Este Primero de Mayo encuentra a Costa Rica en un momento de alta tensión política, marcado por un clima preelectoral cada vez más polarizado. Las formas de apoyar u oponerse al gobierno de Rodrigo Chaves configuran un escenario de disputa abierto que no solo define el presente, sino que perfila las opciones hacia las elecciones del 2026. Analizar este escenario es central para desarrollar una política de clase independiente.

Atrapados entre dos fuerzas burguesas

En el momento de escribir este artículo, el Frente Amplio impulsa la idea de una “unión de fuerzas progresistas”, incluso con sectores del PLN. Por otro lado, el oficialismo consolida una línea autoritaria al estilo regional, buscando proyectarse mediante el Partido Pueblo Soberano (PPS), que Chaves impulsa activamente con giras, actividades públicas y discursos de confrontación.

Sin embargo, al interior del movimiento sindical y popular, el debate está desorganizado. Predomina el aislamiento y la desarticulación. Algunos sectores, como UNDECA, simpatizan con la política del FA, y el SEC muestra sus vínculos con figuras del PLN. El mapa político muestra una clara ausencia de independencia de clase.

El PPS y el ensayo de campaña oficialista

La movilización del 18 de marzo contra el fiscal general, convocada inicialmente como protesta, fue transformada por el gobierno en un acto político que funcionó como ensayo de campaña del PPS. La estrategia de Chaves apunta a obtener al menos 40 diputaciones en 2026, lo que le permitiría nombrar magistrados, cambiar a autoridades como el Fiscal General, la Contraloría y hasta modificar la Constitución. Se especula que Chaves podría renunciar en julio para asumir una candidatura a diputado por el PPS, apuntando así a mantener influencia directa en el próximo gobierno.

Autoritarismo regional y respuesta opositora

Este proyecto chavista se alinea con dinámicas autoritarias como las de Ortega en Nicaragua o Bukele en El Salvador: concentración de poder, reformas legales que modifican el diseño institucional y recortan las libertades democráticas, preparando así la represión contra el movimiento social. La respuesta de la oposición burguesa ha sido lanzar la “Agenda Viva”. El documento se lanzó en un evento con presencia del PAC, PLN, ex-PLP y FA, con la intención de reeditar una versión de la “Coalición Costa Rica” que frenó a Fabricio Alvarado en 2018.

El documento “Agenda Viva” tiene problemas insalvables: su carácter electoralista, su falta de autocrítica hacia el papel del PAC y el PLN en los retrocesos sociales, y una notable incapacidad de entusiasmar a los sectores populares. La construcción de una coalición electoral se ve difícil, pues conlleva requisitos formales difíciles de cumplir.

Violencia, represión y militarización

El aumento de la violencia en el país es otro factor central del momento actual. Por un lado, la violencia feminicida cobró protagonismo en los primeros meses del año, motivando una fuerte respuesta social durante el 8 de marzo. Por otro lado, la disputa territorial del narcotráfico ha servido al gobierno para confrontar al Poder Judicial y justificar la militarización de barrios populares.

Chaves ha usado esta crisis como justificación para fortalecer las fuerzas represivas, aumentar penas y otorgar más poder al OIJ. Estas reformas represivas han contado con el apoyo legislativo del Frente Amplio. Estas políticas refuerzan una lógica punitivista que criminaliza la pobreza y desplaza las soluciones estructurales que requiere el país.

Economía, jornadas 4×3 y alineamientos internacionales

Aunque la administración ya gira en torno a la campaña electoral, sigue promoviendo su agenda legislativa. La propuesta de jornadas laborales 4×3 es presentada como solución al desempleo, mientras se avanza en la privatización del mercado eléctrico y se reducen requisitos ambientales para la inversión extranjera. Estas iniciativas cuentan con respaldo de buena parte del PLN y otros partidos, así como de las cámaras patronales.

A nivel internacional, las tensiones geopolíticas también golpean al país. Las políticas económicas del expresidente Trump ya tienen efectos locales. Entre ellas, destacan cancelaciones de visas a figuras como OAS y amenazas de aranceles del 10 % a productos exportados desde Costa Rica, lo que impactaría al sector agroindustrial y zonas francas. Esta presión se vincula con la disputa por el control del 5G, donde el gobierno de Chaves se ha alineado con los intereses estadounidenses.

Deuda pública y beneficiarios anónimos

Un tema menos visible, pero igualmente relevante, es el pago de la deuda pública. El gobierno ha sido meticuloso en cumplir con los compromisos de deuda, destinando en 2024 más de ¢2.186.000 millones en intereses, lo que representa un aumento del 5,76 % respecto al año anterior. El 77,47 % de este monto corresponde a deuda interna.

Sin embargo, buena parte de estos recursos se dirige a acreedores cuya identidad es desconocida: el 66 % de la deuda interna está en manos privadas, incluyendo un 45,37 % de personas —residentes o no— cuya identificación no se hace pública. Mientras se recortan presupuestos en salud, educación o infraestructura, los pagos a estos acreedores anónimos no se detienen.

Luchar contra los dos caminos burgueses

Costa Rica se enfrenta a una encrucijada. Por un lado, un proyecto de concentración de poder y reformas estructurales que puede derivar en un modelo autoritario. Por otro, una oposición burguesa que aún no logra articular una respuesta coordinada contra el chavismo.

La creciente violencia, la represión, el avance del modelo punitivista y la entrega del país a intereses económicos nacionales y extranjeros configuran un escenario alarmante. En este contexto, la pregunta clave no es solo qué ocurrirá en 2026, sino cómo responderán los sectores populares, sindicales y sociales ante una deriva política que amenaza con socavar la democracia y profundizar las desigualdades. Nuestro partido, el PT, se pone al servicio para configurar este tercer campo de lucha.