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Gobierno de Chaves inicia su arremetida contra las universidades públicas

Las Universidades Públicas han presenciado en las últimas semanas reiterados intentos del Gobierno de Rodrigo Chaves por desfinanciar la Educación Pública en el marco de las negociaciones del presupuesto universitario para el periodo del 2023. A pesar de que el primer intento de recorte (de un 23% respecto al presupuesto actual) fue derrotado, el Gobierno logró imponer un acuerdo donde no se reconoce el 11% de inflación acumulada sino solamente un 1%. Esto nos deja, en los hechos, con un recorte respecto del 2022.

Denuncia al gobierno

A pesar de lo que pudieran decir las autoridades del gobierno para defender los recortes (que no hay suficiente presupuesto, que se preocupan por la educación primaria y secundaria, entre otros), quedó claro que detrás estaba el interés de beneficiar a los ricos que se adueñan de las U privadas, al saberse públicamente que la ministra de Educación, principal defensora de los recortes, tiene vínculos familiares muy cercanos con algunas de ellas.

Así, el gobierno estuvo dispuesto a dejar a miles de estudiantes y personas trabajadoras “en las calles” con tal de favorecer a un sector empresarial que ha amasado riquezas a costa del endeudamiento de muchísimas personas jóvenes que, en múltiples casos, no ven oportunidad de realizar su educación superior más en que en el sector privado.

Así que, por más que la ministra condenara los llamados a movilizarse en las calles, lo cual evidencia su autoritarismo y su falta de respeto al derecho de la protesta, las U públicas, ante hechos tan claros, tenía razones de sobra para movilizarse en contra de la primera propuesta de recortes presentada por el gobierno, y no solo para defenderse a sí mismas, sino, también, para defender el derecho del pueblo trabajador costarricense a una educación pública de calidad y de acceso universal para todos en sus distintos niveles.

Denuncia a rectores y gobiernos estudiantiles

Pero no solo el gobierno, sino también las rectorías y gobiernos estudiantiles son responsables de estos ataques. A pesar de que se opusieron al primer recorte del 23%, terminaron firmando un acuerdo donde se reconoce un incremento por subida de la inflación 10 veces menor al nivel inflacionario actual. Al final de cuentas, después de haber “luchado” contra los recortes, traicionan la causa y se convierten en gestores de uno nuevo.

Asimismo, tanto rectorías como gobiernos estudiantiles, se destacaron por no democratizar la negociación y por tomar decisiones que no representan a las comunidades universitarias, que se oponían a cualquier recorte que reclamaban más democracia en esta negociación. En esto, las rectorías actuales no se diferencian de las pasadas y Alternativa (partido del Frente Amplio que es actualmente gobierno estudiantil en la UCR) honra el legado de sus pasados gobiernos al traicionar una vez más la causa de la Educación Pública.

Llamado a la autoconvocatoria y las exigencias

La movilización del pasado martes 16 de agosto demostró cuál es el camino que deben seguir las comunidades universitarias para defenderse de los ataques del gobierno: la protesta social en las calles. Pero no se puede confiar en que las autoridades universitarias organicen esa lucha, sino que debe ser el movimiento estudiantil quién asuma tal tarea, en alianza con la clase trabajadora, el movimiento estudiantil de secundaria y otros sectores, e independientemente de las rectorías y los partidos estudiantiles tradicionales (como Alternativa del FA).

El movimiento debe, asimismo, comprender que estos recortes son provocados por la entrega del país a los organismos financieros internacionales (como el FMI) mediante el incremento exponencial del pago de la deuda pública. Así, deben alzarse las exigencias de una auditoria popular de la deuda pública, que dé como resultado una exigencia de no pagar la deuda que sea ilegítima, que es aquella que proviene (indirectamente) de la evasión y elusión de impuestos por los ricos y la que se ha usado para fines alejados del desarrollo social del país.

Al dejarse de pagar esa deuda ilegítima, quedarán recursos frescos para invertir en salud, educación, vivienda, y muchas otras áreas que deben ser mejoradas en lo inmediato. Esta exigencia, junto con la lucha por que los ricos paguen impuestos, nos permitiría acercarnos al 8% del PIB para la Educación Pública, y garantizar así mayor acceso a una educación pública y de calidad en todos sus niveles a la juventud del pueblo trabajador costarricense.