El pasado lunes 23 de septiembre, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó más de 28 allanamientos, investigando uno de los mayores escándalos de corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en los últimos tiempos.
La acción se originó a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Interna de la CCSS, que advirtió que la Junta Directiva tuvo injerencia en la adjudicación de 138 EBAIS y 10 áreas de salud con un enorme sobreprecio a las empresas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco , lo que implicaría un “robo” de 12 400 millones de colones anuales durante 10 años. Se estimó que con esos dineros se podrían construir unos 300 EBAIS en todo el país.
Las operaciones de la fiscalía resultaron en la detención de ocho personas, todas representantes del Estado (nombradas por el presidente Rodrigo Chaves) y del sector patronal (nombradas por la UCCAEP). Entre las personas detenidas destaca Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS y una figura clave del gobierno de Chaves.
La reacción del gobierno fue una respuesta de total respaldo a la dirigencia de la CCSS, utilizando argumentos cínicos y con el fin de confundir, sin hacer referencia a la gran evidencia que existe y que claramente indica que utilizaron los recursos de la CCSS para favorecer sectores cercanos al gobierno. No se debe perder de vista que el sector cooperativo se sumó a la defensa pública de la “Ley Jaguar”.
Ante estos sucesos, desde el Partido de la Clase Trabajadora queremos plantear algunos puntos para la reflexión de las personas trabajadoras y sus organizaciones, ya que este escándalo es parte de un proceso sistemático de privatización y saqueo de la seguridad social en el país.
1. Cambiar la forma de gobierno de la CCSS
La clase trabajadora debe asumir el control de instituciones como la CCSS. La realidad ha demostrado que la clase empresarial solo ve en estas entidades una fuente de negocio y enriquecimiento personal.
En los últimos años, varios presidentes de esta institución han sido encarcelados o condenados, y las detenciones recientes confirman que el saqueo está encabezado por representantes del gobierno y las cámaras empresariales.
Es necesario establecer un control efectivo por parte de las personas trabajadoras de estas instituciones, así como de la comunidad en general, eliminando los nombramientos políticos y empresariales que han facilitado su destrucción desde dentro.
El gobierno de estas instituciones debe ser ejercido democráticamente desde la base, con funcionarias y funcionarios electos por sus pares y con capacidad de revocación inmediata. Asimismo, debe haber representación de las comunidades, con plenos poderes de ejecución, supervisión y gobierno, enfocándose en los intereses de las personas usuarias, no en los de la industria médica o el negocio de la salud.
Esa forma de control, debe aplicarse tambíen en otros sectores clave, como el ICE, RECOPE, AYA, la educación pública, etc.
2. Revertir la privatización
Es necesario impulsar un proceso de recuperación de todos los servicios de salud que han sido privatizados o tercerizados en la CCSS. La privatización solo beneficia al sector empresarial, que lucran vendiendo servicios, mientras las condiciones laborales del personal de salud empeoran, afectando gravemente a las personas usuarias.
Se debe avanzar en la eliminación de todos los acuerdos de privatización y tercerización de servicios, incorporando bajo planilla de la CCSS a todas las personas que hoy trabajan de manera tercerizada.
Asimismo, el negocio de la salud debe ser controlado por el Estado, centralizando todo el sistema de salud para garantizar el uso eficiente de los recursos técnicos y de atención que existen en el país. La salud debe estar al servicio de quienes la necesitan, no de quienes puedan pagarla.
La clase trabajadora debe enfrentar los falsos argumentos que salen en estos días desde La Nación, el ex presidente de la CCSS Alvaro Ramos y el Ex Presidente Miguel Angel Rodríguez, que indican que el modelo de concesión y tercerización es bueno y solo faltan algunos ajustes “éticos”, argumentos que son completamente falsos y se caen por su propio peso cuando se entiende que más bien son la principal fuente de corrupción, mientras que el gasto es mayor y en detrimento de las condiciones de trabajo.
3. Enfrentar la deuda con la CCSS: Cárcel para patronos deudores y para el Ministro de Hacienda
Debe implementarse un plan para perseguir a las grandes empresas deudoras de la CCSS. Cada millón adeudado a la seguridad social es una afrenta contra la sociedad, que sufre las consecuencias de listas de espera, falta de especialistas, medicamentos y equipos médicos.
Lo mismo aplica al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien bajo las ordenes del presidente Rodrigo Chaves se ha negado a transferir los fondos de la abultada deuda del Estado con la CCSS, que supera los 3.7 billones de colones. Esta negativa es un crimen de lesa humanidad y debe ser sancionada con todo el rigor posible.
Otros aspectos para la discusión
Queremos destacar la importancia fundamental de las organizaciones sindicales, no solo en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras en estas instituciones, sino también en la protección de los recursos públicos. Los sindicatos han estado a la vanguardia en la lucha contra el saqueo institucional.
No podemos olvidar el papel crucial que jugaron los sindicatos del ICE en la lucha contra el «Combo del ICE» hace 24 años, o su participación en otras luchas han defendido los puertos, el AyA y la educación pública.
En sectores donde la falta de sindicatos es evidente, como en las plantaciones o la gran industria, el empresariado explota a la clase trabajadora y facilita la corrupción, el narcotráfico y la destrucción ambiental.
Finalmente, hacemos un llamado a no confiar en la Fiscalía General ni en el Poder Judicial. Estas instituciones, creadas por la misma clase empresarial, han permitido que casos de corrupción en la misma CCSS, como los de Eduardo Doryan, Eliseo Vargas o Ileana Balmaceda, queden impunes o reciban condenas irrisorias en comparación con el daño causado. Esa realidad se apoya en las voces que apoyan al gobierno y piden un trato distinto para Marta Esquivel, sostienen descaradamente que debe haber un trato distinto para las personas ricas y vinculadas al poder, que a las personas pobres.
