Limón, 30 jun (SocialismoHoy.com) – Las fuertes lluvias durante la última semana ocasionaron el desbordamiento de ríos que inundaron distintas comunidades del caribe costarricense, y ya se anunció la entrada de otro frente frío para los próximos días. Según reportes de la Comisión Nacional de Emergencias, los daños alcanzan a 216 comunidades, 1.585 viviendas, 18 centros educativos, 23 carreteras, 11 puentes, 7 diques y 3 acueductos.
A raíz de la onda tropical, la CNE había decretado alerta roja en la provincia de Limón, alerta verde en la zona norte y alerta verde en el pacífico central; y el día de hoy fue decretada la emergencia nacional por las lluvias. En Sarapiquí, Turrialba y varios cantones limonenses ya se ha suspendido el curso lectivo durante esta semana.
Mientras el presidente Luis Guillermo Solís recorre las zonas afectadas y trata de calmar a la población diciendo que todo está bajo control, los hechos indican otra cosa, ya que las instituciones han sido incapaces de destinar los recursos necesarios para resolver los problemas de infraestructura, destinar alimentación ropa y vivienda a la población, así como garantizar atención médica.
El presidente y su comitiva gobernante, ajenos al drama de los damnificados por las lluvias, se golpean el pecho por las condiciones climáticas supuestamente impredecibles al tiempo que vías de comunicación (como la ruta 32) siguen colapsadas y los daños crecen.
En las zonas más perjudicadas por el temporal residen las capas más explotadas de la población y un sector importante de trabajadores migrantes, en su mayoría ligadas al cultivo de la piña y el banano. Estos sectores populares y del proletariado agrícola ven como cada año, con los desbordamientos de los ríos Chirripó o Barbilla, se quedan sin sus pertenencias, viviendas e incluso corren el riesgo de perder la vida.
Lejos de atribuir este desastre exclusivamente a las “fuerzas de la naturaleza”, lo que está pasando en el caribe es el testimonio vivo a la degradación de las normas de vida de la clase trabajadora, resultado de décadas de la política de libre empresa promulgada por cada gobierno que someten a bajos salarios, jornadas extenuantes y deficientes condiciones de vivienda.
Las inundaciones también dejaron al desnudo la crisis del sistema de salud pública, donde hay faltante de equipo médico, ambulancias y suministros; el personal médico, ya agobiado en medio de la situación habitual de la salud, no da abasto en emergencias como estas.
Desde el Partido de los Trabajadores nos solidarizamos con las comunidades afectadas y nos ponemos en disposición para colaborar en todo lo que se pueda. A su vez denunciamos al gobierno central que, no destina los recursos necesarios para arreglar los puentes y carreteras dañadas.
Para nosotros, lejos de tomar dineros de superávit de instituciones públicas, la salida para evitar futuros percances similares al que hoy se vive en la región atlántica, pasa por dejar de pagar la deuda y poner ese dinero al servicio de resolver las necesidades que se presenten en los desastres naturales. A su vez, una reforma fiscal en que los empresarios paguen impuestos es indispensable para construir infraestructura de calidad, la cual debe correr por cuenta del Estado.
Estas medidas para enfrentar las inundaciones no representan una opción para el PAC o los otros partidos burgueses integrantes de la alianza (PLN, PUSC, ML, entre otros), quienes sirven como garantes de los negocios de los ricos; por eso esta propuesta deben venir de la mano de movilización de los sectores populares.
