Campesino Movimiento

Los Chiles: Fiscalía busca criminalizar a más de 50 personas por lucha campesina

Desde mediados de 2019 unos 7 procesos de lucha campesina se han desarrollado en el cantón de Los Chiles, procesos que han movilizado a centenares de familias sin tierra que buscan un lugar donde vivir y trabajar en medio de la enorme crisis económica que vive el país.

En los procesos desarrollados en comunidades como El Parque, Las Nubes, Cristo Rey y Monte Alegre, las ocupaciones se dan en terrenos pertenecientes al Bancos Estatales o terratenientes extranjeros, que en la mayoría de ocasiones se han mantenido sin producir por varios años.

Como parte de esos procesos las coordinaciones campesinas construyeron la Alianza Campesina del Norte a finales del año anterior, como un espacio de coordinación de las denuncias y exigencias del movimiento, que moviliza a más de 800 familias y se distribuye por varios miles de hectáreas de terreno ocupado.

La respuesta del gobierno ha sido la represión

Desgraciadamente el gobierno de Carlos Alvarado lejos de buscar solucionar el creciente problema de la tenencia de la tierra en el Cantón de Los Chiles, se ha puesto en la primera línea de la defensa de los intereses de los grandes poseedores de tierra, en los últimos dos años instituciones como el INDER y el Ministerio de Vivienda no han sido quienes visitan las ocupaciones de tierra, sino más bien centenares de antimotines y agentes de la DIS que buscan reprimir a quienes se  han atrevido a reclamar una vida mejor.

Por si eso fuera poco, las cámaras de ganaderos y piñeros la Municipalidad han presionado a la Fiscalía de Los Chiles para que persiga a las y los sin tierra, lo que en este momento tiene a una enorme cantidad de personas siendo procesadas e investigadas de diversos delitos como usurpación, amenazas, estafa procesal e instigación, ese último delito con especial saña hacia las personas líderes del proceso.

En este momento existen por lo menos 55 personas que están perseguidas, donde llama la atención la saña particular con la fiscalía busca criminalizar a varias de las mujeres que han cumplido papeles protagónicos en el movimiento por tierra.

Lejos de ser procesos de robo de tierras como lo buscan pintar los fiscales y abogados de los terratenientes, son luchas dirigidas a que el gobierno por medio del INDER y sus herramientas legales, compre o expropie esos terrenos y los distribuya entre las familias necesitadas, ya que la acumulación de tierra por parte de los grandes empresarios del agronegocio, los bancos e inversionistas extranjeros ha provocado una situación insostenible para quienes viven en esa región del país.

Urge que el movimiento popular ponga los ojos en el norte y llene de solidaridad a quienes son perseguidos por luchar

En este último gobierno del PAC la lucha popular ha sido particularmente intensa y la respuesta del gobierno ha sido bastante más represiva que en el pasado, en los últimos años de lucha como las jornadas contra el plan fiscal, la defensa de las universidades o los enfrentamientos callejeros contra los acuerdos con el FMI, dejaron un saldo de centenares de trabajadores, campesinos y estudiantes procesados penalmente, esa dinámica no se ha detenido y más bien avanza.

En esta ocasión la militancia del Partido de los Trabajadores hace un llamado a todas las personas luchadoras del movimiento social, así como a las organizaciones del movimiento popular, a llenar de solidaridad a las personas que hoy están siendo perseguidas en Los Chiles por luchar por tierra y vivienda.

Desgraciadamente en los próximos meses, decenas de personas serán acusadas en la fiscalía de Los Chiles por participar de una forma u otra en los procesos de ocupación de fincas de los últimos años, y la respuesta de todas las personas luchadoras del país debe ser de repudio total y movilización para evitar que sean castigadas por una lucha justa como lo es la lucha por tierra para vivir y trabajar dignamente.

Pero además de la defensa de quienes están siendo perseguidos, urge construir un movimiento de exigencia al gobierno para que atienda y destine recursos para gargarizar el derecho a tierra y vivienda de quienes hoy están en pie de lucha en la zona norte y en otros sectores del país.