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Migración en Costa Rica: ante la miseria y precariedad, defendamos políticas dignificadoras

Costa Rica está atravesando una coyuntura migratoria dramática: es escenario del estancamiento en el tránsito de migrantes de Venezuela y de otros lugares que ingresan al país desde Panamá con la intención de cruzar hacia Nicaragua y continuar su camino hacia Norteamérica.

Estos estancamientos han estado relacionados con la política de cierre y/o mercantilización de las fronteras del gobierno de Nicaragua. Actualmente, muchos de los grupos migrantes que desean seguir su ruta hacia el norte del continente, se ven forzados a mantener un tiempo de espera en Costa Rica para cruzar a Nicaragua, (sea cual sea su edad, género, etc.) a pagar un monto determinado de dólares como “peaje” (aprox. 150$) en el puesto fronterizo de Los Chiles-Tablillas, único puesto habilitado por las autoridades nicaragüenses.

En Costa Rica, la situación en que se encuentran estos grupos es de gran miseria y precariedad. Los vemos en las avenidas de las ciudades pidiendo cualquier tipo de ayuda, improvisando campamentos en aceras o calles, haciendo ventas callejeras, o cuidando (en caso de madres o padres) a sus hijos e hijas menores de edad. De esta manera, lo que topan después de cruzar la densa selva del Darién (lo cual les deja enfermedades, fatiga extrema, pérdidas materiales y/o humanas entre otras marcas) es “recuperarse” en el frío del concreto de las calles y subsistir a partir de la corta solidaridad de quiénes llegan a topárselos.

La falta de atención a estos grupos por parte del Estado es una herencia de la política migratoria de Carlos Alvarado, en cuyo gobierno se desmanteló el sistema de atención a personas migrantes que se había establecido durante el gobierno de Luis Guillermo Solís. Recientemente, el presidente Rodrigo Chaves anunció cambios drásticos en esta área, sin entrar en mucho detalle aparte de la afirmación de que esos cambios dependerán la ayuda internacional que se obtenga.

En esta coyuntura, debemos defender una salida en la que sí o sí se brinde una atención humanitaria a estos grupos que garantice el respeto de todos sus derechos y brinde condiciones dignificantes en todas las dimensiones: transporte, hospedaje, alimentación, salud, etc. Esta política no puede depender de la ayuda internacional; el financiamiento para esta política puede encontrarse si se deja de pagar la deuda pública ilegítima, si se les cobran a los ricos impuestos y si se recuperan sectores estratégicos de la economía del país (como alojamiento, alimentación y transporte). Lo que hace falta es priorizar la vida humana digna (en este caso de migrantes) frente a los intereses egoístas del gran capital.