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Cobro del marchamo afecta a los que menos tienen para asegurar pagos de la deuda

La semana pasada se anunció el veto del presidente a la ley para rebajar el marchamo. Una de las primeras consecuencias tiene que ver con el hecho de que las grandes empresas se le reducirá el cobro debido a una disminución en el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA). No obstante, para los vehículos particulares, el SOA incrementó 4,6%, por lo que el marchamo será más costoso.

Previo al veto, los diputados habían aprobado una ley que en apariencia buscaba una rebaja en el cobro de este monto. Según el mandatario, se tomó la decisión de vetar la ley bajo el pretexto de que dicha normativa crearía un hueco en las finanzas públicas que lo terminarían pagando todos los costarricenses, incluidos aquellos que no tienen vehículo.

De acuerdo con Carlos Alvarado, la medida inicialmente aprobada en la Asamblea Legislativa “enviaría a los mercados un mensaje negativo que pondría en riesgo la estabilidad económica del país». El mandatario manifestó que tal rebaja va en contra de los propósitos del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De inmediato, los diputados de diferentes fracciones de oposición pegaron el grito al cielo colocándose en una posición crítica al gobierno de Alvarado; ellos y ellas se autoproclaman defensores del pueblo y aprovechan para destacar el accionar autoritario del presidente.

A simple vista, la ley de los diputados podría verse como algo positivo, máxime tomando en cuenta el justificado malestar del pueblo trabajador que ya no aguanta más ataques a sus condiciones de vida y estaba a favor de un rebajo. Pero si se observa la letra menuda de este proyecto, los ricos siguen sin asumir los costos de la crisis, porque esa ley más bien le rebajaba el marchamo a los vehículos de lujo cuyo valor fiscal es de 15 millones.

La preocupación central de los diputados no era que el marchamo le saliera más barato a las mayorías trabajadoras, pese a que usaran ese argumento para empatar con ese sentimiento de disconformidad. Lo que se buscaba en el fondo era que los vehículos de lujo y los grandes transportistas no se les rebajara ni un cinco. Por eso consideramos que el proyecto original de rebaja tampoco favorecía a los sectores populares.

¿Qué significa el veto presidencial a la rebaja del marchamo?

Los usuarios del transporte público, los propietarios de motocicletas y vehículos de bajo valor fiscal necesitan un respiro entre tanta crisis económica, pero para los políticos burgueses eso no está en su lista de prioridades. Tanto el veto presidencial como el proyecto de los diputados, buscaban que los ricos, dueños de autos de lujo, no sufrieran ninguna afectación.

Para los grandes autobuseros el veto es una medida que los beneficia porque cuentan con enormes privilegios y ganancias acumuladas producto de las concesiones privadas que reciben. Este era el momento para que tanto los diputados y el presidente impusieran un aumento significativo a este sector, pero con la garantía, claro está, de que no se trasladaran los costos sobre los miles de usuarios del transporte público.

El veto a la ley impulsado por el Poder Ejecutivo forma parte de la ofensiva antipopular de los últimos cuatro años. La pandemia significa enormes sacrificios, pero solo para la clase trabajadora, por lo cual este nuevo aumento representa otra forma de desangrar a los que menos tienen.

Si bien el INS no reveló cuánto es el monto que percibirán, sí dijo que superará los 218 mil millones de colones, de los cuales un 65% se le girarán al Ministerio de Hacienda ¿Y a dónde irán a parar esos dineros provenientes del pago del marchamo? No van a inversión en obra pública, ni en subsidios de desempleo o fortalecer el bono proteger.

Esos ingresos producto del derecho de circulación serán para seguir pagando la usurera deuda pública y así continuar engordando los bolsillos de los acreedores privados y los organismos financieros internacionales. Mientras esto ocurre, 3 mil familias no podrán tener vivienda debido al recorte de 34 mil millones de colones al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) mientras.

Nuestra postura es en contra del veto porque una vez más los ricos siguen sin pagar los impuestos de acorde a sus ingresos y más bien le aumenta al pueblo trabajador. Esto no significa de ninguna manera que exista un respaldo a esos diputados defensores de los grandes ricos que también están a favor de recargar los costos de la crisis sobre nuestra clase.