El 28 de julio del año en curso el Plenario Legislativo aprobó el segundo presupuesto extraordinario que se tramitaba bajo el expediente 22080 y que contenía una rebaja en el gasto de las instituciones para redireccionar dichos recursos a la atención de la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19.
El recorte neto aprobado fue de ₡195 mil millones, aunque la intención real del Ministerio de Hacienda era un recorte por ₡328 mil millones. Donde parte de las justificaciones para realizar estas reducciones se basa en la caída de los ingresos tributarios, que oscilan entre el 1,87% al 4,11% del PIB (o sea, alrededor de ₡1 billón a ₡4 billones), lo que haría que la deuda ascienda al 71% del PIB.
¿Qué implican esas rebajas?
- Obliga a todas las instituciones del estado a eliminar o congelar plazas vacantes, el no pago de horas extras y compensación por vacaciones, lo que agrava el desempleo, aumenta el recargo de labores de los funcionarios y violenta derechos básicos de los trabajadores.
- Subejecución de un 10 al 15% de las instituciones públicas, o sea, del presupuesto asignado a estas entidades, no se puede tocar ese porcentaje para ser desviado a la contingencia de la pandemia, que al fin y al cabo se traduce en un mayor desfinanciamiento para estos organismos.
- Recorte de más de ₡5 700 millones a las asociaciones de desarrollo, las cuales son una base de ayuda comunitaria importante.
- Una cuarta parte de los recortes contempla reducciones al Ministerio de Educación, lo que conlleva la afectación de nombramientos o prórrogas, menos presupuesto a las Juntas de Educación, ningún avance en la infraestructura. A parte de recortes previos realizados al sector público.
- Se tocan varias partidas, como la transferencia de ₡48 mil millones del FEES, lo que evidentemente continúa con el desfinanciamiento sistemático a la educación superior.
- Además de todo lo anterior, este paquete incluye una operación crediticia con el BID y la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD) para pago de la deuda, entonces de manera descarada el gobierno miente al decir que con este plan no se incurre en mayor endeudamiento. Así también se insiste en dar prioridad al pago de una deuda usurera.
Por otro lado, aunque 89 mil millones de colones vayan destinados para poder otorgar unas 200 mil solicitudes al Bono Proteger, continúa siendo una medida paleativa a medias, pues ₡75 mil no representan un verdadero sustento para una familia por los 4 meses que llevamos en esta crisis sanitaria y mucho menos para solventar todo lo que falta. Pues si hubiera un interés genuino en minimizar los efectos de la pandemia en los sectores más vulnerables, las salidas fueran otras.
Al mismo tiempo, ₡42 mil millones serán utilizados para fortalecer las finanzas de la CCSS, lo cual no hubiera sido necesario si los empresarios más ricos del país pagaran sus deudas a esta institución y continuaran haciendo su respectivo aporte obrero patronal e incluso como medida solidaria hubieran aumentado dicho porcentaje. Pero más bien disminuyeron dicha cuota. Así también los sectores de la salud privada se mantienen al margen de la situación.
¿Y la posición del Frente Amplio?
El diputado que representa a este partido en la Asamblea Legislativa, José María Villalta, votó a favor de este desfinanciamiento auspiciado por el gobierno y la UCCAEP, así como también había votado a favor del despido y reducción de la jornada a los trabajadores del sector privado al inicio de esta crisis. Por lo tanto, queda muy claro de qué lado están y en los hechos siguen cogobernando con Carlos Alvarado. Lo cual tratan de ocultar con discursos populistas en contra de los recortes y la posición proempresarial de Alvarado, pero cuando toca ponerse del lado de los trabajadores, traicionan al pueblo y se muestras fieles a sus verdaderas intenciones de tomar las migajas para mantener curules y puestos en el gobierno.
Por eso, en vez de apoyar estas iniciativas que pretenden la protección a toda costa de las ganancias de los grandes empresarios con mayores exoneraciones en el pago de impuestos, el Partido de los Trabajadores insiste en que esta situación tan angustiosa que vive la clase trabajadora del país y del mundo puede tomar otro rumbo. Pues con una cuarentena real que paralice los servicios no esenciales y el pago completo a todos los trabajadores, junto con subsidios para los desempleados y los pequeños negocios, permitiría la disminución exponencial de casos que se han venido dando en los últimos meses. Así como el fortalecimiento de la CCSS y los servicios de salud pública. Todo esto a través de gravar con impuestos a las grandes riquezas y el cese del pago de la deuda que consume casi la mitad del presupuesto nacional.
Junto con esto es necesario la organización de toda la clase trabajadora para exigir y avanzar en la defensa de nuestros derechos y detener la ofensiva en los ataques que se han intensificado, aprovechándose de la situación actual.
