Con el agravamiento de la crisis sanitaria, empeoran también las condiciones de los quienes sufren mayor exclusión social como las mujeres. Los efectos de la pandemia amenazan con hacer retroceder los avances logrados en los últimos 30 años, a quienes ahora son de las más afectadas por la crisis sanitaria y económica.
Desempleo y pobreza siguen golpeando mas fuerte a las mujeres
Al desempleo persistente de los últimos años en Costa Rica, se le suman ahora los efectos de la emergencia del coronavirus. Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC, entre los meses de marzo, abril y mayo, el desempleo alcanzó el 20,1%, donde el nivel más alto de desocupación es en las mujeres, con el 26%. Sin embargo, el panorama es aún más desolador, ya que esta encuesta no incluye a las 46.000 personas que, según datos del Ministerio de Trabajo, tienen contrato laboral suspendido o los 107.000 con reducción de la jornada.
En Latinoamérica alrededor de 126 millones de mujeres forman parte de la fuerza laboral. Una gran parte trabaja en los sectores de servicios como restaurantes, hoteles o turismo que ahora están siendo afectados por las medidas de confinamiento, pero también hay otra importante porción de esta fuerza de trabajo que labora en la informalidad, con una gran inestabilidad, bajos ingresos, falta de protección y derechos.
A este panorama hay que sumarle el hecho de que muchas mujeres tienen a cargo a sus hijos y requieren de la pensión alimenticia para cubrir sus necesidades, sin embargo, con la dinámica de la pandemia, este es un ingreso que muchas han dejado de percibir y los programas sociales como el bono Proteger no tienen contempladas condiciones para atenderlas, lo que lleva a un incremento de la feminización de la pobreza.
El confinamiento expone a todo tipo de violencia a las mujeres
Los recientes femicidios evidencian que no estamos seguras en ninguna parte, y que el Estado no logra garantizar ni siquiera un seguimiento y control ante las denuncias por la desaparición de mujeres.
Pero además de la terrible violencia física y psicológica a la que estamos expuestas, la crisis sanitaria también ha dado paso a una mayor desprotección en nuestra salud sexual y reproductiva. Muchas mujeres han perdido acceso a la atención debido a las restricciones de movimiento, a la reducción de los servicios de salud o han optado por abstenerse de recibir atención como es el caso de las mujeres migrantes ante el temor ser denunciadas.
Según datos de UNFPA, se calcula que producto de las alteraciones en los servicios de salud, en un periodo de 6 meses se podría llegar a que 47 millones de mujeres en países de ingresos bajos y medianos se queden sin anticonceptivos, provocando 7 millones de embarazos no deseados adicionales y el aumento de muertes maternas.
Es necesario un programa que incorpore nuestras demandas
Pasados 5 meses desde que se declaró la emergencia nacional por el COVID-19, siguen sin haber políticas especiales para atender las necesidades de las mujeres. El gobierno optó por crear un Consejo de mujeres, encabezado por Epsy Campbell y Patricia Mora, y conformado en su mayoría por representantes del sector empresarial, mientras ha desatendido las exigencias de los grupos de mujeres y organizaciones gremiales y políticas que siguen demandando que esta crisis no recaiga sobre los sectores más explotados.
Es urgente que ante la crisis sanitaria y económica se incorporen las necesidades de los sectores más oprimidos y en particular a las mujeres. Por eso, junto al programa que hemos venido sosteniendo para controlar la pandemia, es necesario:
- Un rechazo a las medidas de flexibilización laboral. Es necesaria la reducción de la jornada laboral a 6 horas, sin rebajo salarial, para poder dedicar el tiempo que requieren las labores de cuidado y la salud en los hogares.
- Inversión en infraestructura y contratación de personal de apoyo para atender situaciones de violencia, de manera que se amplíe la cantidad de albergues y servicios de atención de las mujeres.
- Organización comunitaria y barrial para el apoyo a mujeres en situación de violencia, para que ningún caso sea asumido con el silencio cómplice de los vecinos.
- Contratación de personal e inversión en los sistemas de salud, para que junto a la atención de la pandemia se pueda seguir brindando la necesaria atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
- Otorgamiento de anticonceptivos gratuitos y de calidad bajo mecanismos de fácil acceso. El derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, adquiere aun mayor relevancia en periodos como este, donde están más expuestas a la violencia sexual por parte de sus parejas. Seguimos exigiendo el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para evitar embarazos no deseados o las consecuencias ante abortos clandestinos en condiciones inseguras.
