San José, 2 de oct (SocialismoHoy.com) – La crisis de la Deuda que vive el país es una realidad que se materializa más allá de las cifras oficiales del 12% de desempleo, el más de 40% que suman subempleo y ambulantado e informalidad, el 1.5% de crecimiento del PIB, la desaceleración de la economía y otros números y palabras técnicas, utilizadas al propósito para que amplios sectores de la población no comprendan lo que sucede con las finanzas del Estado.
Sin embargo, el pueblo sabe que el país está en crisis, le toca enfrentar a diario la dura realidad de trabajar por salarios de hambre, de hacer largas filas para entregar un currículum y esperar una llamada, de ir al súper pagar más a causa del IVA, de perder su trabajo, ver cerrada la tienda o la zapatería que durante muchos años le dio de comer o de apostarle a los tiempos del mediodía y la noche a ver si llega la suerte.
En el último año y medio, la sombra de la crisis, se convirtió en un arma muy poderosa para el gobierno, la asamblea legislativa y principalmente para las cámaras empresariales. Según el discurso de estos sectores, la única forma para superar la profunda crisis de endeudamiento es volver a Costa Rica un país “más competitivo”; para lo cual hay que cobrar más impuestos -sin tocar las ganancias de las grandes empresas-, recortar el presupuesto del gobierno, congelar salarios, despedir cientos de empleados, aplicar cierre de instituciones estatales; y otra serie de ataques a las condiciones de vida de los sectores trabajadores, entre ellas la ley que prohíbe las “huelgas políticas” y por ende el funcionamiento de los sindicatos.
En efecto, la crisis de la Deuda es el principal problema que enfrenta el país, y no del último año a la fecha, sino desde hace más de una década cuando los “mercados” decidieron afrontar la crisis de 2008 a partir de un mayor endeudamiento a nivel mundial.
La fórmula que nos trajo a este punto -apostar a mayor endeudamiento- es la misma que pretende aplicar el Gobierno de Carlos Alvarado, con dos agravantes extras; en primer lugar, la condición económica del Gobierno es cada día más frágil, elemento que favorece a los prestamistas y tenedores de deuda para imponer tasas de mayor usura; y por otra parte, burócratas de Instituciones Financieras Internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), vigilan que el gobierno aplique una serie de ajustes estructurales que atentan contra las condiciones de vida de los sectores trabajadores y contra la propia estabilidad del Estado.
El pasado 24 de setiembre, el presiente Alvarado publicó un video en sus redes sociales, explicando que en el marco de la visita a la Asamblea General de la ONU “nos reunimos con Ángel Guría Secretario General de la OCDE, hablamos sobre el proceso de ingreso a la organización, hemos repasado el ingreso de Costa Rica a ese organismo, han sido la aprobación de 11 leyes en 11 meses, así como la aprobación del Plan Fiscal, además hemos hablado de la aprobación de la Ley de Competencia”, para Alvarado la prioridad y firme compromiso de su Gobierno de concluir el proceso de adhesión y convertirse en el 38º miembro de la Organización en 2020.
La OCDE es un organismo financiero internacional, compuesto por 37 países de Europa, Asia, América y Oceanía, que incluye algunas de las potencias económicas del planeta. Este club de las buenas prácticas, como también se le conoce, se encarga de homogeneizar entre sus miembros prácticas de liberalización del mercado, recorte de garantías laborales y salariales, cierre de instituciones “ineficientes”, privatizaciones, políticas fiscales centradas en aumento de impuestos a sectores medios y populares; así como las nuevas condiciones para acceder al endeudamiento internacional y a la atracción de inversión extranjera.
El modelo económico que impulsa la OCDE se basa en mejorar la competitividad de sus países miembros, para la cual cada uno de ellos debe asegurar una serie de “ventajas comparativas”, a la inversión extranjera directa o al desarrollo de las “Alianzas Público-Privadas (APP)”, una forma descarada de privatización mediante la figura de concesión de importantes proyectos de obra pública como la construcción de hospitales, puertos, aeropuertos, colegios y construcción y ampliación de vías públicas. Basados en experiencias como la concesión de la ruta 27 a la empresa Autopistas del Sol, la “ampliación” del aeropuerto Juan Santamaría en manos de Alterra (Aeris Holding) o el fraudulento contrato de la ruta San Ramón-San José a la multinacional OAS; sobran motivos para afirmar que las nuevas concesiones esconden una serie de intereses privados y actos de corrupción que deberán pagarse a costilla de las y los trabajadores.
¿Pero en la práctica qué significa tener un país “más competitivo” y atractivo a la inversión privada? ¿Cuáles son los cambios que deben desarrollarse en Costa Rica para alcanzar estás metas?
En el mundo del Neoliberalismo la competitividad se entiende como la posibilidad de obtener mayores ganancias a partir de la explotación acelerada de los recursos naturales y la clase trabajadora de países pobres y endeudados como Costa Rica.
Bajo esta lógica, eliminar el derecho a huelga es una ventaja comparativa necesaria para la atracción de inversiones y garantizar la estabilidad política, ya que asegura al empresariado la posibilidad de rebajar salarios, aumentar las horas de trabajo y otras formas de explotación laboral, elevando aún más sus ganancias; con la garantía de no tener respuesta organizada de las y los trabajadores.
Otro aspecto central en la aplicación del modelo neoliberal, es acabar con el «inificiente y poco competitivo» sector estatal. Por ello, ante la amenaza constante de la Deuda, la hoja de ruta, del gobierno de Carlos Alvarado es continuar con la privatización de empresas o bienes del Estado iniciada hace cuatro décadas, la cual se termina de completar con la venta del ICE, RECOPE, AyA y el cierre de instituciones indispensables en la aplicación de la política social. Este conjunto de medidas fueron aplicadas en Grecia -miembro activo de la OCDE- durante los ultimos 9 años; y se convierte en un referente necesario para comprender la crisis socio-económica que vive un país asotado por el endeudamiento y obligado por Instituciones Financieras Internacionales a aplicar Planes de Ajuste que forzaron al Estado griego a privatizar sus principales puertos y desacerce de empresas estatales para conseguir 50 000 millones de Euros, utilizados en la recapitalización de bancos privados y el pago de los paquetes de salvamento de la Troika.
Los trabajadores en Costa Rica debemos poner mucha atención a lo que ocurrió en Grecia después de la intervención abierta de la OCDE, durante los últimos nueve años, el pueblo griego ha visto como el salario mínimo legal se redujo en por lo menos un 25%, las jubilaciones tuvieron una merma del 40%, se cerraron cientos de políclinicos, lo mismo que escuelas y colegios; es decir, una degradación completa de sus condiciones de vida. Sin embargo el pueblo griego sigue en lucha y ese debe ser el principal ejemplo que dan al mundo las trabajadoras y trabajadores griegos; solo la lucha organizada se puede hacer frente a los ataques neoliberales que buscan acabar con derechos fundamentales para imponer su agenda de desigualdad, pobreza, exclusión y devastación del medio ambiente global.
