A poco más de un mes de que el racista Donald Trump haya asumido el gobierno de EEUU, ya hay muestras fehacientes de que los gobiernos centroamericanos están dispuestos a obedecer como “buenos vasallos” las exigencias del amo imperialista del norte y a hacerse de la “vista gorda” ante las injerencias del gobierno estadounidense en asuntos soberanos de terceros países (incluso en los suyos propios). El gobierno de Rodrigo Chaves y la élite política en Costa Rica no son la excepción y así lo han confirmado recientemente en dos hechos particulares: primero, en el silencio cómplice ante la anulación por el gobierno gringo de la visas de varias funcionarias públicas costarricenses que han tenido posiciones críticas a la expulsión de las empresas chinas en la red 5G en Costa Rica; y, segundo, en el recibimiento de migrantes deportados/as por EEUU en el territorio nacional para ser repatriados a sus países de origen desde Costa Rica. ¡Desde el PT condenamos cualquier tipo de injerencia imperialista del gobierno de EEUU en asuntos que nos corresponde decidir como pueblo costarricense y rechazamos la política de sumisión del gobierno de Chaves a los planes racistas y xenófobos de deportaciones masivas de Trump!

El 5G en Costa Rica: un botín disputado por los imperialismos gringo y chino

Sobre la anulación de las visas de las dos diputadas del Partido Liberal Progresista (PLP) y demás funcionarias, es necesario aclarar que se trata de una medida de presión por parte del gobierno gringo para forzar a la élite política costarricense a que le cierre las puertas del negocio del 5G a empresas de telecomunicaciones chinas como Huawei, y así asegurar el dominio de las empresas estadounidenses en dicho negocio millonario. El gobierno de EEUU argumenta que es necesario expulsar a tales empresas del mercado costarricense porque supondría una amenaza a la “ciberseguridad”, dado que se habría identificado que varios de los ataques cibernéticos sufridos por el gobierno de Costa Rica en los últimos años fueron llevados a cabo desde China, acusación que, por su parte, ha sido negada por la embajada china en Costa Rica.

Sin embargo, más allá del tema de la ciberseguridad, lo que está realmente en juego en esta disputa entre EEUU y China (que tiene a Costa Rica de por medio) es la soberanía del pueblo costarricense sobre la industria que queremos y requerimos en el país según nuestras necesidades y no las exigencias o intereses de otras potencias imperialistas. Así, las medidas de presión de EEUU, como la anulación de las visas , están dirigidas a arrebatarle al pueblo costarricense precisamente esa soberanía, ya que busca imponer cuáles empresas pueden estar en el mercado costarricense según sus intereses en el marco de la disputa comercial que tienen con China. Y esta injerencia imperialista de EEUU en la industria localizada en Costa Rica es aceptada y hasta impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves, que ya desde el gobierno estadounidense anterior de Joe Biden le hacía “los mandados” al imperialismo gringo al decretar que Huawei no podía participar de las licitaciones de 5G en Costa Rica, bajo el argumento de “ciberseguridad”.

Pero no solamente el gobierno de Chaves ha hecho gala de su vasallaje frente al amo imperialista del norte, sino, también, el propio PLP que, a pesar de que dos de sus diputadas han sido sancionadas por reunirse con empresas chinas, ha comunicado que el gobierno estadounidense tiene el “derecho” de anular las visas de quiénes quieran y han obviado que dicha medida de presión está destinada a doblegar la soberanía nacional costarricense sobre nuestra industria.

La clase trabajadora, sindicatos y movimientos sociales costarricenses deben rechazar la injerencia imperialista de EEUU sobre nuestra política industrial y denunciar la actitud entreguista del gobierno de Rodrigo Chaves y de toda la élite política ante el imperialismo gringo. Aquí no se trata de favorecer al capitalismo chino y perjudicar al imperialismo gringo, o al revés, sino, más bien, garantizar que la decisión de qué tipo de industria se instala en Costa Rica sea realmente una decisión soberana del pueblo costarricense. Para defender nuestra soberanía industrial, también es necesario exigir el control obrero sobre las empresas de telecomunicaciones en el país, de tal manera que sea la clase obrera (en representación de la clase trabajadora en su conjunto y del pueblo en general) quién decida en qué y cómo invertir nuestros recursos según las necesidades sociales del pueblo de Costa Rica y no según los intereses de un imperialismo u otro.

