Recientemente el Ministerio de Hacienda reconoció aún con la aprobación de la Reforma Fiscal en diciembre del 2018 el déficit fiscal de Costa Rica siguió en aumento durante el I semestre de 2019.
Pese a la ola de recortes que se han aplicado y al aumento de los impuestos para los más pobres con la entrada del IVA, la deuda que el país mantiene con sus prestamistas sigue en crecimiento y hace que la plata no alcance.
Hace más de una década que el mundo experimentó una de las más grandes crisis de la historia del sistema capitalista con la quiebra del sistema financiero de los Estados Unidos y Europa en 2008. La misma tuvo repercusiones en todo el mundo, nuestro país no fue la excepción.
Por aquellos años el gobierno de Óscar Arias optó por empujar los efectos de la crisis hacia adelante, implementando una serie de medidas que atacaban los derechos laborales y dejaban al Estado más endeudado. Esa deuda creciente y los intereses cada vez más altos que pagamos por ella hacen que los gobiernos y los empresarios busquen como cobrarle la crisis a la clase trabajadora.
El PAC en el gobierno ha sido un fiel continuador de esa política de entregar el país a prestamistas usureros y un verdugo con los más pobres.
Hoy en día el déficit y el endeudamiento siguen empeorando con un hueco presupuestario anual de 1.9 billones de colones (6% del Producto Interno Bruto) y una deuda que ya ronda los 17 billones de colones (53% del PIB)[1].
Esa deuda generada por los gobiernos pro empresariales pretenden que la paguemos los trabajadores, a través de impuestos como el IVA, la precarización laboral y los recortes a los servicios públicos y los salarios de los empleados estatales.
Su receta para la crisis nos hunde cada día más
El PAC en sus dos gobiernos ha buscado salvar a los grandes ricos mientras hunde y sacrifica a la clase trabajadora, tratando de mantener a flote su gobierno con más y más endeudamiento. Para esto ha aplicado una receta que combina varios elementos:
Recorte presupuestario para pagar la deuda
En el presupuesto aprobado para el 2019, del aumento de 1.6 billones que se hizo, 1.5 billones fueron destinados a cubrir el mayor endeudamiento del país. De 2018 a 2019 el servicio de deuda del país creció en un 52%, pasando de casi 3 billones a 4.66 billones de colones.
Si elimináramos el aumento para el pago de la deuda, el Presupuesto Nacional realmente creció solamente en un 0.8% con respecto al año 2018.
Impuestos para el pobre y exoneraciones para los capitalistas
El Plan Fiscal reduce la canasta básica al sacar productos y cobrarles 13% de IVA, aumenta el precio de las medicinas al cobrarle 2% de IVA y de la misma canasta al gravarla en su totalidad con un 1% de impuesto. Mientras tanto concedieron toda clase de privilegios fiscales para beneficiar a las grandes empresas, como la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Florida Bebidas entre otras.
La Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, reveló que la evasión y elusión (lo que dejan de pagar los empresarios) rondaba el 4,6% del PIB. En el 2018 el país dejó de percibir lo equivalente al 5,3% del PIB por exoneraciones a las empresas, es decir por todas aquellas leyes que les otorgan el derecho de no pagar impuestos como ocurre con las zonas francas.
Con solo esos rubros (exoneraciones, elusión y evasión fiscal) se podría cubrir e incluso sobrepasar el déficit fiscal actual.
Recorte en personal y salarios de empleados públicos
Los gobiernos de Solís y Alvarado avanzaron como ningún otro en recortar los gastos en salarios del sector público.
Para 2017 aprobaron un aumento salarial de tan solo 1.01% mientras que para 2018 el aumento fue de tan solo 3.750 colones. Por otro lado, recortaron el porcentaje de plazas vacantes a cubrir a un 25% y modificaron el carácter de la anualidad de modo que no genere un aumento real en los salarios de los empleados. También mantuvieron una ofensiva contra los derechos establecidos en las Convenciones Colectivas.
Nuestra economía dependiente sigue en picada
La economía de Costa Rica es dependiente de las potencias imperialistas como Estados Unidos. Esta relación económica se sostiene en un intercambio, donde se exportan pocos productos, como el café, el banano, la piña o la caña. A la vez se importan muchos productos de consumo y tecnología. Esto quiere decir que el país tiene un mercado débil, dependiente de lo que se importa y del dinero de las exportaciones. Esto nos hace muy vulnerables de las crisis en estos países.
Si esa dependencia se combina con la evasión de impuestos, los ingresos estatales se ven reducidos.
La economía del país nunca termina de recuperarse, porque cada vez está más endeudada y entregada a los usureros de la deuda. El efecto de los intereses de la deuda es del de una bola de nieve que no para de crecer, lo que la hace eterna e impagable.
De esta forma los países imperialistas, que además son los que compran bonos de deuda o los que dirigen los bancos internacionales, terminan aumentando su control sobre el país y la región. Para poder pedir más préstamos, el país debe adecuarse a las condiciones que presentan los acreedores. Recortar a la educación y salud, promover privatizaciones, aumentar impuestos o aumentar la edad de jubilación. Este programa termina siendo defendido por los empresarios del país, cuyos negocios son dependientes del imperialismo también.
Por eso las políticas que implementa el gobierno no se reducen a iniciativas propias, responden a directrices emanadas por organismos internacionales que elaboran políticas de sujeción para los países dependientes. Fue esto lo que ocurrió con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y es lo mismo que ha ocurrido con la aprobación del Plan Fiscal, el cual conforma un conjunto de políticas que atiende las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para seguir hipotecando cada vez más el futuro.
Pese a que el gobierno de Alvarado ha seguido las recomendaciones del FMI para gestionar la crisis presupuestaria del país y a que sigue impulsando nuevas medidas para mantener las ganancias de las empresas tales como la Educación Dual o la flexibilización del crédito de parte de la banca estatal, la crisis fiscal ha seguido agravándose.
Actualmente la crisis económica amenaza con volver a poner al país en recesión y debido a esto, los últimos tres años han sido los de menor crecimiento en la recaudación de impuestos desde el 2010 y con cifras record en desempleo y trabajo informal.
Esto indica que la “reducción del gasto”, pomada canaria del PAC y la burguesía está siendo insuficiente para frenar la crisis fiscal y que esta sigue agravándose por la misma necesidad de recurrir a más deuda.
Los ricos del país, representados por los políticos y los medios de comunicación, insisten en que la actual crisis fiscal es culpa de los trabajadores y del gasto público. Mientras culpan a los trabajadores del sector público y ponen a los del sector privado en su contra; ese mismo grupo de empresarios, políticos y medios de comunicación orquestan despidos masivos, evaden millones en impuestos, atacan al pueblo con políticas que aumentan el costo de la vida y sigue hipotecando al país con cada vez más y más préstamos.
[1] Proyecto de Ley Presupuesto Nacional 2019.
