A principios del mes de febrero se dieron a conocer los resultados de la más reciente Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), referentes a las condiciones de empleo en Costa Rica para el último trimestre del 2019.
Las cifras confirman el desastre que se mantiene con el actual gobierno Alvarado y el drama que viven miles de personas en el país que no consiguen un trabajo digno. El desempleo abierto se situó en 12,4%, siendo la tasa más alta de la última década, según dicha encuesta, lo que confirma que las medidas anunciadas por el gobierno no han cambiado la realidad del desempleo que vivimos todos los días.
Son 309 mil personas sin trabajo de acuerdo con las cifras oficiales, número que podría ser mayor si se consideran a los desalentados –personas que en las mediciones afirman que ya no están buscando empleo-. No solo hay más gente desempleada tras 6 años de gobiernos del PAC, sino que la informalidad –personas que trabajan sin condiciones básicas como seguro, salario mínimo, etc.- golpea a 46 de cada 100 trabajadores del país.
A esa masa de cientos de miles de trabajadores habría que sumar los subempleados –personas que trabajan menos horas de las que podrían hacerlo-, que representan a 11 de cada 100 trabajadores del país, para completar un panorama dramático que golpea a las familias a lo largo y ancho del país.
Si bien la situación para los trabajadores en general sigue empeorando, son las mujeres las más golpeadas por este sistema de explotación y opresión. La última encuesta rebela que son las mujeres las menos empleadas -la tasa de ocupación por sexo fue 67,7 % para los hombres y 42,3 % para las mujeres), y las que con mayor violencia son lanzadas al desempleo con 21.000 mujeres más desempleadas en el trimestre anterior.
Detrás de todas esas cifras hay una realidad que vemos todos los días en nuestros barrios y que se extiende por todo el país. Situación que empeora con las medidas que se impulsan desde el gobierno, la Asamblea Legislativa y las Cámaras Empresariales, que solo favorecen a los ricos y poderosos del país.
La fórmula de los ricos para el desempleo: privatizar, concesionar y rebajar derechos
El año pasado el gobierno anunció con bombos y platillos las medidas para reactivar la economía y el empleo nacional, dentro de ellas la llamada Agencia Nacional de Empleo que no pasó de ser más que un humarascal para intentar esconder su incapacidad.
Lo cierto es que no todos la pasan mal con el gobierno, las empresas concesionarias se frotan las manos con los millones que reciben por contratos con el Estado y que ya se anuncian la ampliación de muchos de ellos como el de la ruta 27 San José-Caldera; mientras los grandes empresarios hacen números muy positivos con la propuesta de pasar a manos privadas la FANAL (Fábrica Nacional de Licores) que produce “el guaro de nuestra tierra” y el alcohol para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esos grandes empresarios agrupados en instancias como la Unión de Cámaras (UCCAEP) son los que dictan líneas en los distintos poderes, por eso desde el PT hemos señalado que esa es la verdadera democracia de los ricos que no es más que una máquina de miseria para los trabajadores. Siguiendo los dictados de esos poderes empresariales la Asamblea aprobó la ley anti huelgas para intentar impedir que los trabajadores salgan a luchar, para pasar de inmediato a anunciar medidas como la flexibilidad laboral para acabar con la jornada de 8 horas conquistada hace 100 años en el país.
La crisis fiscal la pagamos los trabajadores
La precaria situación de empleo se combina con otros graves problemas como el déficit fiscal que sigue creciendo. El llamado combo fiscal (ley 96359) aprobada en diciembre de 2018 solo vino a atacar los derechos laborales de los empleados estatales y a cobrarle impuestos a los ricos. La deuda que nos han impuesto los grandes empresarios en el gobierno sigue disparando el déficit fiscal que cerró en 6,9% del PIB en 2019, el más alto de los últimos 30 años.
Con la implementación del IVA tenemos una canasta básica más cara; hay más impuestos y un aumento permanente en el agua, la electricidad o en el transporte, además de recortes en salud, educación y programas sociales.
La crisis en las finanzas del país se da por el pago puntual de los intereses de la deuda. Prueba de ello es que el 49% de la riqueza que produce el país (PIB) se destina al pago de intereses de la deuda.
Por si esto fuera poco, el año anterior los diputados aprobaron emitir 1500 millones en eurobonos, o sea, endeudarse para seguir pagando la deuda, pero aún peor porque se dan nuevos intereses que hacen el déficit más grande.
Otra razón por la cual el déficit se incrementa es la evasión fiscal, es decir el no pago de impuestos por parte de las grandes empresas. Se trata de una política del gobierno y los partidos burgueses para garantizar los privilegios de los grandes empresarios que nos condenan a la miseria y el desempleo.
Levantar una alternativa revolucionaria frente a la crisis fiscal y el desempleo
Los analistas económicos de la burguesía aprovechan esta coyuntura de déficit fiscal y alto desempleo para proponer cierre de instituciones públicas, imponer el salario único y recortar más derechos. O sea, que la crisis la sigan pagando los trabajadores.
Esta receta ya demostró su fracaso. Es hora de que la clase trabajadora se organice y luche para que sean los ricos quienes paguen por la crisis. Esto significa una verdadera reforma fiscal donde los ricos paguen como ricos. Además, es urgente dejar de pagar la deuda pública, que solo sirve para enriquecer a los banqueros y a los grandes capitalistas, y utilizar ese dinero en las necesidades del pueblo como más inversión en salud, educación y en generación de empleo.
En medio de la crisis siguen creciendo algunos negocios como el transporte y la obra pública, que deberían nacionalizarse y ponerse bajo control de los trabajadores para generar los recursos que el país requiere.
La receta de los empresarios incluye los despidos y el aumento de las cargas de trabajo para la clase trabajadora, por lo que desde el PT hemos sostenido la necesidad de rebajar las horas de trabajo sin reducción del salario, para que el empleo existente se reparta entre todos los trabajadores y que a riqueza producida se quede en manos de quienes hoy no tienen garantizado una vida digna.
Medidas como estas sin duda aparecen como radicales, por eso es que decimos que solo puede ser impulsadas por una alternativa revolucionaría como la que el PT defiende. Otras fuerzas que se dicen de izquierda como el Frente Amplio prefieren vender falsas ilusiones, integrándose al gabinete del actual gobierno o diciendo que con uno u otra ley nuestra situación como trabajadores va a mejorar de forma considerable.
Nosotros no nos llamamos a engaño, por eso siempre insistimos en que “solo la lucha cambia la vida”. Lamentablemente hoy encontramos serias dificultades para salir a luchar, ya sea por la desmovilización que imponen las dirigencias sindicales en el sector público o por la falta de fuertes organizaciones de trabajadores en el sector privado.
Por eso desde el PT apostamos por construir en todo el país una alternativa revolucionaria, que fortalezca las luchas de los trabajadores y ponga freno a este viaje hacia la barbarie en el que nos encontramos. Solo unidos y en la lucha podremos lograr que sean los de arriba los que paguen por el desastre que han generado.
