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Gobierno “ayuda” a empresarios mientras ataca pensiones

En la noche del pasado jueves 12 de agosto de 2021, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social aprobó una reforma al régimen de pensiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), como el objetivo de según ellos “mejorar la solvencia del sistema de pensiones y garantizar los pagos”, pero lo cierto es que las medidas son un ataque directo a los trabajadores, dejando intactas las condiciones de los empresarios y el propio Estado.

En resumen, las medidas tomadas por son las siguientes:

Cambio en Edad de Retiro:  Pese a que la edad de retiro se mantiene en los 65 años, se eliminó la posibilidad de que los hombres puedan optar por el retiro anticipado, quienes antes podían anticipar la pensión por vejez a los 61 años y 11 meses cuando de contaba con 462 cuotas, ahora únicamente se podrá cuando se tenga 65 años y un mínimo de 300 cuotas.

Por su parte a las mujeres también se les cambiaron las condiciones, y podrán pensionarse de manera anticipada pero solo cuando cuenten con 62 años y 405 cuotas, y no 59 años y 11 meses con 450 cuotas como se definía antes del cambio.

Cambio en el salario de referencia: El salario promedio de referencia será de los 300 mejores salarios y no de los 240 mejores salarios como se hacía en el pasado.

Cambio en la cuantía adicional: La cuantía adicional será considerada a partir de los 25 año cotizados (300 cuotas), anteriormente se hacía tomando en cuanta 20 años o las 240 cuotas.

Gobierno dice “cuidar” las pensiones atacando a los trabajadores.

Una vez aprobadas los cambios, el presidente ejecutivo de la CCSS Román Mayaca, le indicó a los medios de comunicación que “los directivos de la institución tomaron una decisión responsable “con el objetivo de poder seguir garantizando a los actuales y futuros pensionados, el derecho de recibir un ingreso económico en las etapas más vulnerables de la vida como son la vejez, la invalidez y la muerte”.

El discurso de Macaya, oculta que los directivos de la CCSS, compuestos por representantes del gobierno, las cámaras empresariales y el sector sindical, solo la representante de los trabajadores votó en contra de las medidas, por ser medidas que no solo no solucionan el problema en que está el sistema de pensiones más grande del país, si no que son medidas que solo van en una dirección, al afectar de lleno las condiciones de los trabajadores, dejando intactos los bolsillos de los empresarios.

Solo con el cambio del calculo del monto final que recibirá el trabajador, calculado en las últimas 300 aportes y no en los últimos 240, significa que la persona trabajadora recibiría un monto entre un 10% y un 5% por debajo de lo que esperaba con el sistema de cálculo actual, mientras que los empresarios seguirán haciendo los mismos aportes.

Al final, es la persona trabajadora quien deberá trabajar más años por recibir una pensión más baja.

Garrote para la clase trabajadora, guante de seda para los empresarios.

Durante los últimos años, el gobierno de Carlos Alvarado, ha hecho todo lo posible por quitar a los empresarios sus responsabilidades con la CCSS, lo que ha colaborado al desfinanciamiento sistemático del sistema de salud pública, cosa que parece una locura en medio de la gran emergencia sanitaria que ha generado el COVID-19.

El año pasado, en medio de la crisis sanitaria, los empresarios lograron que el Gobierno impulsara una serie de medidas con el fin de perdonar deudas, suspender pagos, rebajar cuotas, para que los empresarios no tuvieran que pagar sus compromisos con la CCSS, con eso Carlos Alvarado logró un paquete de medidas que significaron un alivio para los bolsillos de los más ricos, mientras la seguridad social (incluyendo al sistema de pensiones) recibió un duro golpe.

Todo eso se da, mientras que el pasado 25 de agosto, los diputados aprobaron en primer debate el Expediente 21522, de la Ley con el nombre de “Autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales”.

Esa ley buscaría perdonar el pago de deudas con la CCSS que tienen los trabajadores independientes, pero además perdona los intereses por mora o multas que deban los patronos en general.

Según datos de la CCSS, a marzo de 2021, los patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios debían un total de ¢892.360 millones a la Caja. Los patronos con una deuda de ¢493.630 millones (un 55.3%); los trabajadores independientes ¢397.719 millones (un 44.6%); y los asegurados voluntarios a penas ¢1.011 millones.

Los diputados venden esa Ley como la oportunidad para que los trabajadores independientes logren vincularse con la CCSS, pero en realidad, meten en el paquete la forma de perdonar miles de millones de colones a los empresarios, que son los mayores deudores y quienes presionan para dejar de pagar lo que deben.

Por otro lado, la afectación con esa ley no solo será directamente a la CCSS; si no que al sistema de pensiones del IVM, al IMAS y el INA, lo cual la convierte en una ley más grave aún.