Juventud

Las pruebas FARO: más exclusión social en medio de crisis educativa

Por: Juventud del PT

Se aproximan las pruebas FARO, donde miles de estudiantes a lo largo y ancho del país se tendrán que enfrentar a una serie de exámenes que, siendo el 40% de la nota requerida para pasar un curso, determinan si pasan o no de grado. Estas pruebas estandarizadas no toman en cuenta las brechas educativas existentes en el país, las dificultades educativas impuestas por la pandemia y la educación a distancia.

En Costa Rica existen enormes brechas en cuanto a la calidad educativa que reciben estudiantes en diversas zonas del país: no es lo mismo ser un estudiante en un colegio privado que en uno público, o en un colegio en la GAM que en otras zonas del país. Esta brecha, existente antes de la pandemia, se ha ensanchado aún más con el advenimiento de esta.

La revuelta del movimiento estudiantil secundario del 2019 y las pruebas FARO

Las pruebas FARO ya han sido objeto de críticas y resistencias por parte de la población estudiantil secundaria en el pasado reciente. En el 2019, mediante una revuelta estudiantil colegial, el jerarca del Ministerio de Educación Pública de entonces (Edgar Mora) tuvo que renunciar – siendo esta la primera renuncia de un jerarca del Estado por presión popular desde hacía más de 10 años. En esa revuelta, una de las principales consignas fue la eliminación de las pruebas FARO, que ya era acusada de injusta por evaluar “con la misma vara” a quiénes han recibido servicios educativos de calidad muy desigual. Otra consigna fue la de aumentar la inversión en infraestructura educativa (y en otros rubros) principalmente en las zonas rurales del país y en los barrios urbanos marginales de las ciudades.

Si bien al desenlace de la revuelta las pruebas FARO no se eliminaron y la inversión pública educativa fue disminuida (manteniéndose y acentuándose esta tendencia en los próximos años, como consecuencia de la regla fiscal), quedó claro el mensaje de que en la población estudiantil de la educación secundaria costarricense la oposición a las pruebas estandarizadas es mayoritaria.

Más allá de las reacciones de ciertos sectores políticos y educativos en contra de esta actitud crítica estudiantil frente a las pruebas FARO (que hacen gala de su desconocimiento sobre las desigualdades en la educación costarricense así como de su elitismo y adultocentrismo), la revuelta del movimiento estudiantil secundario del 2019 es una muestra del profundo rechazo entre estudiantes de los sectores populares a un sistema de pruebas que castiga a los desfavorecidos y premia a los privilegiados.

Contra las pruebas estandarizadas, por mejoras al sistema educativo

La pandemia por el COVID-19 ha impactado profundamente la vida social en todos los países, sin que Costa Rica haya escapado de ese trágico destino. Uno de los ámbitos de la vida social que ha sido más afectado a nivel mundial ha sido la educación pública, principalmente por el cierre de las instalaciones físicas, la interrupción de los ciclos lectivos y las dificultades en el tránsito de una educación presencial a una a distancia.

El impacto de estas desigualdades hace de las pruebas estandarizadas, un mecanismo de exclusión social en detrimento de los sectores más desfavorecidos de la población estudiantil. Este panorama augura un final trágico para muchas niñas, niños y adolescentes que, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse en la educación formal durante la pandemia, podrían estancarse en el avance de su educación por la aplicación de unas pruebas que no reconocen las desigualdades existentes en la calidad de la educación.

En medio de una crisis educativa sin precedentes, las pruebas FARO se aplicarán no únicamente para graduarse de secundaria sino también para graduarse de primaria. Este sistema estandarizado de pruebas está diseñado de tal manera que su efecto es contrario al objetivo de universalizar y garantizar la permanencia en el sistema educativo de las personas estudiantes.

Es por eso que, en este contexto, se hace necesario impulsar acciones para que la universalidad, la permanencia y la graduación sean realidades más accesibles al grueso de la población que asiste a la Educación Pública (que provienen principalmente de la clase trabajadora y los sectores populares). Esas acciones incluyen no sólo el cuestionamiento y eventual eliminación de las pruebas estandarizadas, sino también aumentar la inversión educativa en mejor infraestructura y mejores condiciones laborales para las personas que sostienen los servicios educativos públicos (personal administrativo y docente).

Solamente de esa manera se pueden dar pasos hacia un sistema educativo nacional más justo y acorde con las necesidades del pueblo trabajador.