El 15 de mayo se aprobó en tercer debate la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo. Todos los partidos, incluido el Frente Amplio, la apoyaron, alineándose con la agenda de seguridad de Rodrigo Chaves.

El peligro real de esta reforma es el término “terrorismo”, un concepto político y jurídicamente vacío que los Estados utilizan para criminalizar la oposición. Desde 2001, EE. UU. y sus aliados lo han usado para justificar guerras, represión y persecución de movimientos revolucionarios. En Costa Rica ya se ha acusado de “terroristas” a bloqueos, protestas ecologistas y tomas de edificios. Con esta ley,  apoyar la causa palestina podría ser considerado “terrorista”, regímenes autoritarios como los de Bukele u Ortega podrían solicitar la entrega de opositores asilados.

El caso de Celso Gamboa –represor de huelgas y movimientos sociales– ha servido de justificación mediática. Entendemos la indignación contra él, pero confiar en la DEA o en tribunales imperialistas es un error estratégico. La justicia estadounidense es racista e imperialista; no es un aliado de la clase trabajadora. El imperialismo nunca ha combatido el narcotráfico, solo lo regula según sus intereses económicos y políticos.

El Frente Amplio, lejos de una postura socialista o antimperialista, ha avalado esta agenda de seguridad. Esta ley no solo es un retroceso en soberanía, sino una amenaza directa a las libertades democráticas y al movimiento popular.

Desde el Partido de la Clase Trabajadora rechazamos la reforma y defendemos la necesidad de un sistema judicial al servicio de la clase trabajadora, con jueces electos y revocables, y tribunales populares capaces de juzgar a represores y narcotraficantes sin someterse al imperialismo.