Costa Rica como frontera de EEUU: amenazas imperialistas, deportaciones y violación de DDHH

En relación con el recibimiento en Costa Rica de personas migrantes deportadas desde EEUU por el gobierno racista de Donald Trump, vale destacar que es un hecho que demuestra la profunda subordinación del gobierno de Rodrigo Chaves al imperialismo gringo, incluso en sus políticas más xenófobas y racistas como las deportaciones masivas e indiscriminadas que está impulsando el gobierno de Trump en EEUU. Pero, al mismo tiempo, este hecho demuestra también que para el gobierno de Trump, Costa Rica es un país externo que puede ser usado como una extensión de la frontera de EEUU cuando así lo deseen y lo requieran, y, en ese sentido, terceriza sus deportaciones en Costa Rica como si el territorio costarricense fuese parte del país norteamericano, así como lo hace en Panamá, El Salvador, Guatemala, entre otros países de la región.

El gobierno de Rodrigo Chaves argumenta que, de no haber aceptado la llegada de personas migrantes deportadas desde EEUU, Trump hubiese impuesto aranceles a los productos exportados a EEUU desde Costa Rica, así que, bajo esa amenaza, el gobierno costarricense habría aceptado hacerse cargo de al menos 200 personas migrantes provenientes de EEUU (principalmente de origen asiático y africano). Pero, si bien sabemos que Trump ha usado el recurso de los aranceles para doblegar a los gobiernos de los distintos países según sus exigencias e intereses, tampoco hay evidencia de que el presidente Rodrigo Chaves haya velado en algún momento por los derechos humanos de las personas migrantes que, de manera indiscriminada, están siendo deportadas sin importar si tienen o no algún record criminal o si tienen una vida ya hecha en ese país, lo cual ha implicado la separación forzada de familias que, de un día para otro, ven cómo sus pares son llevados/as a países extraños sin garantías de su bienestar y sin conocimiento de su paradero.

De hecho, de las personas migrantes que ya han llegado a Costa Rica, hay al menos 50 niños y niñas, así como mujeres embarazadas y personas adultas mayores, las cuales, una vez que llegaron al Aeropuerto Juan Santamaría después de un vuelo de aproximadamente 4 horas, fueron trasladados en autobuses al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) en Corredores de la región Brunca en Costa Rica, un viaje en carretera que puede durar de 6 a 7 horas. Es decir, tales personas, que vienen de ser separadas forzosamente de sus familias, perdiendo empleos, ahorros, propiedades, etc., tuvieron que viajar (contra su voluntad) por al menos 10 horas en un solo día, sin oportunidades para contactarse con sus familiares durante todo ese tiempo.

Y ahora, en países como Costa Rica o Panamá, esas personas migrantes aguardan en campos de concentración (ya sea en un hotel como en Panamá o en un “centro de atención a migrantes” como en Costa Rica) sin poder movilizarse libremente mientras los trámites de las deportaciones a sus países de origen se completan, bajo constante vigilancia policial o militar, lo cual evidencia la militarización del control migratorio que impulsa el gobierno racista de Trump y que gobiernos vasallos como el Costa Rica y el de Panamá replican. Asimismo, existe una preocupación por el futuro de aquellas personas migrantes que no quieran volver a sus países de origen o cuyos países de origen no acepten su regreso.

Por todo lo anterior, la Defensoría de los Habitantes y algunas organizaciones civiles de atención a migrantes han levantado la voz para denunciar la violación de los derechos humanos de las personas migrantes por parte de gobiernos como el de Costa Rica y, por supuesto, del gobierno estadounidense de Donald Trump, que es el maestro de orquesta detrás de las deportaciones masivas y de su tercerización en países subordinados al imperialismo gringo.

Esta política de deportaciones masivas y de tercerización de las deportaciones en países externos debe ser rechazada por la clase trabajadora, sindicatos y movimientos sociales costarricenses en solidaridad con los compañeros y compañeras trabajadoras migrantes en EEUU cuyos derechos están siendo violentados por el gobierno racista de Trump. Asimismo, debemos denunciar la sumisión del gobierno de Rodrigo Chaves al imperialismo gringo en el tema migratorio, exigiendo el rechazo a la tercerización de las deportaciones en Costa Rica y el respeto absoluto de los derechos humanos de las personas migrantes que ya están en territorio costarricense.

Hoy más que nunca, la frase con la que inicia el Manifiesto Comunista: ¡proletarios/as del mundo, únanse!, debe inspirarnos para dar las mayores muestras de solidaridad a la clase trabajadora migrante en EEUU.