar la electricidad (vendiendo el ICE o desmantelándolo) y reducir o eliminar las “cargas sociales” (es decir, los derechos a la salud y a la pensión de las personas trabajadoras, entre otros).
De este modo, en su afán por “aprovechar” el momento, el gran empresariado ha dado a entender que estos aranceles “obligarán” a reducir salarios, quitar derechos laborales, privatizar empresas públicas, etc. Sin embargo, eso es mentira, porque la riqueza que ya de por si produce la clase trabajadora en Costa Rica sería suficiente (incluso con los aranceles) como para aumentar los salarios e incrementar la inversión en energía, salud, educación, vivienda y transportes, etc., todo al mismo tiempo; pero interés el interés del gran empresariado nacional por aumentar la explotación laboral en Costa Rica y acumular aún más riqueza, les lleva a intentar engañar al pueblo trabajador con tales cantaletas.
En realidad, ni el gobierno de Rodrigo Chaves, ni el resto de la “oposición” burguesa en la asamblea legislativa, así como tampoco el gran empresariado nacional, tienen interés alguno en defender nuestra soberanía, porque igualmente que se benefician de los negocios multimillonarios que el imperialismo gringo tiene en Costa Rica como socios secundarios. Y, en actitud muy lejana a la defensa de la soberanía costarricense, el gobierno de Chaves y el gran empresariado nacional buscan trasladar el costo de los aranceles a la clase trabajadora y al pueblo en general, ya sea cediendo sin resistencia a las exigencias del imperialismo, profundizando la privatización de servicios públicos o con políticas que profundizan la explotación capitalista, entre otros.
¿Cuál es la única forma de resistir estos ataques del imperialismo?
Por todo lo anterior, es necesario afirmar que solamente la clase trabajadora -liderando al conjunto del pueblo- puede enfrentarse a esta afrenta imperialista sobre nuestra soberanía y nuestros derechos. Para ello, la clase trabajadora tiene que organizarse políticamente con independencia del gobierno, de los partidos del establishment y del gran empresariado para poder elaborar un programa político con políticas orientadas al desarrollo local y a la satisfacción de las necesidades sociales más imperantes, así como a la expansión de la necesaria revolución socialista que requiere no solamente Centroamérica y Latinoamérica, sino también el mundo entero.
Una de esas políticas que la clase trabajadora puede impulsar es el establecimiento de impuestos progresivos a los sectores exportadores con mayor dinamismo de crecimiento (sean ya empresas de zona franca o no, nacionales o extranjeras), para usar esos fondos en la creación de créditos baratos para la pequeña y mediana producción agrícola e industrial, de tal manera que la desigualdad entre el sector exportador y la zona francas, por un lado, y la economía local, por el otro, se vaya cerrando y para que, de esta manera, se creen mejores y más empleos, siendo que la gran mayoría de empleos en Costa Rica corresponden a empresas locales que producen para el mercado local.
Asimismo, otra de esas políticas que la clase trabajadora debe impulsar independientemente es la expropiación de los principales sectores económicos (incluso de aquellos que actualmente están en manos de empresas extranjeras) y la planificación de la economía orientada a la satisfacción de las necesidades sociales por encima de los intereses privados de acumulación de riqueza, lo que haría inefectivas las amenazas imperialistas de eventuales aumentos de aranceles o de retiro de inversiones locales para ubicarlas en países con salarios más bajos, dado que los medios a través de los cuales nos chantajean, habrían desaparecido. Esta política, sin embargo, debe ser pensada no solo por la clase trabajadora en Costa Rica, sino por la clase trabajadora centroamericana en su conjunto, bajo el entendido de que Costa Rica hace parte de una región del mundo que sufre de una misma dominación imperialista estadounidense; y esa región es Centroamérica. Por lo tanto, para resistir y liberarnos del yugo imperialista estadounidense, no basta con arrancar las cadenas con las que nos atan nada más en un país u otro; esas cadenas deben ser arrancadas en la región en su conjunto.