Movimiento Sindical

Desde el PT condenamos la persecución contra Albino Vargas

Durante la primera semana de mayo el juzgado penal del I Circuito Judicial de San José ordenó la apertura de un juicio contra Albino Vargas Barrantes Secretario General de la ANEP, por el delito de “Instigación Pública”.

El juicio se ordena después de un proceso que inició en el año 2019, cuando la abogada derechista Gloria Navas Montero acusó a Albino del delito de Instigación pública, a esa denuncia se le sumaron el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, quienes además pretenden cobrar dinero a Albino por medio de una acción civil.

La denuncia se fundamenta en las palabras de Albino Vargas habría dicho en una reunión realizada en la Conferencia Episcopal donde participaban diversos sectores sociales en setiembre de 2019, en ese espacio Vargas hizo un llamado a un gran paro nacional, con el corte de varias rutas de importancia nacional y fronteras, con el fin de presionar al gobierno y frenar los ataques que impulsaba el Gobierno contra los trabajadores públicos y el pueblo en general en aquel momento.

Por hacer ese llamado a la lucha, hoy Albino Vargas es perseguido por un delito que podría llevarlo hasta 4 años preso según lo establece el Código Penal.

A pesar de las enormes diferencias y críticas, debemos rechazar la persecución que en este caso se dirige específicamente contra Vargas, pero que de fondo constituye un ataque más al derecho a luchar y a organizarse  por parte del pueblo trabajador.

En repetidas ocasiones desde el Partido de los Trabajadores hemos criticado a Albino Vargas por su rol burocrático y desmovilizador en la ANEP y en el conjunto del movimiento sindical.

Albino aniquiló la democracia dentro de la ANEP para mantenerse en su puesto de privilegio, y en repetidas ocasiones producto de su política de concertación y desmovilización, apostando al método de las mesas de diálogo impulsadas por el Gobierno, ha llevado a profundos ataques principalmente dirigidos a la fuerza laboral del sector municipal; además de forma continua ha sido un  freno ante la unidad del movimiento sindical.

Incluso en el año 2013 Albino Vargas demandó penalmente a la dirigente del PT Laura Morúa, aplicando exactamente el mismo método del que hoy es víctima,   intentó cobrarle la suma de 20 millones de colones por las exigencias públicas de un sindicato democrático al servicio de la lucha  que la compañera manifestó durante una entrevista televisiva en plena campaña electoral de la ANEP, pese a eso, hoy rechazamos su persecución.

La persecución judicial contra Albino es parte de una escalada represiva que se ha mantenido en aumento durante todo el gobierno de Carlos Alvarado, hoy además de Albino cientos de luchadores y luchadoras mantienen procesos penales abiertos por su participación en  diversas huelgas, cortes de ruta, ocupaciones campesinas y demás procesos de lucha en todo el país.

Los errores y traiciones que Albino haya cometido como dirigente sindical burocrático deben ser cobrados por las y los afiliados a la ANEP, no por medio de la persecución y represión por parte del Estado.

Desde el Partido de los Trabajadores, creemos que fue correcto el llamado que hizo Albino en el año 2019, y es correcto hacerlo ahora, ya que la clase trabajadora y el pueblo pobre, tiene el derecho legítimo de protestar contra los gobiernos, y más bien es obligación de los dirigentes sindicales y de los trabajadores, hacer llamados a la lucha y al enfrentamiento en las calles de los ataques que la clase dominante y sus gobiernos ejecutan permanentemente contra el pueblo pobre.