Los distintos gobiernos burgueses siguen endeudando al país ante los organismos financieros internacionales. Por si esto fuera poco, siguen otorgando millonarios contratos a empresas privadas que no terminan las obras públicas e irrespetan los derechos laborales.
Esto ocurrió último ocurrió con la compañía MAVACOM, que no finalizó infraestructura para el Ministerio de Justicia y Paz con dinero prestado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esa misma empresa violó derechos laborales, como el pago de horas extra, o garantizar el seguro social para trabajadores. De ahí que se diera una protesta el jueves donde, como Partido de los Trabajadores, nos hicimos presente.
Con base en esta lucha y en otros escándalos similares (Trocha fronteriza, la platina) queremos plantear la exigencia al gobierno de acabar con la Ley de Concesión y la necesidad de tener obra pública 100% municipal.
El endeudamiento es la excusa que utilizan los gobiernos de turno para entregarle la construcción de obras públicas (carreteras, edificios estatales, entre otros) a empresas privadas. Dicen que por tener que entregar cerca de 10 billones al año para pagar la deuda, el Estado no tiene dinero para invertir en obra pública, y que por eso creó la Ley de Concesión de Obra Pública.
Para nosotros este mecanismo es el que permite la corrupción y la falta de control sobre las empresas, que al final hace que muchas obras nunca se terminen, como el caso de MAVACOM.
Esto tiene que acabar ya, y por eso exigimos al gobierno de Luis Guillermo Solís tres puntos: Derogar la Ley de Concesión de Obra Pública, invertir en el MOPT para que asuma toda la construcción de obra pública, y suspender el pago de la deuda.
Para acabar con la corrupción y el despilfarro hay que traerse abajo la Ley de Concesión, que beneficia enormemente a las empresas constructoras que no concluyen las obras, nos dejan infraestructura de mala calidad e irrespetan los derechos de los trabajadores. Todos estos abusos se dan porque existe la Ley de Concesión, que han apoyado tanto los gobiernos de Liberación Nacional, PUSC y ahora el PAC.
En su lugar, planteamos que se fortalezca el MOPT a nivel presupuestario para que sea el Estado el que se haga cargo de toda la obra pública para acabar con la corrupción, así como tener obras y empleos de calidad. Para que la infraestructura esté en función de las necesidades del pueblo, proponemos que los sindicatos y los comités de usuarios fiscalicen la calidad de las obras y ejerza un fuerte control sobre el dinero que se invierte.
¿De dónde se va a sacar dinero para tener obra pública 100% municipal? Pues la solución es exigir al gobierno la suspensión del pago de la deuda a los organismos internacionales. Así podríamos contar con dinero de sobra para tener carreteras, guarderías o parques sin tener que darle un solo cinco a empresas corruptas. Habría dinero para que los trabajadores del MOPT tengan empleos con todos los derechos de ley, además de abrir las plazas que sean necesarias para desarrollar dichas obras públicas.
Para lograr esto es necesaria la lucha en las calles, porque ya se ha demostrado que este gobierno está al servicio de los intereses empresariales. Llamamos al partido Frente Amplio a revivir esta propuesta y organizar la movilización en torno a estas demandas.
