Costa Rica se ha convertido en un punto clave dentro del flujo migratorio de Latinoamérica. Aunque históricamente ha sido un país de destino para personas migrantes, principalmente de Nicaragua, en los últimos años ha experimentado un aumento significativo en las solicitudes de refugio y tránsito migratorio. Entre 2018 y julio de 2024, más de 236.000 personas nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica (DGME), huyendo de la represión política del régimen de Ortega-Murillo. A esta cifra se suman solicitudes de personas provenientes de Venezuela, Cuba, Colombia, Haití y países africanos, que ven a Costa Rica como una alternativa de asentamiento ante las políticas migratoria de Trump que cierra las posibilidades de estancia en el norte de América.

En el país, para mediados del 2024 había 628 mil personas migrantes, de las cuales el 49,4% son mujeres, y se recibió más de 300.000 solicitudes de refugio en los últimos seis años, posicionándose como el cuarto país con más personas solicitantes en América Latina (ACNUR). Este flujo migratorio está compuesto mayoritariamente por personas que escapan de contextos de violencia estructural, desigualdad, pobreza y persecución política. Además se registras 29, 493 personas refugiadas y migrantes venezolanas para finales del 2024, quienes han tenido que migrar por las condiciones políticas y económicas de su país y quienes tienen como objetivo llegar a EEUU, pero por los cierres de frontera o las situaciones de la misma ruta migratoria, muchas personas deciden quedarse en Costa Rica.

En ese contexto, las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ enfrentan una realidad particularmente alarmante: múltiples formas de violencia a lo largo del trayecto migratorio, en sus países de origen, en la ruta y en muchos casos en el país de acogida.

Violencias en los países de origen

Muchas mujeres migran huyendo de contextos donde la violencia de género es generalizada. Un informe de Support Kind (2018) sobre el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) muestra que las pandillas y grupos narcotraficantes utilizan la violencia sexual y el control sobre los cuerpos de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ como formas de dominación territorial y castigo si su familia o pareja no cumplen sus demandas. La impunidad es alarmante donde menos del 10% de los casos de violencia sexual resultan en condenas judiciales. Pero esta realidad también la viven muchas mujeres de Colombia y Venezuela que huyen ante la persecución del ejército y del crimen organizado, así como también de la violencia domestica donde en sus países no tienen protección.

En Nicaragua, las razones de migración están marcadas por la persecución estatal. Desde 2018, miles de mujeres activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos han sido reprimidas, encarceladas o forzadas al exilio. Un alto índice de personas solicitantes de refugio son mujeres que participaron en manifestaciones o denunciaron violaciones a los derechos humanos. Sin dejar de lado las mujeres que continúan migrando por violencia de género y las nulas oportunidades económicas en Nicaragua.

Violencias en la ruta: la selva del Darién

Para quienes migran desde Sudamérica, uno de los tramos más peligrosos es el cruce del Tapón del Darién, una jungla que separa Colombia de Panamá. En este corredor sin presencia estatal, dominado por el crimen organizado y redes de trata, las violencias contra mujeres y personas LGBTIQ+ se agravan.

En solo dos meses, una de cada cinco mujeres que fueron entrevistadas para un informe denunció haber sido víctima de violencia sexual durante el cruce del Darién. Además, el 52% de las mujeres conocía a alguien que también había sido violentada, y al menos 17 mujeres fueron presionadas para tener relaciones sexuales a cambio de protección o asistencia (OACNUDH, 2024).

Muchas mujeres toman decisiones extremas, como acceder a violencia sexual para proteger a sus hijos e hijas, o que son atacadas sexualmente frente a sus familiares. También se identificaron altos índices de desapariciones forzadas, explotación sexual y embarazos producto de violaciones, todo esto sin acceso a servicios médicos ni instituciones que puedan ofrecer protección.

Violencias en el país de acogida

Aunque Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su apertura a personas refugiadas, las violencias no terminan al cruzar la frontera. Las personas migrantes enfrentan xenofobia, discriminación y múltiples barreras para acceder a derechos básicos como salud, educación, empleo y vivienda.

Las mujeres migrantes, que representan aproximadamente el 49,4% de la población migrante en Costa Rica, son especialmente vulnerables. Muchas de ellas enfrentan violencia doméstica, acoso sexual, explotación laboral o sexual, y trata de personas. Al no contar con redes de apoyo ni con información sobre los mecanismos de denuncia, muchas optan por el silencio por temor a represalias o deportación (UNFPA, 2022). El mismo sistema les empuja a la precarización laboral, con políticas migratorias que dificultan aún más su inserción, especialmente a las personas solicitantes de refugio.

Muchas mujeres migrantes asumen solas el cuidado de sus hijos e hijas, lo que limita su inserción laboral y profundiza su situación de pobreza. Además, mujeres trans y personas LGBTIQ+ enfrentan discriminación sistemática, violencia policial y barreras de acceso al sistema de salud.

Una violencia estructural y sistemática

La violencia contra las mujeres migrantes no es únicamente responsabilidad de los gobiernos de sus países de origen, tránsito o destino. Es una expresión del sistema capitalista y opresor que relega a las mujeres y población LGBTTI — en particular a las más pobres y racializadas— a condiciones de explotación, exclusión y vulnerabilidad. Un sistema que utiliza la xenofobia y el machismo para explotar a un más a las mujeres migrantes, sin garantizar condiciones dignas para vivir.

Las personas lejos de ser una «carga» para la economía costarricense, la clase trabajadora migrante y refugiada contribuye en el 9,3% y el 12% del PIB en sectores como construcción, agricultura, el comercio y el servicio doméstico (IMF, 2023), estos datos reflejan el aporte significativo que brindan las personas migrantes a la economía del país.

Independientemente de este aporte, es necesario establecer una amnistía para las personas migrantes que busque la regularización inmediata, derecho al voto en el país, participación igualitaria en las organizaciones económicas y sociales de la clase trabajadora y todos los derechos plenos que le permitan tener una vida digna y libre de violencia.  

Hay que combatir como clase trabajadora la xenofobia y el machismo, entendiendo que la clase obrera es una sola y que las opresiones de género y migrante es funcional al capitalismo para explotarnos más y no organizarnos como clase.

Las personas migrantes, especialmente aquellas que huyen de la violencia, la persecución y las condiciones extremas de pobreza en sus países de origen, no deben ser penalizadas por buscar una vida mejor, más segura y digna. En un sistema capitalista que promueve la desigualdad y la explotación, las fronteras se erigen como barreras artificiales para dividir y fragmentar a la clase trabajadora global. La amnistía es una medida necesaria para romper esas barreras y reconocer a las personas migrantes como parte integral de la clase obrera, que lucha por condiciones de vida y trabajo dignas.