Por: Juventud PT
Recientemente el presupuesto para las universidades públicas fue negociado entre el gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Como se preveía, el presupuesto acordado responde a uno más de los ataques que viene ejecutando Carlos Alvarado, donde la educación no es parte de las prioridades en inversión y en su lugar se dan más beneficios a los grandes ricos de este país.
El FEES fue negociado con una serie de condiciones. En primer lugar, revisar la distribución que se hace a lo interno de las universidades, lo que pone en alerta sobre los recortes que ya quieren hacer a convenios como la Convención Colectiva de los trabajadores universitarios. En segundo lugar, quedó por escrito que las becas, las plazas nuevas, los ajustes salariales o la inversión en sedes y recintos regionales sufrirán un estancamiento importante.
Aunque se diga que el presupuesto recibió un aumento, en los hechos ese crecimiento responde a la inflación de alrededor de un 3% para el año 2019. El presupuesto acordado para el siguiente año corresponde a ¢512.781,51 millones y para la Universidad Técnica Nacional el monto será de ¢35.677,88 millones, siendo así que el incremento respecto al año 2018 (el FEES fue de ¢511 154 millones y para la UTN de ¢34 868 millones), responde al rubro de inflación y no a un crecimiento real que favorezca la educación superior pública. Llevamos años que el presupuesto no crece realmente, pero sí la demanda de estudiantes, las necesidades en infraestructura, el desempleo, la pobreza, entre otros.
Casi una década de negociaciones demuestran que la educación pública no juega un papel determinante para los gobiernos de turno. Desde el año 2010 se dejó de negociar el FEES como quinquenio (cada cinco años), lo que presionaba a que cada año se diera un crecimiento real a dicho presupuesto. Hoy la discusión pasa por si las finanzas públicas permiten o no invertir en educación. El desfinanciamiento es muy evidente, mientras gobiernos del PLN-PUSC-PAC-FA le apuestan a seguir pagando la deuda pública en lugar de invertir en escuelas, colegios y universidades del país.
Un ejemplo reciente es la distribución del presupuesto nacional, donde el rubro presupuestario del Instituto Nacional de Aprendizaje o la Red de Cuido entraron al paquete de la Educación Pública. Desde el gobierno de Laura Chinchilla se había aprobado llegar a un 8% del PIB pero seguimos lejos de alcanzarlo, y para colmo ahora se reparte este dinero en más instituciones, que genera menos dinero para cada una, es decir menos inversión en profesionales, congelamiento de salarios, menos becas otorgadas, menor inversión en infraestructura de escuelas y colegios… entre otra serie de consecuencias que venimos sufriendo y que ahora se incrementan, mientras se le perdonan 194 mil millones de colones en amnistía tributaria a grandes empresas.
Por otro lado, creemos que es de gran importancia denunciar la complicidad que han tenido las direcciones del movimiento estudiantil en toda esta serie de ataques a la educación pública. Las federaciones estudiantiles históricamente han cumplido un papel determinante para el movimiento social, ejemplos como ALCOA, el Combo del ICE o la lucha contra el TLC son ejemplo de ello.
En este caso, la última década se caracteriza por tener como aliados a las juventudes del oficialismo (PROGRE o ALTERNATIVA) a cargo de la dirección del movimiento estudiantil de la UCR, y que definitivamente lo han enterrado al punto que hoy no lucha por la defensa de la educación. Se hace más que necesaria la total independencia del movimiento en las universidades y discutir la necesidad del carácter combativo y de lucha, además de la democratización de los métodos asamblearios y sumarse junto con otros sectores del país en la defensa contra la guerra que nos tiene declarada el gobierno.
Desde la Juventud del Partido de los Trabajadores, creemos que es necesaria la más amplia unidad de los sectores que luchan por la defensa de la educación. Creemos en la necesidad de radicalizar los métodos de lucha y llamar a espacios de discusión sobre un programa unitario, tales como un Encuentro Nacional de Luchadores que redirija en su conjunto al movimiento social que cada vez se muestra más descontento. Hacemos un llamado a la exigencia por el No Pago de la Deuda, mecanismo de sometimiento a una crisis que nosotros no generamos, pero sí los grandes empresarios y gobiernos neoliberales.
–
Un ejemplo reciente es la distribución del presupuesto nacional, donde el rubro presupuestario del Instituto Nacional de Aprendizaje o la Red de Cuido entraron al paquete de la Educación Pública. Desde el gobierno de Laura Chinchilla se había aprobado llegar a un 8% del PIB pero seguimos lejos de alcanzarlo, y para colmo ahora se reparte este dinero en más instituciones, que genera menos dinero para cada una, es decir menos inversión en profesionales, congelamiento de salarios, menos becas otorgadas, menor inversión en infraestructura de escuelas y colegios… entre otra serie de consecuencias que venimos sufriendo y que ahora se incrementan, mientras se le perdonan 194 mil millones de colones en amnistía tributaria a grandes empresas.
Un ejemplo reciente es la distribución del presupuesto nacional, donde el rubro presupuestario del Instituto Nacional de Aprendizaje o la Red de Cuido entraron al paquete de la Educación Pública. En el gobierno de Laura Chinchilla se había aprobado llegar a un 8% del PIB para este rubro. Con esta movida el gobierno puede decir que se alcanzó ese 8% pero sin haber hecho un aumento real a la inversión.
Eso genera un estancamiento que llevará a menos dinero para todas las instituciones educativas, es decir menos inversión en profesionales, congelamiento de salarios, menos becas otorgadas, menor inversión en infraestructura de escuelas, colegios y universidades… entre otra serie de consecuencias que venimos sufriendo y que ahora se incrementan (al tiempo que se le perdonan 194 mil millones de colones en amnistía tributaria a grandes empresas). Se abre también un portillo para disminuir la inversión alegando que más bien estaríamos por arriba del mínimo exigido por ley.
