El pasado viernes Socialismo Hoy Digital entrevistó a Jhon Vega, del Partido de los Trabajadores, sobre las multas de la Ley de Migración que el gobierno ha anunciado que comenzará a cobrar.
Socialismo Hoy Digital: El gobierno de Luis Guillermo Solís manifestó que va a aplicar las multas de las leyes de migración. ¿En qué consisten estas multas que ustedes vienen denunciando?
Jhon Vega: La reforma de la Ley de Migración es una ley xenofóbica y vergonzosa, que en nada va a ayudar a regularizar la situación de los trabajadores migrantes.
La ley incluye 3 multas: 1) Una multa de $100 mensuales a los trabajadores que están en «situación irregular», 2) Una multa a quienes alojen trabajadores en «condición irregular y con fines de lucro» de 1 a 5 salarios base y 3) Una multa a los empresarios que contraten trabajadores en esta situación de entre 2 y 12 salarios base.
La multa de los $100 es una política que supuestamente va a presionar para que se regularicen estas personas, pero al contrario lo que va a ser es un obstáculo para esto.
Un trabajador que gane 35.000 o 50.000 colones en una semana jamás podrían pagar estas multas, y la opción que les dan es entonces que salgan del país, separando familias, haciendo que pierdan su empleo y su vivienda, etc.
SHD: ¿Qué efecto tendría la aplicación de esta multa?
Jhon Vega: Las multas van a empeorar la situación de la clase trabajadora.
Por un lado va a aumentar la informalidad en el trabajo, pues los empresarios van a tener una enorme herramienta de chantaje. Ya en el pasado han deportado a trabajadores en media lucha por sus derechos, y ahora con las multas va a ser mucho peor. Basta ver lo que pasó en la anterior huelga de la piñera en Santa Fé de Los Chiles, adonde usaron a migración como seguridad privada de la empresa.
Ninguna persona quiere estar en esta situación irregular. Son el exceso de trámites y el altísimo costo lo que lo hacen imposible. El gobierno y Migración saben muy bien que esto es así, pues sus propios estudios han sido concluyentes en esto.
Por otro lado estas multas van a aumentar la corrupción entre los funcionarios de migración y la policía, y su aplicación es violatoria de los derechos humanos, pues va a terminar separando familias, poniéndolas en situaciones imposibles con el pago desproporcionado, dejar a personas sin trabajo y vivienda, e incluso devolver a personas a sus países sin condiciones para sobrevivir.
SHD: ¿Y de qué forma proponen ustedes resolver el problema de los problemas migratorios?
Jhon Vega: Desde el PT venimos discutiendo públicamente desde el 2012 la necesidad de impulsar una amnistía para todas las personas que viven y trabajan aquí. Como parte de esta amnistía se debe garantizar que los trámites estén disponibles de forma gratuita.
El criterio tiene que ser que cualquiera que trabaje y viva aquí pueda acceder a permisos de trabajo, residencia y naturalización sin costos y sin trámites.
Esta es la única forma de que los trabajadores migrantes tengan posibilidades de defender sus derechos. También es la única forma de que no utilicen la opresión para empeorar las condiciones laborales y bajar los salarios de toda la clase trabajadora.
Esta medida también fortalece la Seguridad Social al facilitar que los trabajadores se inscriban, al facilitar que denuncien cuando no los aseguran, y ayuda a evitar situaciones de semi-esclavitud como las que se dan en las piñeras, en las construcciones, en el trabajo doméstico, y en general en el trabajo agrícola.
Finalmente, esta es una forma de evitar las situaciones violencias y la corrupción a partir de las requisas y de operativos de migración que no generan nada beneficioso para los trabajadores.
SHD: ¿De qué forma afecta esto a la clase trabajadora costarricense?
Jhon Vega: A los trabajadores ticos nos han vendido la idea de que una política de migración «de mano dura» nos puede beneficiar. En realidad esto lo que favorece es a los empresarios que violentan los derechos.
