Educación sexual, Salud, y Justicia para todas
Autoras: Amanda Mesén Badilla y Diana Herrero Villarreal
La noticia sobre la niña de 13 años, víctima de violación y madre de una bebé de nueve meses que le fue arrebatada por su presunto agresor sexual mientras trabajaba vendiendo números en la zona de Cartago, ha posicionado una vez más la discusión sobre los embarazos adolescentes, la violencia sexual y la salud reproductiva en la escena nacional.
Este caso desgarrador no es una situación aislada, el embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes es una expresión de los efectos del capitalismo y la violencia machista que tienen graves consecuencias en todas las esferas de la vida.
Los datos son claros: según la OMS en el 2021 el número estimado de niñas víctimas de matrimonios infantiles en el mundo fue de 650 millones; según la CEPAL América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes; según la OMS en el 2020 1 de cada 20 niñas de 15 a 19 años había experimentado relaciones sexuales forzadas durante su vida; según la UNFPA a mortalidad materna en América Latina y el Caribe se ubica entre las tres primeras causas de muerte en las adolescentes entre 15 y 19 años.
No es coincidencia que los países con mayores índices de pobreza tengan los niveles más altos relacionados a los embarazos en niñas y adolescentes. Los efectos de las políticas neoliberales: el desempleo, los recortes a la educación, la falta de financiamiento que garantice la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, etc., han generado un deterioro en las condiciones de vida, reflejado con más intensidad en las mujeres, quienes quedan en una situación de mayor de vulnerabilidad frente al desmedido aumento de la violencia machista y la precariedad de la vida.
Paralelo a esta realidad devastadora, crece y se fortalece la organización de sectores políticos y sociales que pretenden bloquear y revertir el acceso a los derechos que se han alcanzado mediante arduas luchas sociales y cuyo disfrute no alcanza a las poblaciones más explotadas y excluidas.
La protección de las niñas es responsabilidad del conjunto de la sociedad, no un asunto meramente privado. Es central visibilizar la responsabilidad del Estado burgués en este y todos los casos de violencia contra niñas y adolescentes que han sufrido las consecuencias de un estado que no garantiza sus derechos.
La Educación Sexual es esencial: En Argentina, en el 2019 en la Ciudad de Buenos Aires entre el 70% y el 80% de las niñas, niños y adolescentes se dieron cuenta que fueron abusados sexualmente después de sus clases de Educación Sexual. En Costa Rica, se determinó que la implementación de programas de educación sexual contribuyó a reducir el número de embarazos en adolescentes en las últimas décadas.
Lamentablemente, todavía en el 2020, un total de 222 niñas menores de 14 años quedaron embarazadas. Es necesaria la implementación efectiva y con personal preparado de programas de educación sexual integral que informen y protejan a las niñas y adolescentes. Que todas tengamos acceso a servicios públicos de salud sexual y reproductiva de calidad, sin discriminación por ningún tipo de prejuicio (por edad, actividad sexual, nacionalidad, etnia, u otro). Se debe garantizar recursos y el buen funcionamiento de instituciones como el PANI, el INAMU, el IMAS, así como la fiscalización con poder de decisión sobre el funcionamiento de estas, por parte de las comunidades. Es también fundamental seguir luchando por el aborto libre, gratuito y seguro para proteger la salud integral de las mujeres. Las mujeres somos plenamente capaces de decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida y ninguna niña debería ser madre.
Para esto, es necesario revertir la lógica de recortes del Estado, de privatización de los servicios públicos de salud, educación y otros, así como las inmorales alianzas con sectores anti-derechos para lograr su agenda neoliberal, promovida por los gobiernos burgueses de turno, que priorizan las ganancias de las minorías y el pago de una deuda sin transparencia, sobre las necesidades sociales.
El sistema capitalista no es capaz de eliminar la pobreza, que hace especialmente vulnerables a las niñas a experiencias atroces como esta. Debemos organizarnos como clase trabajadora, para defender a nuestras niñeces de todo tipo de violencia, desde la lucha en todos los frentes por la emancipación de todas las personas de todas las formas de opresión, potenciadas por el barbárico sistema capitalista.
Exigimos que el Estado garantice la aparición con vida de la bebé como prioridad absoluta y un operativo institucional para que se garanticen las condiciones para que la adolescente madre tenga acceso a salud física y psicológica, así como a justicia. Llenemos de solidaridad, empatía y acompañamiento a esta niña y su bebé, y luchemos para que nunca más se repita un caso de tal violencia estructural como este.