Costa Rica es uno de los países donde el aborto es penalizado con cárcel. La única excepción para practicarlo se da en caso de que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la mujer. Esta excepción se encuentra contemplada en el Código Penal desde el año 1970, donde se establece que “no es punible al aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro a la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios.”
La aplicación de este procedimiento es de gran importancia para las mujeres con embarazos riesgosos o con malformaciones incompatibles con la vida. Aunque el aborto terapéutico está permitido, parte del personal médico se niega a practicarlo por desconocimiento de la ley o aduciendo creencias personales. Es por esto que se viene exigiendo la promulgación de una norma técnica que establezca un marco para que las personas profesionales de salud se vean obligadas a actuar cuando la vida o salud de las mujeres esté en riesgo. Aunque en el 2015 el Ministerio de Salud inició un proceso para la elaboración de esa norma técnica, esta iniciativa fue frenada por Luis Guillermo Solís en febrero del 2018.
El PAC y el FA ante la norma técnica
En su campaña presidencial, Carlos Alvarado afirmó que estaría de acuerdo con la regulación a través de una norma técnica, pero de cara a la segunda ronda electoral firmó un acuerdo con Rodolfo Piza en el que negoció esos derechos y se comprometió a no modificar ni ampliar lo establecido en el artículo 121 del Código Penal sobre el aborto impune. Hace pocas semanas, Alvarado afirmó que este tema no era una prioridad para su gobierno y que firmaría la norma técnica cuando él considerara que fuera un buen momento.
Sobre esas declaraciones, Patricia Mora del Frente Amplio, y quien ocupa el puesto de Ministra en el INAMU, ha dicho que “Hay un compromiso por parte de don Carlos de que no se va a retroceder en derechos humanos y la no promulgación de esta norma es un claro retroceso.” Por su parte, su compañero de partido, el excandidato presidencial Edgardo Araya, publicó un mensaje en redes sociales que causó indignación, al referirse al tema, diciendo que muchas mujeres habían optado en las elecciones por el voto útil a favor del PAC y que ahora estaban las consecuencias, en una clara referencia a que era una responsabilidad de las mujeres tener este gobierno.
Ambos se equivocan al referirse como si esto fuera un asunto únicamente del PAC, porque el Frente Amplio también forma parte de este gobierno y cuentan con una responsabilidad, especialmente teniendo a Patricia Mora como Ministra de la condición de la mujer. Si realmente su posición es firme en la defensa de los derechos de las mujeres, debería dejar de ser cómplice y renunciar al puesto que ocupa en ese gobierno.
Más allá de la norma técnica, luchamos por todos los derechos
Además de luchar porque se firme la norma técnica, las organizaciones y activistas involucradas en esta lucha, estamos exigiendo el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Estas medidas, deben estar acompañadas del acceso e inversión para garantizar educación sexual laica para que las personas puedan decidir sobre el manejo de su sexualidad, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos y de calidad para evitar embarazos.
Sin importar lo rígidas que sean las leyes, las mujeres siguen practicándose abortos, siendo las pobres las más afectadas por la penalización, haciéndolo en condiciones clandestinas e inseguras, a diferencia de aquellas que cuentan con recursos económicos para recurrir a clínicas privadas o al extranjero. Por eso la discusión es si brindar la opción a las mujeres de acceder a métodos seguros o seguir poniendo en riesgo sus vidas.
Los derechos se conquistan en las calles
Más de 40 organizaciones participamos de la campaña por el Aborto Legal en Costa Rica, exigiendo la firma de la norma técnica y el aborto legal, seguro y gratuito. Para fortalecer esta lucha requerimos de la más amplia unidad, con la participación de mujeres y hombres, en la lucha contra la opresión. Las organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales deben sumarse a esta batalla, y ser tomada por toda la clase trabajadora.
Este 8 de agosto nos estaremos manifestando frente a Casa Presidencial a partir de las 4 p.m. para exigirle al Presidente Alvarado la firma de la norma técnica y en apoyo al aborto legal, seguro y gratuito.