El 10 de marzo entró a regir en todo el país la Ley de Empleo Público. Esta ley es la culminación de un proceso impulsado por los partidos políticos de la burguesía, con dos objetivos centrales: 1) Concentrar el poder político y social en las manos del ejecutivo; 2) “ahorrar” dinero, reducir el déficit fiscal a través de la rebaja y el ahorro en los salarios de las personas trabajadoras.
Los sindicatos de las instituciones que tienen autonomías relativas como las universidades y las municipalidades presionaron a sus patronales para que se declarara a todo el personal “exclusivo y excluyente”. Pero esta medida no deja fuera de la ley a estas instituciones, lo único que hace es que cada patronal defina su salario global, fomentando así nuevas divisiones salariales y categoriales entre las personas trabajadoras.
Este fue el paso que ha decidido realizar el CONARE, el 10 de mayo la UCR presentó su propio “salario global transitorio” paso seguido lo hicieron el resto de las universidades. El proceso se realizó sin tomar en cuenta las opiniones de los sindicatos, ni los procesos de negociación colectiva en curso.
La medida es una nueva demostración del compromiso de las rectorías con el plan de la burguesía. Muy a pesar de todos los adornos del CONARE, la aplicación del salario global tendrá como efecto central el congelamiento de salarios para una variada gama de trabajadores, la imposibilidad de mejorar las condiciones salariales vía anualidad o negociación salarial directa y una odiosa división entre trabajadores antiguos y recién contratados. Pero tal vez el daño más importante es que vacía de contenido cualquier posibilidad de negociación colectiva.
La aplicación ha producido debates dentro de la comunidad universitaria, sobre todo por los efectos nocivos de la aplicación. Nuestra opinión es que los sindicatos universitarios tendrían que organizar una lucha por mantener sus condiciones de trabajo a través de la inclusión de todos los beneficios laborales en la Convención Colectiva de Trabajo.
Pero eso es una salida parcial, que mantiene dividida a la clase trabajadora. Luego de una reflexión que contribuya a entender las razones de como llegamos hasta aquí y que ponga las bases de una nueva dirección político sindical, es importante que todas las pequeñas resistencias que surjan de la aplicación de la ley de empleo público sean coordinadas en un plan general de lucha, que prepara las condiciones de una huelga para pedir la eliminación de la ley de empleo público.