Por ejemplo: si estas multas hacen más difícil que alguien se regularice este trabajador va a tener que aceptar trabajo en peores condiciones, como lo hemos visto en las piñeras, el café, la naranja, construcción, etc.
A su vez entonces los empresarios van a preferir contratar trabajadores con menos derechos y utilizar esto para empujar todos los salarios hacia abajo.
Esto también desfinancia a la CCSS y socava nuestro derecho a la salud pues en general estos trabajadores se ven obligados a trabajar «en negro».
Los trabajadores ticos solo tenemos una opción: luchar hombro a hombro con la clase trabajadora migrante por los derechos laborales y sociales para todos, sin discriminación alguna por nacionalidad. Cualquier otra política solo lleva agua al molino de los empresarios.
SHD: ¿Qué significa la aplicación de las otras multas?
Jhon Vega: Quiero insistir en qué solo facilitar los trámites y hacerlos gratuitos va a permitir mejorar esta situación.
Ya en el 2014 migración comenzó a amenazar con la multa hacia las empresas que contratan trabajadores en situación irregular. Ante esto las empresas lo que hicieron fue despedir trabajadores para contratarlos “en negro”.
Por ejemplo, en el trabajo agrícola en Naranjo de Alajuela, en los hoteles de la zona de Santa Teresa y en algunas plantaciones bananeras, nos contactaron trabajadores para denunciar que los habían despedido, les quitaron el seguro social y que ahora les estaban pagando en efectivo, bajo la excusa de que “sino los podían multar”.
En la situación actual, sin sindicatos en el sector privado, con un Ministerio de Trabajo pintado en la pared, y con la amenaza de la multa de $100, la aplicación de la multa a las empresas va a implicar más informalidad y más despidos.
Por otro lado la multa a quienes “hospeden trabajadores en condición irregular” es un ridículo y lo único que va a hacer es castigar a quienes tienen pequeñas casas de alquiler, a quienes alquilan juntos por necesidad y en nada va a aportar.
SHD: En este panorama que nos comenta. ¿Qué podemos hacer las trabajadoras que queremos hacer algo ante esta situación? ¿Cómo podemos pelear contra esas multas?
Jhon Vega: Desde el PT creemos que es central que todas las organizaciones que estamos en contra de esta multas nos unamos y comencemos a proponer acciones de movilización. Ya hay una primera iniciativa que vamos a apoyar para este próximo 12 de abril.
Igualmente creemos que la presión hacia el gobierno y hacia la dirección de migración es urgente. El gobierno de Luis Guillermo Solís está aplicando estas multas sabiendo que violan los derechos humanos. Es una vergüenza de parte de un gobierno que se vende hacia afuera como un defensor de los derechos humanos.
Queremos construir una campaña unitaria contra esta aplicación de las multas, utilizando la movilización y todos los recursos legales que tengamos a mano para evitar este desastre. No podemos permitir que estas multas se apliquen. Tenemos que ir a los barrios, a las fábricas, a la calle a sumar fuerza contra esta ley y explicar el carácter violatorio de los derechos de esta ley.
Creemos que es tarea de toda la clase trabajadora que luchemos por los derechos de la clase trabajadora migrante y nacional, sin distinción. A mediano plazo la lucha es justamente por una amnistía, y por la derogación de la Ley de Migración.
Finalmente, nosotros hemos impulsado al Partido de los Trabajadores como una herramienta para luchar por la unidad de la clase trabajadora, para luchar por que tengamos nuestras propias organizaciones sindicales, para luchar contra todo tipo de opresión, para luchar para que ticos, nicas, hondureños o de donde seamos los trabajadores nos defendamos en conjunto.
Creemos que si alguien quiere luchar contra la opresión y contra estos ataques pueden encontrar su lugar en las filas del Partido de los Trabajadores.
