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¡Abajo la Ley 18.968! Protejamos la pesca artesanal y nuestros mares

El pasado 20 de marzo la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley 18.968. Este proyecto busca permitir nuevamente la pesca camaronera de arrastre en la costa del Pacífico.

La pesca de arrastre consiste en tirar una gran red y arrastrarla por el fondo marino. Es muy común que durante el proceso peces, tortugas y otras especies se vean accidentalmente atrapadas en la red y mueren. Este fenómeno se llama “pesca incidental”. Es por esta razón que en el 2013 la Sala Constitucional prohibió la pesca de arrastre, al considerar que el daño ambiental y la pérdida de vida marina es demasiado grande.

La Sala Cuarta prohibió al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) renovar o dar nuevas licencias a los camaroneros a menos que se implementaran nuevas técnicas para hacer la pesca de camarón una actividad sostenible.

En noviembre del año pasado el gobierno e Incopesca presentaron 24 medidas que supuestamente mejorarían la regulación de la actividad y disminuirían el impacto. Para los expertos de la fundación no gubernamental Mar Viva y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la UCR estas medidas no son suficientes y no cumplen con los requisitos de la Sala Cuarta.

Pescadores artesanales son los más afectados

Además del gran daño ambiental, los más afectados por la pesca de arrastre (o semi industrial) son los pescadores artesanales. De lo que pescan los grandes barcos camaroneros, aproximadamente el 70% no son camarones. La mayoría de esos otros animales son peces pequeños que normalmente hubieran sido capturados por pescadores artesanales.

El gobierno argumenta que la pesca de arrastre es necesaria porque de ella dependen 3.750 personas en la costa Pacífica.

Pero para dar un trabajo que si acaso garantiza las condiciones mínimas de vida, se está enfrentando a científicos, ambientalistas y pescadores artesanales. Desde el Partido de los Trabajadores rechazamos categóricamente la aprobación de esta ley y nos sumamos al llamado de las organizaciones comunales y ambientalistas a organizar la lucha y proteger nuestros mares y los derechos de los pescadores artesanales.