El tema del referéndum y la Ley Jaguar se ha posicionado en las últimas semanas como un tema de discusión nacional de importancia, ya en algunos sectores de la clase trabajadora se empieza a discutir el tema.
El presidente Rodrigo Chaves ha vendido ese proyecto como la “pomada canaria” para solucionar una serie de temas país, que van desde la solución al crecimiento económico y desempleo, hasta la idea de llevar desarrollo a las provincias más pobres como Limón.
Recientes encuestas le dan más del 74% del apoyo al proyecto del referéndum, pero lo cierto es que la letra menuda del proyecto habla de otra cosa.
En concreto, la Ley Jaguar busca por un lado, quitarle controles a la Contraloría General de la República, para que solo pueda actuar cuando los gastos del Estado ya están hechos, en otras palabras, cuando el chorizo ya esté hecho. Por otro lado, busca permitir que empresas y bancos puedan hacer inversiones en terrenos del Estado, lo que permitiría que empresas privadas construyan grandes obras como la Ciudad Gobierno o la marina de Limón.
Lejos de llevar desarrollo a las comunidades, el presidente Chaves lo que busca es cómo abrir paso libre a las empresas constructoras y grandes inversionistas para que sigan haciendo negocio con dinero y terrenos públicos de la forma más cómoda, sin hacer concursos y con la garantía de que la contraloría solo podría intervenir en los negocios cuando ya estén hechos, cuando ya los dineros estén en cuentas de otros países sin posibilidad de recuperarse.
El modelo de desarrollo que impulsa el presidente es el del desarrollo de los negocios y las cuentas de grandes empresarios, uno que se ajusta al entreguismo de lo público, a la concesión de la obra pública y la tercerización y privatización de lo público sin controles.
El otro problema tiene que ver con la democracia que se supone que impulsa el presidente con el referéndum. La clase trabajadora debe ser contundente en rechazar los engaños burdos que quieren hacer los que están en el poder, como en este caso, teñir de muy democrático un proceso en el que la clase trabajadora no podrá decidir lo que se vota y las reglas del juego son impuestas.
La forma en que está planteado el referéndum es que la clase trabajadora solo tiene el derecho de votar por la agenda que se le pone en la mesa, solo por esos temas y sin posibilidad de plantear otros que realmente sí le podrían cambiar la vida, como un proyecto que aumente las pensiones y rebaje la edad de jubilación, una ley para aumentar los salarios mínimos y ajustarlos a los aumentos del costo de la vida, o incluso llevar a referéndum la gran necesidad de suspender los multimillonarios pagos de la deuda pública, y así poder usar esos dineros para construir casas para las cientos de miles de personas trabajadoras que no tienen, en mejorar la atención de las salud pública, la educación, cultura, deporte y todos los demás temas en los que urge invertir los dineros públicos. Eso sí sería desarrollo para la clase trabajadora.
