Por: Jessica Barquero
En el mes de marzo, luego de haber permitido la reducción de jornada laboral y cesación de contratos, el Gobierno anunció que iba a otorgar el bono Proteger para “apoyar” la situación económica de las personas trabajadoras afectadas con la medida. El bono, brinda un monto de ¢62.500 a quienes cuentan con reducción de jornada y ¢125 mil a quienes se encuentran con suspensión de contrato.
Este monto, no solo es insuficiente para atender las necesidades de las familias, sino que además se encuentra desfinanciado y sin posibilidad de cubrir a más personas, mientras que unas 400.000 solicitudes esperan a ser atendidas.
Las necesidades más básicas se están viendo sacrificadas
Según una reciente encuesta realizada por la empresa UNIMER, 7 de cada 10 costarricenses tuvieron que reducir o eliminar el consumo de alimentos, como parte de las medidas por el impacto económico provocado por el Covid-19.
El estudio también revela que un 41% de los entrevistados disminuyó las porciones de comidas que se sirven en su hogar y casi una tercera parte de la población del país (un 32%) redujo los tiempos de comida que realiza al día, de manera que la dieta alimenticia ha sido una las más afectadas por la crisis.
Esto se da en un país donde, según datos de las Naciones Unidas, antes de la pandemia, unas 220 mil personas pasaban hambre todos los días.
Rechazo del presupuesto deja sin financiamiento al bono Proteger
El pasado 11 de junio, los diputados rechazaron el segundo presupuesto extraordinario presentado por el gobierno, dentro del cual se encontraban los recursos para seguir financiando el bono Proteger. Ante el rechazo del presupuesto, el presidente Carlos Alvarado manifestó que el gobierno no cuenta con un plan B para brindar subsidios a las familias: “si no se cuenta con esos fondos, no tenemos recursos de otra fuente para apoyar a la gente. El gobierno no tiene 75 mil millones ociosos, menos en este contexto, para dar esos bonos, no hay un plan en ese sentido y necesitamos de esa aprobación para poder apoyar a la gente.”
¿Pero el que las familias hoy estén pasando hambre es solo un problema de que no se aprobara este presupuesto?
En el primer presupuesto extraordinario (que sí fue aprobado), se destinaron unos ¢150.000 millones para subsidios del bono Proteger, ¢2.430 millones para el Ministerio de Salud y ¢273.350 millones para cambiar deuda cara por deuda barata, lo que se conoce como mejorar el perfil de la deuda. Es decir, en aquellos casos en que ha sido aprobado el presupuesto para atender la emergencia, 3 de cada 5 colones en realidad se destinaron a pagar la deuda.
El problema no es solo de aprobar o rechazar el presupuesto, es un asunto de las prioridades y a que se destina recursos. Hoy la prioridad del gobierno es atender el pago de la deuda, mientras destina montos insuficientes para cubrir las necesidades de las familias.
¡Como socialistas tenemos otra alternativa!
Es urgente atender la catástrofe económica que viven miles de trabajadores y trabajadoras que enfrentan una situación cada vez más dramática, donde el hambre y la misma sobrevivencia están en juego.
Por eso es urgente detener inmediatamente el pago de la deuda publica y que se utilice ese presupuesto para fortalecer la seguridad social así como dotar de alimentación, vivienda y demás necesidades a quienes hoy no pueden satisfacerlas.
Cuando hablamos de no pagar la deuda, no nos referimos a que el Estado deje de pagar el dinero a las instituciones del Estado como la CCSS, que han demostrado ser centrales para la atención de la pandemia. Cuando hablamos de no pagar la deuda, nos referimos a que se deje de pagar la amplia mayoría que ha sido impuesta para financiar negocios corruptos y someter al pueblo. No hay forma de salir adelante sino ponemos la vida por encima de las ganancias.
