Movimiento Mujeres

Inicia la revisión y ataque a la norma técnica del aborto terapéutico

El Ministerio de Salud tuvo el pasado 13 y 20 de junio, las primeras reuniones para revisar la norma técnica que permite la interrupción del embarazo.

Chaves insistió en su campaña que revisaría la norma que reglamenta la interrupción del embarazo y se comprometió con líderes religiosos a hacerlo parte de su agenda de trabajo. Y aunque se desconocen las objeciones puntuales, se espera que esta revisión ponga en peligro lo que se ha avanzado en relación a derechos de las mujeres, ya que al someter dicha norma a la revisión de la iglesia, se atenta contra los criterios científicos y de salud que deben regirla.

Las organizaciones de mujeres siguen vigilantes

Más de cien organizaciones y activistas enviaron semanas atrás una nota a la Ministra de la condición de la mujer, Cindy Quesada y a la Presidenta de la Junta Directiva del INAMU, Adilia Caravaca, pidiendo respuestas sobre la revisión de la mencionada norma.

Las firmantes pidieron al INAMU detallar cuáles instituciones y organizaciones estarían siendo convocadas a ese proceso de revisión, los criterios sobre los que se haría la misma y las formas en que se comunicaría. En respuesta, el Ministerio de la Condición de la Mujer y el INAMU indicaron vagamente que apoyarían “cualquier modificación que implique la consolidación de los derechos humanos de las mujeres y no retrocesos de derechos ya alcanzados”, sin dar respuesta a las interrogantes planteadas, y ofrecieron un espacio de reunión a las organizaciones firmantes, el cual estaba pendiente de realizarse al momento en el que escribimos estas líneas.

En situación de alerta para mantener las conquistas alcanzadas

Las mujeres tuvimos que soportar medio siglo para tener una norma técnica que regulara el aborto terapéutico en el país, aunque este ya estaba reconocido en el Código Penal desde 1971. Esa conquista no fue producto de la voluntad política, fue el resultado de la lucha de miles de activistas que acompañaron las demandas que pusieron contra el Estado costarricense las mujeres víctimas de la desidia estatal. Ahora, dos años después de aprobada, el nuevo gobierno insiste en revisarla y someterla al escrutinio de la iglesia.

La amenaza está colocada. El gobierno ya ha empezado a concretar los compromisos con los sectores religiosos y le corresponderá al movimiento de mujeres y las organizaciones sociales y políticas del país, el ser vigilantes y defensores de los derechos conquistados e intentar conquistar un Estado laico.