En los últimos meses hemos visto cómo el estado revive procesos de persecución contra los activistas sociales. Por un lado la fiscalía ha citado para iniciar su proceso judicial a los detenidos en las manifestaciones del 8 de noviembre del 2012; y por otra parte, ha concluido el juicio contra los detenidos en la manifestación de Limón del 2010.
Por su envergadura, el juicio contra los detenidos del 210 ha sido el mayor intento de criminalización de la lucha social que el país ha visto en décadas. En este, se pretendía encarcelar a 24 personas detenidas mientras protestaban contra la privatización de los mulles y contra la Ley de Empleo Público.
El resultado de este juicio es un triunfo del movimiento social, pues echó para atrás ese intento de criminalización de la protesta. Sin embargo, fue un triunfo parcial, pues la compañera Paula Briones sí fue condenada y por ella debemos seguir luchando.
Debemos alertar al movimiento social sobre estos intentos de represión. Por eso llamamos al movimiento social y sindical a unirse a una campaña de solidaridad con Briones y a acompañar el proceso contra los detenidos de la manifestación en defensa de la CCSS del 8 de noviembre 2012.
Es evidente que el gobierno busca ahogar a las protestas, asustar a quienes luchan y acallar sus voces, especialmente a los sectores más combativos; con el fin de que abandonemos las calles y disminuyan las movilizaciones.
La defensa de Briones apeló la sentencia, por lo que debemos exigir su absolución. Pero de igual manera, debemos exigirle a Luis Guillermo Solís que firme un indulto liberando a la compañera de toda condena.
La lucha social no es un crimen, y es nuestro deber como movimiento social defender el derecho a protestar.