San José, 9 de abril (Socialismo Hoy) – Mientras que a finales del 2019, la tasa de desempleo del país cerró en un 12,4%, el gobierno proyecta que ante la expansión del Covid-19, el desempleo podría llegar a un 18%, es decir unas 450.000 personas podrían quedar sin trabajo.
La emergencia sanitaria se suma a la situación que ya venían enfrentando miles de hogares en el país, donde un 21% de la población (unos 225.900 hogares), ya se encontraban en condiciones de pobreza, antes de la crisis sanitaria. De ellas, según datos del Estado de la Nación, 93.500 ni siquiera contaban con los ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas alimentarias[1].
Las políticas del gobierno profundizan la pobreza y desigualdad
El pasado 21 de marzo, los diputados aprobaron la ley que autorizó la disminución de la jornada laboral y suspensión de contratos de trabajo. Al día de hoy unas 420 empresas se han acogido a la suspensión de contratos de trabajo y 129 han aplicado la reducción de jornada y salarios.
A esto hay que agregar que más de un millón de personas trabajadoras del país se encuentra en el sector informal de la economía, donde se contabilizan todas aquellas personas que no tiene seguridad social o que laboran de manera independiente, tales como trabajadoras domésticas, trabajadores del sector construcción, dueños de pulperías, mensajeros, entre otros. Ese grueso de la población hoy se ven afectadas por la suspensión de actividades y la emergencia sanitaria.
A pesar de que el gobierno ha anunciado algunas medidas, como lo hizo con el caso de los vendedores de lotería, la ayuda sigue sin llegar. En su momento, la Junta de Protección Social (JPS) indicó que entregaría un subsidio de ¢200 mil por mes a 1.800 vendedores de lotería ante la crisis por el COVID-19, por un periodo de tres meses, a raíz de la suspensión de los sorteos de la lotería. Sin embargo la ayuda anunciada no llegó y muchos de los vendedores de lotería han visto cortados los ingresos que constituyen su única entrada económica.
Medidas expeditas para los empresarios, lentas para la clase trabajadora
Tan solo 5 días después de haberse declarado la emergencia nacional en el país, el Congreso ya había aprobado en segundo debate la ley que permitía la suspensión de contratos y la reducción de jornada laboral, como medida para salvaguardar las ganancias de las grandes empresas. Y no fue sino hasta el pasado 27 de marzo que anunció una serie de medidas para otorgar un subsidio de hasta 200 mil colones mensuales por hogar, a unas 375 mil familias que estiman se verán afectadas por la emergencia nacional y económica ocasionada por la COVID-19.
Sin embargo la única indicación que por el momento se ha girado es que las miles de personas afectadas no deben presentarse a las instituciones para evitar la aglomeraciones. Mientras tanto las centrales telefónicas del IMAS y el MTSS tienen sus líneas telefónicas saturadas de llamadas, donde inclusive el centro de atención de emergencias del 911, se ha visto afectado por la desesperación de las familias que clama por paquetes de alimentos.
El presidente Ejecutivo del IMAS y Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social anunció a la prensa que los subsidios empezarán a entregarse posiblemente a mediados de este mes, pero todavía está pendiente que el presupuesto extraordinario para obtener los recursos sea aprobado por el Congreso.
Aprovechar la pandemia para atacar las condiciones laborales
Siguiendo las recomendaciones hechas por la Unión Costarricense de Cámaras (UCCAEP), que proponen ataques a las condiciones laborales de los trabajadores para que sean estos los que paguen la crisis, el gobierno ha anunciado medidas para no pagar el aumento salarial al sector público, imponer un impuestos a los salarios y no pagar las anualidades durante el 2020, al mismo tiempo que valora la reducción de la jornada y suspensión de contratos para este sector.
Mientras el gobierno quiere recortar unos ¢23 mil millones de anualidades de los trabajadores y anunció que no haría incrementos salariales este año, en el 2019 Hacienda perdonó ¢194 mil millones en amnistías tributarias a las empresas.
Medidas que profundizan la pobreza
Este 8 de abril empezaron a circular los lineamientos del bono Proteger, orientado a aquellas personas que han visto afectados sus ingresos en el marco de la crisis sanitaria. Sin embargo a pesar de que se puso a disposición alguna información inicial, la plataforma sigue sin funcionar y no será hasta el día lunes cuando se espera que se podrá accesar a ella.
En el caso de los trabajadores a quienes se les aplicó la reducción del salario, recibirán por este bono tan solo 62.500 colones, mientras que aquellos que fueron despedidos o se les suspendió el contrato, recibirán solo 125.000 colones. Estos montos ni siquiera llegan a ser la mitad de un salario mínimo, siendo totalmente insuficientes para garantizar las necesidades básicas y cubrir los gastos como compra de alimentos o pagos de alquiler de cualquier familia y son montos muy inferiores a los anunciado inicialmente por el gobierno, que prometía ayudas de entre 100 mil y 200 mil colones.
Para solicitar este bono se requiere un nivel de acceso a tecnologías con las que no cuenta un amplio porcentaje de la población, como tener cuenta bancaria a su nombre o a correo electrónico para conocer de la aceptación o denegación de la ayuda. Pero además, este bono deja desprotegido a la población que está en situación migratoria irregular, que suelen ser parte de la población más explotada en trabajos como la construcción, agricultura o labores domésticas.
[1] Tomado de https://semanariouniversidad.com/pais/hogares-viven-aislamiento-con-gran-desigualdad-advierte-estado-de-la-nacion
