El diálogo multisectorial concluyó el 23 de noviembre con 58 propuestas entre los diferentes sectores que acudieron al llamado del gobierno. Antes de entrar a discutir las propuestas propuestas en este espacio, hay que comentar acerca de las circunstancias en que se dio este “diálogo”: los bloqueos del pueblo trabajador en todo el país contra el préstamo al FMI para supuestamente mejorar la situación del país, marcada por la pandemia y la crisis económica que se viene arrastrando durante varios años por el déficit fiscal.
Los bloqueos demostraron una enorme combatividad y metieron aún mas en crisis al gobierno, que reprimió y encarceló a cientos de dirigentes, activistas e incluso miembros de prensa alternativa como Stella Chinchilla. Había una urgencia para desmontar este histórico proceso de lucha y el gobierno optó por la trampa del diálogo multisectorial.
Más propuestas para que sean los trabajadores quienes paguen por la crisis
En el caso el diálogo multisectorial, las propuestas se dividen en diferentes ejes, los cuales se irán viendo uno por uno. Debido a la gran cantidad de iniciativas tomadas, no se podrá analizar en detalle, pero sí analizar de manera general y explicar a qué intereses de clase respondida y qué podemos esperar desde los sectores populares en caso de aprobarse.
Sobre reactivación económica, empleo decente y combate a la pobreza: Sobre este punto se formularon catorce propuestas. Predominar las solicitudes al Poder Ejecutivo sobre simplificación de trámites, entre ellos reducción de costos de tarifas eléctricas y “mayor eficacia y transparencia en la gestión de programas e inversión social” [1] .
Esto significa más de lo mismo: la llamada simplificación de trámites implica eliminar controles al gran capital y dejarlos que sigan recibiendo privilegios por los diferentes gobiernos, entre esos privilegios es que paguen todavía menos por la electricidad. Esa reducción del costo para los ricos lo termina pagando el pueblo con aumentazos en los servicios. Sobre el tema de la eficiencia en programas sociales es la forma bonita de decir que se avecinan más recortes en becas como avancemos o los programas sociales del IMAS;
Sobre propuestas fiscales de alto consenso: se generaron 9 propuestas encaminadas principalmente en mejorar la eficiencia en los procedimientos fiscales y de control, con iniciativas como Hacienda Digital o canales de comunicación ágiles y efectivos entre Aduanas y Tributación. Además, emerge una idea que llama la atención que tiene que ver con recomendar a la Asamblea Legislativa “priorizar la reducción de la deuda política en al menos un 40%”.
De palabra se dice “Aplicar de manera irrestricta la normativa y el combate a la evasión y elusión fiscal”, pero nunca se habla de los mecanismos para hacerlo, es decir, no se habla de derogar las leyes ni los mecanismos para que esto se dé. Ninguna de estas son propuestas fiscales de impacto, que de verdad reduzcan uno de los puntos causantes de la crisis fiscal: la evasión y la elusión fiscal por parte de los grandes empresarios. Mientras no se combatan los mecanismos legales para no pagar impuestos (por eso en este diálogo no se habló de los Panama Papers), se pueden tener los sistemas tecnológicos de control más eficientes del mundo, pero el tema de fondo no se va a solucionar.
Sobre gestión de la deuda pública: de las 11 propuestas la línea va en el sentido similar de mejorar los mecanismos dentro del Estado para reducir, por ejemplo, la brecha de morosidad. También se menciona “transparentar integralmente la gestión de la deuda” o “diversificar los instrumentos de financiamiento (posibilidad de emitir bonos verdes)”. Todas son propuestas para no encarar el problema de fondo que para nosotros tiene que ver con la necesidad de suspender los pagos de una deuda que desangra las finanzas públicas.
Entre las restantes 24 propuestas se manejan algunas que en teoría podrían ser progresivas, como “presentar un proyecto de ley que prohíba la actividad económica de personas funcionarias públicas en paraísos fiscales” o implementar un sistema de “Renta global” para 2023, pero en el fondo se continúan los ataques contra los presupuestos públicos y al Estado en general: se da un impuesto a los premios de lotería, el cierre de CONAPE o “ajustes presupuestarios por ¢170 mil millones por debajo de la regla fiscal para el 20200 sin tocar gasto de capital. Esto se suma a la reducción en el 2021 de 7.5% respecto al gasto primario del 2020”. De ese 1,4% del PIB que se quiere reducir con estas medidas, casi todo 1,18% pertenece a más ataques al ya debilitado aspecto de presupuesto, venta de instituciones del estado y a la planilla pública.
Estas medidas llegarán a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo, que ya anunció que acudirá sí o sí al Fondo Monetario Internacional. El escenario posible de estas 58 propuestas del diálogo multisectorial es que se avance en las propuestas que impliquen seguir beneficiando al gran empresariado, por ello Carlos Alvarado sigue diciendo que no va a tocar a los sectores productivos. Además, se impulsarán aquellas medidas que promueven ataques al Estado, que son la mayoría, y que, como ha sucedido siempre, aquellas iniciativas que apuntan, aunque sea tímidamente a la evasión fiscal o incluso a fortalecer las Pymes caigan en el olvido.
Con el diálogo multisectorial se está cumpliendo el plan de los sectores patronales y los partidos que los apoyan: desmontar la lucha con la complicidad de las dirigencias y en el marco de la salida “democrática” del diálogo, imponer su agenda. Tocará a los sectores populares de base discutir una respuesta que implique retomar las calles.
[1] https://semanariouniversidad.com/pais/dialogo-multisectorial-termina-con-58-propuestas-aprobadas-por-plenaria/
