Rodrigo Chaves y su supuesto plan para rescatar a la CCSS
En los últimos meses, el presiente Rodrigo Chaves y gabinete se encuentran realizando una supuesta cruzada para rescatar a la Caja, en la lógica del gobierno la institución está quebrada producto de años de saqueo por parte de las gerencias y los sindicatos, y es necesario que el gobierno realice una serie de cambios de urgencia.
La crisis política del gobierno con la CCSS tuvo su punto de quiebre cuando se enfrentó con la junta directiva al ésta aprobar un aumento salarial de 7500 colones a cada persona trabajadora de la institución, aumento que se había detenido al iniciar la pandemia, y que una vez finalizada la emergencia, las dirigencias sindicales reclamaron con mucha razón.
Chaves no solo se enfrentó a esa decisión, si no que realizó una ofensiva contra todos los directivos, resolviendo la destitución desde el Consejo de Gobierno y cambiando desde la presidencia hasta las representaciones de sectores como el sindical, el cooperativo y hasta el del sector empresarial, destituciones que meses después la Sala Constitucional dictamino como ilegítimas.
Al parecer la embestida del presidente, no obedece simplemente a la diferencia por el aumento salarial, si no que está en medio de una discusión sobre la cantidad de dineros que le adeuda el gobierno central a la institución, y una agresiva política que impulsa el presidente para privatizar y tercerizar servicios.
Chaves y su ministro de hacienda no solo se niegan a pagar la deuda que tiene el gobierno con la caja, si no que se niegan a reconocer las cantidades que por años han sido de conocimiento público, ellos manejan un discurso que hay mucho desorden y por lo tanto no van a pagar las deudas que “no saben bien de que son”.
Esta situación es muy peligrosa, porque el presidente se atiene a que hay un gran apoyo popular en su gestión, para buscar meter mano a una institución que representa un negocio muy jugoso para un sector de los empresarios que invierten en el negocio de la salud privada, por eso hoy surgen con mayor fuerza las ideas de privatizar y tercerizar servicios, poniendo a empresas privadas a atender pacientes de la Caja y cobrando enormes montos a la seguridad social.
La enorme deuda del gobierno con la CCSS
En el gobierno de Rodrigo Chaves y en los anteriores del PAC y el PLN se han profundizado los recortes en gasto social para favorecer el pago de los préstamos de la deuda pública, muchos de esos préstamos son verdaderamente usureros y se le están pagando a empresarios locales y a organismos financieros regionales y mundiales como el BCIE, el Banco Mundial y el FMI.
Dentro de esa lógica, los diferentes gobiernos decidieron que era mejor pagar la deuda usurera que pagar sus obligaciones con la CCSS, generando un grave daño a la institución que debe velar por la salud del pueblo trabajador y pobre, esos pagos llegaron a su punto más bajo en el primer año del gobierno de Rodrigo Chaves.
Hoy los datos apuntan a que el gobierno le adeuda 3 billones de colones a la Caja, lo que genera un enorme déficit en la atención de salud, compra de equipos, contratación de personal, en resumen, lo que representa es dolor, sufrimiento y muerte entre la población más pobre del país.
Chaves se pavonea que su gobierno está pagando aceleradamente la deuda pública, pero no explica que casi la mitad de toda la plata del gobierno la usa para pagar intereses de la deuda (un 46%) pagando casi 6 billones de colones al año solo en eso, mientras descuida los enormes problemas que tiene el pueblo en inversión en empleo, salud, vivienda, educación, tierra, etc.
Quienes trabajan en la CCSS siguen en la primera línea
Las y los trabajadores de la Caja como si el heroísmo mostrado durante la pandemia no fuera suficiente, se han puesto a la cabeza de la defensa de esa institución, de los planes del gobierno de continuar desfinanciando y privatizando la institución.
Pese a tener sus salarios y plazas congeladas, y pese a haber visto destruido su derecho a hacer huelga legal, este año se han realizado varias movilizaciones donde han participado miles de personas con el objetivo de evitar que el gobierno actúe a sus anchas, en la más reciente movilización realizada a inicios de julio, más de 4 mil personas se sumaron a un movimiento de presión contra el gobierno para que pague su deuda con la institución, en contra de la aplicación de la ley de empleo público en la institución y exigiendo la renuncia de la presidenta ejecutiva Martha Esquivel.
Quienes laboran en la Caja, han visto como sus movimientos de lucha han sufrido ataques públicos por parte del mismo presidente de la república, quien busca ridiculizar a las organizaciones sindicales, lanzando ofensas y cuestionando su respeto por la salud de las personas usuarias y lealtad a la institución, mientras reciben amenazas de rebajos salarias y apertura de procesos disciplinarios por parte de la presidenta ejecutiva.
Las mujeres trabajadores y pobres sufren la peor parte
Es claro que en la actualidad los servicios de salud de la CCSS no son universales, ya que existe una enorme cantidad de personas desempleadas, en trabajos precarizados o directamente en la informalidad que no tiene condiciones para acceder a la salud pública, mucho menos la privada.
En la actualidad más mujeres tienen una tasa de participación laboral muy baja, solo un 41.6%, lo que significa que la gran mayoría de mujeres en edad de laborar no está accediendo a un empleo que le permita tener por un ingreso económico y un seguro de salud.
A inicios de 2023 había 195 mil personas esperando ser atendidas, de esas solo para la espacialidad de mamografías había 50 mil mujeres.
Esos datos se refieren a las personas que tiene seguro, ya que hay miles que no logran siquiera poner su nombre en la espera de diagnóstico y tratamiento.
Por otro lado, es claro que, ante el desfinanciamiento de los sistemas de salud, los recortes en servicios específicos para mujeres como ginecología, mamografías, obstetricia, así como a atención integran en salud sexual y reproductiva sufren en inversión y calidad.
Nuestro programa para defender a la Caja
La política de las autoridades de la CCSS, el gobierno y los diputados sigue siendo la de hipotecar el futuro de las finanzas destinadas a salud con una deuda pública cada vez más creciente y que no alcanza para cubrir todas las necesidades del sistema.
Además, mientras lanzan saludos o reconocimientos formales al personal de salud lo someten a políticas de precarización laboral como la tercerización de servicios, la sobre carga laboral, la reducción de derechos o la inestabilidad laboral.
Para eso, desde la clase trabajadora debemos discutir la necesidad de construir un programa en defensa de la Caja, y por eso desde el PT proponemos luchar por:
- La suspensión inmediata de los pagos de deuda pública para dotar a la CCSS de un presupuesto que garantice todas las necesidades del sistema de salud público sin mayor endeudamiento.
- Nacionalización sin indemnización de los grandes negocios de la salud privada, para contar un sistema de salud único y centralizado que ponga toda la infraestructura y el personal al servicio de la protección de la vida en la atención de la emergencia, así como para atender todo el rezago en materia de prevención y atención en salud que se viene postergando en medio de la pandemia.
- Acceso universal al sistema de salud público incluso para todas aquellas personas que hoy no pueden pagar un seguro.
- Cárcel y expropiación a los dueños de las grandes empresas que se mantienen morosas con la CCSS o que aplican medidas para evadir la seguridad social como la subcontratación o la tercerización.
- Condiciones dignas para todo el personal de salud derogando la Ley de Empleo Público y todas aquellas leyes que han precarizado sus condiciones de trabajo, reduciendo la sobrecarga laboral que arrastran y respetando sus derechos laborales más básicos como jornadas de trabajo, descanso o vacaciones.
- Reconocer el pleno derecho de huelga del sector salud con un plan mínimo de servicio, de forma tal que puedan luchar por mejores condiciones laborales y por la defensa del sistema de salud públicos.
- Incremento de los recursos destinados a los servicios de atención psicológica y psiquiátrica, que permitan atender las afectaciones a la salud mental que aumentaron después del paso de la pandemia.
- Por un plan de emergencia para atender necesidades en materia de derechos sexuales y reproductivos, que cada vez son más desatendidas provocando un severo impacto especialmente sobre las mujeres.
